Política Chile

DECRETO LEY 701

DL 701. Matte, Angelini y Von Appen: Los magnates beneficiados por el fisco y su relación con los incendios forestales

El Decreto Ley 701 fue creado en 1974, durante la dictadura militar por el Ministro Fernando Lenitz, fue puesto en marcha por el yerno de Pinochet, Julio Ponce Lerou, un empresario reconocido por estar en el centro del escándalo de Soquimich. El objetivo de la ley de fomento forestal es impulsar la industria a través de una subvención del 75% a las empresas que aplican el monocultivo de pinos y eucalipto, cultivos idóneos para el negocio.

Almendra del Río

Periodista

Viernes 27 de enero de 2017 | 11:18

El monocultivo y su relación con los incendios forestales

Sin embargo, la plantación de estas especies se caracterizan por su sequedad, la cual degrada profundamente el medioambiente por dos razones:

La primera es la sustitución abrupta del bosque nativo por el monocultivo. Para este propósito hasta el año 2013, en promedio se talaban 100 mil hectáreas de vegetación oriunda. Luego de esa fecha y hasta el 2015, se produjo un boom en las plantaciones de pino y eucalipto, alcanzando las 2500 hectáreas plantadas, según los informes de CONAF.

En este ejercicio de reemplazo, la tala da origen a grandes cantidades de combustible seco, el que deja el terreno a merced de devastadores incendios forestales, especialmente entre la región de Valparaíso y Los Lagos, tal como hoy podemos evidenciar en la tragedia que ha afectado al país durante la última semana.

En segundo lugar, está el excesivo consumo de agua que requieren las forestales al imponer kilómetros de aridez, lo que ocasiona el agotamiento de las napas subterráneas y asimismo de un recurso natural de gran valor, el agua dulce, que sólo corresponde al 3% existente en el planeta.

Es decir, este es un negocio sumamente rentable para los empresarios que explotan la zona, pero el costo de aquello se lo lleva la gente que vive en el lugar, sufre la sequía, y hoy la perdida de la mayor parte, sino es que de todas sus pertenencias, incluyendo sus hogares.

Matte y Angelini, los principales magnates beneficiados por el Decreto Ley 701

Roberto Angelini
Roberto Angelini

Entre el 2004 y el 2014 se subvencionó la industria, a través de un gasto al fisco por $39 mil millones de dólares. De los cuales, la Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones (CMPC) , propiedad de los Matte, recibió una subvención de $608 millones para la Forestal Mininco. Mientras que la ex Forestal Valdivia se adjudicó alrededor de $500 millones y Arauco se benefició con cerca de $364 millones. Estas dos últimas se encuentran en manos del grupo Angelini.

Por otro lado, los Von Appen, propietarios también de los principales puertos del país (otro importante sector estratégico de la economía), se subvencionaron con 228 millones. Y de la misma forma, Italo Zunino, empresario y político Demócrata Cristiano, quien murió el 2015 en un accidente aéreo, recibió alrededor de $1564 millones.

La traducción de las cifras, es que estos grupos que concentran gran parte de la riqueza nacional, se llevan casi la mitad de la subvención estatal, específicamente el 47%.

A continuación se muestra una infografía, elaborada por TERRAM de la historia del decreto ley 701 y su evolución en los últimos años.

TERRAM

Los perjuicios provocados por el DFL 107 a los Mapuche

Si los grandes empresarios son los beneficiarios de esta ley, los mayores perjudicados son los pueblos originarios de la zona, quienes se han opuesto históricamente a dicho decreto. Debido a que este pone en disputa más de un millón de hectáreas del territorio que habitan y al cual pertenecen.

La Ley de Fomento Forestal provoca choques cada vez más abruptos entre el pueblo Mapuche y el Estado, este último intenta criminalizar continuamente al primero, pasando por alto que en la actualidad es el gobierno quien a través de la imposición del DL701 no está respetando el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Este convenio, que incluso fue ratificado por Michelle Bachelet, establece el deber de consultar previamente a los pueblos originarios “cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente”. Cuestión que no se ha realizado y en vez de poner en práctica este derecho, se ha optado por continuar con la vigencia del DL701.






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