Política Chile

CONTAMINACIÓN

Crisis ambiental en Quintero: Corte Suprema acoge recursos de protección y ordena cambiar plan regulador

De esta manera, el máximo tribunal de nuestro país respondió a 12 recursos, estableciendo que las autoridades “deberán tomar medidas para revelar el origen de la contaminación”, con el fin de determinar aquellas enfermedades en la población producidas por los episodios ocurridos en agosto de 2018. ¿Será suficiente esta resolución para acabar con la contaminación que producen los capitalistas?

Felipe Flores

Egresado de Derecho

Miércoles 29 de mayo

En un fallo unánime, la Tercera Sala de la Corte Suprema acogió los recursos de protección presentados por vecinos de Quintero, Puchuncaví y otras entidades, en contra de autoridades y las empresas que conforman el denominado “cordón industrial”, tras los episodios de contaminación vividos a mediados de 2018.

De este modo, el máximo tribunal del país revocó el fallo de febrero pasado, cuando la Corte de Apelaciones de Valparaíso rechazó las acciones interpuestas en contra de ENAP Refinerías, Enel Generación Chile, de Copec, Epoxa, GNL Quintero, Oxiquim, Gasmar, Codelco Chile División Ventanas, Cementos Bío Bío, Puerto Ventanas, Aes Gener, Asfaltos Chilenos, del Estado de Chile, ministerios del Medio Ambiente y Salud y el Presidente de la República, entre otras reparticiones y autoridades.

A las empresas contaminantes se les reprocha la generación de los gases y compuestos químicos que habrían provocado la emergencia. Mientras que, al Estado, Presidente y ministerios respectivos, se le ordena el incumplimiento de sus deberes en esta materia, sea por no adoptar medidas de prevención o por no ejercer sus deberes de control, de sistematización de la información pertinente, de fiscalización y de represión de conductas ilícitas.

En definitiva, el nuevo fallo se resume en 15 medidas que deberán ser adoptadas de manera inmediata. Entre ellas, se encuentran:

  •   La realización de estudios para determinar exactamente los gases, elementos o compuestos producidos por las fuentes presentes en la denominada “Zona de Sacrificio” y tomar medidas a partir del resultado del dicho informe, las que deberán estar implementadas en un plazo de un año, desde emitido el fallo.
  •   La instalación de filtros o dispositivos que permitan identificar y medir esas emanaciones directamente en la fuente, como puede ser en las chimeneas utilizadas en los procesos industriales.
  •   Una vez identificados los contaminantes, las instalaciones y fuentes que los produzcan, deberán reducir las emisiones de los mismos a las cifras que para cada uno de ellos establecerán las autoridades administrativas competentes”.
  •   En materia sanitaria, la autoridad ministerial de Salud deberá adoptar las medidas pertinentes, útiles y necesarias para resguardar la salud de la población afectada por la contaminación existente. A la vez, la autoridad regional de Salud deberá ejecutar las acciones que correspondan para la protección de la salud de dicha población.
  •   Se deberá hacer un diagnóstico de las enfermedades detectadas en los vecinos de la comuna, las cuales se puedan determinar que han sido producidas por la contaminación del aire, del suelo y del agua. Además, se deberá implementar un sistema de seguimiento de los casos detectados, así como vigilancia epidemiológica en la zona de emergencia.
  •   Finalmente, que la Seremi de Vivienda y Urbanismo de la Región de Valparaíso modifique el plan regulador regional, con el fin de alterar las actividades productivas permitidas en la zona. En este sentido, la Corte Suprema dice que “dicha autoridad habrá proceder a ello a la brevedad, considerando dicha labor como prioritaria en sus políticas sectoriales”.

    Fallo emblemático

    Diversas voces salieron a aplaudir la decisión de la Corte, entre ellas, destaca el diputado del FA Diego Ibañez quien señaló por twitter: “Gran victoria de la comunidad de #Quintero #Puchuncaví y de las organizaciones sociales y medioambientales. Este es un gran tirón de orejas para el Gobierno, es hora de que por fin hagan lo que se está pidiendo hace tanto tiempo”.

    Otro, fue Ezio Costa, Director Ejecutivo de ONG Fiscalía del Medio Ambiente, quien señaló “Es un fallo emocionante porque nos muestra que la lucha jurídica ambiental es una vía institucional adecuada para solucionar los conflictos ambientales”, aseguró además que la decisión “va a significar una serie de acciones que van a tener que hacer los distintos ministerios y esperamos que lo hagan con responsabilidad. Esperamos que no tomen este mandato a la ligera, sino lo hagan de forma que contribuya a que tengamos la Bahía de Quintero - Puchuncaví de la forma más limpia posible en un futuro cercano”.

    Con este fallo, ¿se terminará la contaminación producida por los capitalistas?

    Una alternativa al negocio contaminante del sistema energético

    Sin duda este nuevo fallo resulta progresivo, toda vez que toma parte de los legítimos reclamos que desde el año pasado han hecho patente los vecinos y vecinas de Quintero, quienes ya hartos de la desafección de los empresarios y su política contaminante, han buscado colocar un freno a la completa libertad con la que destruyen su comuna y sus vidas.

    Sin embargo, ¿podemos permanecer tranquilos y bajar los brazos? Evidentemente no. Más allá de que este fallo simbolice un “tirón de orejas para el Gobierno” según el diputado Ibáñez, lo que necesitamos urgentemente es poner freno de raíz a la contaminación producida por los empresarios. Para esto, indudablemente hay que estar dispuesto a tocar las ganancias millonarias de quienes lucran con nuestros servicios básicos como la energía, ya que con todos sus desastres medioambientales solo han demostrado que sus ganancias les importan mas que nuestras vidas. Un claro ejemplo de ello, es la empresa AES Gener (quien se adjudicó el control de la generación de energía más contaminante en las 4 plantas de Ventana) que es controlada a su vez por AES Corporation, una multinacional norteamericana que posee ganancias anuales superiores a $US16.600 millones.

    Es por todo esto, que para poner fin las “Zonas de Sacrificio” necesitamos cambiar el eje del sistema energético, pasando en definitiva a la nacionalización del conjunto de las empresas energéticas, donde el lucro deje de ser su objetivo. De modo que éstas, sean gestionadas por sus trabajadores y los técnicos de las universidades públicas, acabando así con la destrucción ambiental que generan los empresarios. Dando paso, a una manufactura energética eficiente, racional, que sea garantizada como derecho básico, compatible con la salud de las personas y el entorno natural.

    Para lograr estos objetivos, se requiere que los trabajadores estemos organizados y tomemos estas tareas desde nuestras organizaciones y sindicatos, ya que de un Gobierno que administra para los empresarios, un Congreso que le vota leyes y una casta judicial que les garantiza impunidad, no podemos esperar absolutamente nada.






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