PUEBLO MAPUCHE

Comunidad mapuche logra retiro de planta chancadora en río Cautín

La Corte Suprema falló a favor del recurso de protección que presentaron comunidades mapuches en Temuco para detener la instalación de una planta chancadora en terrenos aledaños al río Cautín.

Rosa Alfaro

Trabajadora de la salud, Pan y Rosas Teresa Flores

Domingo 30 de diciembre de 2018

Distintas comunidades mapuches aledañas al río Cautín interpusieron un recurso de protección contra la empresa Aridos Rengalil Limitada, recurso que tenía como finalidad desmontar la planta chancadora de áridos que se instaló en la zona.

Si bien en primera instancia el recurso no fue acogido por la Corte de Apelaciones, fue en la Corte Suprema donde se falló a favor de las comunidades ordenando el retiro de la chancadora, esto en el marco de la crisis que se le abrió al Gobierno y a Carabineros tras el asesinato del comunero mapuche Camilo Catrillanca en manos del comando jungla.

Las comunidades mapuches han estado a lo largo de la historia en constantes disputas por las tierras ancestrales que en la dictadura de Pinochet les fueron quitadas y entregadas a manos de privados como el grupo Matte y Angelini quienes controlan el 70% del negocio forestal, generando millonarias ganancias a este sector que se dedica a la explotación forestal en el sur del país. El Estado terminó por “promover” la destrucción del bosque nativo por plantaciones pino y eucaliptus rentables para el negocio forestal.

Ante este escenario las diferentes comunidades mapuches han tomado en sus manos la lucha por la recuperación de las tierras desplegando métodos que cuestionan la propiedad privada capitalista tomando tierras o sabotajes a maquinarias de las empresas forestales. Frente a este panorama, tanto el Estado como los distintos gobiernos de turno se han dedicado a militarizar la zona buscando reprimir a quienes se manifiesten contra el saqueo descontrolado de las tierras.

Para terminar con el negocio forestal y la explotación de la tierra, hay que arrebatar las hectáreas que entregó la dictadura a los empresarios forestales, mediante la nacionalización de las empresas bajo gestión de los trabajadores y las comunidades aledañas ya que son ellas quienes saben las reales necesidades que tienen las comunidades, no un grupo de empresarios que solo velan por sus intereses.






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