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Red Internacional

Crisis educativa y crisis económica. Familias se empobrecen mientras los estudiantes desertan

Mientras que la inflación acumulada en los últimos 12 meses alcanzó un 13,3%, más de 50 mil estudiantes han abandonado su escolarización durante el año y 1,3 millones presentan problemas de inasistencia graves. Si la inflación y la pobreza están en alza, muchos más alumnos tendrán dificultades en su escolarización y muchos adolescentes más podrían estar en la disyuntiva de trabajar o estudiar.

María tiene dos hijos en enseñanza básica con quienes recorre todas las mañanas 3 comunas para llevarlos a su colegio en Conchalí. Los tres viven en una pieza del mismo tamaño que su colchón de dos plazas, en el cual duermen los tres en el suelo. El mismo colchón lo afirman en la muralla, para allí poner su mesa plegable y tomar once.

En un colegio de Santiago Centro, las salas de III° y IV° Medio empiezan las clases con una o varias mochilas de delivery. Son de los mismos estudiantes que después de clases trabajan durante la tarde.

Cientos de miles de estudiantes retornaron a clases presenciales dentro de espacios educativos que no dieron abasto a las necesidades que presentaron sus estudiantes. La violencia se incrementó visiblemente, la salud mental se vio deteriorada en niños, niñas y adolescentes, y aumentó la falta de trabajadores de la educación.

Según el MINEDUC más de 50 mil estudiantes abandonaron el sistema escolar, casi 1,3 millones de alumnos registran asistencia grave y el número de niños que de un año a otro pasaron a no estar matriculados es mayor en un 24% en relación al 2019, último año de clases presenciales pre-pandemia. Estas cifras son actuales y demuestran la crisis educativa que se hizo aún más crítica con la pandemia, pero que viene desde mucho antes y se proyecta aún peor.

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Estos días el Banco Central presentó su informe de política monetaria, señalando que el alza de los precios cerraría el próximo año en un 3,7% mayor al 3,3% estimado previamente. Mientras que la inflación acumulada en los últimos 12 meses alcanzó un 13,3%.

Quienes deben pagar los costos de esta crisis son la mayoría de familias trabajadoras, las que han debido ajustar su presupuesto para poder sobrevivir, mientras sus salarios se devalúan, los trabajos se precarizan y aumenta el temor de ser despedido a fin de mes.

Son los mismos hijos de estas familias los que en nuestros colegios y liceos también sufren las consecuencias de una educación precaria, basada en la competencia y que no cuenta con las condiciones mínimas para que los estudiantes aprendan y se desarrollen integralmente.

Si la inflación, los precios y la pobreza están en alza, muchos más niños, niñas y adolescentes tendrán dificultades en su escolarización y muchos adolescentes más podrían estar en la disyuntiva de trabajar o estudiar. Sin embargo, mientras no haya un apoyo estructural e integral, de manera directa desde el Estado a las comunidades educativas, no habrá soluciones de fondo. Pero parece ser que el foco de la discusión educativa para el Ministerio de Educación y alcaldes, está en otros asuntos.

Aula Segura: Un incentivo a la deserción escolar.

Ante todos los problemas que se desarrollan en la comunidad escolar, los más críticos son abordados mediante estrategias de carácter represivo y punitivista como la Ley Aula Segura. Un ejemplo elocuente de esta situación es lo mencionado por el presidente del Colegio de Profesores, Carlos Díaz, quien declaró que “el 72% de los estudiantes a los que se les aplicó tuvo como resultado que desertó, no volvió más a la escuela (...) También es preocupante que el 50% de sancionados en Aula Segura son de enseñanza básica, Hay una total desproporción. Hay hasta un estudiante de primero básico fue sancionado por aula segura”.

Otro ejemplo es el de la Municipalidad de Santiago, con su alcaldesa Alcaldesa Irací Hassler (PC), que ante las reiteradas y diversas formas de movilización que ha habido, por deficiente infraestructura, precaria alimentación, falta de personal docente, entre otras expresiones de la crisis educativa que los estudiantes han denunciado, la principal respuesta que han tenido ha sido de represión, y todes hemos visto las imágenes de los liceos emblemáticos que cada cierto tiempo son sitiados por fuerzas especiales, mientras que a los alumnos que son expulsados ni siquiera se les asegura su integración en un nuevo establecimiento.

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Los grandes medios de comunicación cuando hablan de los problemas en las comunidades educativas, los acotan a los aislados episodios de enfrentamiento con Carabineros en liceos emblemáticos de la región Metropolitana, como si fuera una representación generalizada de los problemas que tenemos que enfrentar en nuestras comunidades educativas, cuando en realidad los problemas son mucho más profundos.

Para atacar de raíz la crisis educacional, es necesaria la implementación inmediata de un Sistema nacional unificado de la educación pública, que amplíe considerablemente los recursos entregados por el Estado, y que este financiamiento sea otorgado de manera directa a las comunidades educativas, cortando las lucrativas subvenciones estatales a grandes empresarios de la educación, y que sean las propias comunidades, estudiantes, trabajadores de la educación, junto a los territorios y familias, quienes tengan la capacidad de gestionar estos recursos de manera autónoma.

De otra manera se hace imposible pensar que la crisis económica, que seguirá profundizando la crisis educativa, deje de perjudicar exclusivamente a las familias trabajadoras, como las muchísimas María o los tantos adolescentes que deben trabajar de manera informal para aportar en enfrentar las crisis que pegan en sus casas, lo cual de nuevo pone en riesgo la continuidad de sus estudios.


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