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Red Internacional

Política. Convencionales de la Comisión de Sistema Político ceden nuevamente a la presión del establishment por atribuciones de nueva Cámara Alta

Este lunes se conoció el último acuerdo de la Comisión de Sistema Político de la Convención Constitucional que le dio nuevas atribuciones a la Cámara de las Regiones. Hace ya varias semanas que el punto clave de toda la negociación se centraba en ese punto. Frente a la eliminación del Senado, se sintió una fuerte presión de los poderes reales y los partidos de los 30 años. El objetivo era traspasar la mayor cantidad de funciones a la nueva Cámara Alta para que se parezca lo más posible al Senado.

Miércoles 27 de abril | 11:52

Uno de los gallitos centrales que se vive en la Convención Constitucional tiene que ver con la arquitectura del régimen político y, en particular, con el poder legislativo y la sustitución del Senado. La presión por parte de los poderes reales ha estado dirigida a traspasar la mayor cantidad de atribuciones a la nueva Cámara Alta para que se parezca lo más posible al Senado. Y los convencionales semana a semana han ido cediendo frente a la presión. Veamos.

El primer informe de la comisión de Sistema Política creaba un Congreso Plurinacional y un Consejo Territorial. Los senadores, los partidos de los treinta años y los poderes reales pusieron el grito en el cielo. Ante esto, se entregaron más atribuciones al órgano que reemplazaría el Senado, que ahora se llamaría Cámara de las Regiones (y la cámara baja se llamaría Congreso de Diputadas y Diputados). Se firmó un acuerdo entre todos las bancadas, desde el Partido Socialista, el Partido Comunista, Frente Amplio, Movimientos Sociales Constituyentes de Alondra Carrillo, entre otros. Todos firmaron salvo la derecha y el grupo de Fuad Chahín.

Sin embargo, la campaña del establishment contra la “eliminación” del Senado recién comenzaba. Los senadores socialistas, partiendo por Álvaro Elizalde, fueron uno de los más insistentes en este punto. Incluso amenazaron al gobierno de Boric que si no intervenía, no habría mayoría parlamentaria en la Cámara Alta. Así, lograron hacer retroceder a sus convencionales del Colectivo Socialista y de Independientes No Neutrales: pese a existir un acuerdo previo, la mayoría del articulado fue rechazado en el pleno de la Convención, abriéndose una válvula de escape para que los representantes del viejo régimen pudieran intervenir. Así, se se abrió una nueva ronda de negociaciones.

Este lunes se entregó una nueva propuesta de articulado. En el acuerdo concurrió el Partido Socialista, Partido Comunista, Frente Amplio, Movimientos Sociales Constituyentes, Independientes no Neutrales y escaños reservados. Con este nuevo acuerdo, la nueva Cámara Alta podrá participar plenamente de la tramitación de leyes.

Como lo resumió el convencional socialista Maximiliano Hurtado en El Mostrador, la Cámara de las Regiones tendrá "la facultad de solicitar por mayoría de sus miembros la posibilidad de conocer cualquier proyecto de ley que haya resultado aprobado por la Cámara de Diputadas y Diputados, revisión donde podrá hacer enmiendas que podrán ser aprobadas o desechadas". Asimismo, agregó que, en cuanto a "las leyes de acuerdo regional, es decir, aquellas en que obligatoriamente deben participar ambas cámaras, ha tenido una mejora sustancial en sus competencias. La novedad es que no solo se limitan a aquellas que tengan impacto regional, sino que hubo una apertura" respecto a derechos sociales, y a todo aquello que implique gasto del Estado y que se ejecute en las entidades territoriales.

La inclusión de estas materias como obligatorias de conocer por la Cámara Alta fue uno de los caballitos de batalla de los socialistas. El Partido Comunista y el Frente Amplio terminaron cediendo. El convencional comunista Marcos Barraza lo planteaba al sostener que “es evidente que no todas las normas que se consolidan son de nuestra valoración pleno, pero para que hubiese sistema, concurrimos al acuerdo”. Así es como opera la lógica de los dos tercios y cómo ha sido una herramienta fundamental para que los partidos de los treinta años que quedaron debilitados en la Convención y los poderes reales tengan posibilidad de intervenir.

Por su parte, ni Pueblo Constituyente ni Coordinadora Plurinacional firmaron el acuerdo porque no se incorporaron normas para que las y los independientes pudiesen participar en iguales condiciones que los partidos políticos. Esto, a diferencia de Alondra Carrillo y Movimientos Sociales Constituyentes que han adherido a todos los acuerdos con el Partido Socialista y el Frente Amplio, acuerdos que han sido reivindicados por asesores como Javier Pineda en su reciente columna “El pueblo chileno avanza firme”, renunciando a la pelea por un congreso unicameral.

Sin embargo, la presión seguirá hasta último minuto, porque el reemplazo del Senado por una Cámara de las Regiones es vista como una afrenta por sectores del poder. Es por esto, que incluso Gaspar Domínguez, vicepresidente de la Convención Constitucional, no cerró la puerta a que si existen artículos que se caen definitivamente en el pleno, sean discutido luego por el Congreso en reformas constitucionales.




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