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Red Internacional

Opinión. Editorial de editoriales: los planes de Cristina y sus facetas

El discurso de la vicepresidenta y las huellas de un rumbo. Pasado y presente de un peronismo en el atolladero de la crisis. ¿Cómo se une el diagnóstico sobre inflación y el debate de los planes sociales? Los usos del "monopolio estatal".

Domingo 26 de junio | Edición del día

Genuina precarización

El discurso de Cristina Fernández en Avellaneda el pasado lunes quedó rebotando en la agenda pública. A la ya clásica disertación sobre los problemas de un gobierno de su propia creación, esta vez le sumó otro condimento. Pidió que el Estado tenga “el monopolio” de los planes sociales, cuestionando la “tercerización” a las organizaciones de desocupados y desocupadas.

La vicepresidenta abrió el debate en una semana (y en un lugar) particular: hoy se cumplen 20 años de la "Masacre de Avellaneda" donde la policía mató a Maximiliano Kosteki y Darío Santillán. Un crimen de Estado, que contó con una campaña de estigmatización y ataque contra el movimiento de desocupados. "Nunca más hay que dejar pasar una campaña de estigmatizacion a las organizaciones sociales, me parece que es el mejor homenaje que podemos hacer a Darío y Maxi", dijo Myriam Bregman presente en el Puente Pueyrredón en una jornada de lucha.

Para que no queden dudas de qué iba la propuesta de Cristina, a los dos días publicó en sus redes sociales el encuentro con un intendente (Pablo Zurro, de Pehuajó). Dijo que “le acercó una propuesta para transformar los planes sociales que hay en esa ciudad en trabajo”. Un cliché que se repite en boca de los partidos tradicionales, aunque signifique mano de obra barata y precarizada para los municipios.

La confirmación continuó con la reunión de la liga de los gobernadores, con Jorge Capitanich de anfitrión en Chaco. Fue quien le creó el escenario a Cristina Fernández en otra de sus recientes disertaciones. Bajo el título “En defensa de los argentinos y las argentinas”, expresaron en una carta sus peticiones a Alberto Fernández. Entre los cuatro puntos planteados, apareció el de “transformar planes sociales en trabajo digno es el desafío de nuestro tiempo, y debemos lograrlo entre todos los que tenemos responsabilidad de gobierno en diferentes niveles”. Los gobernadores e intendentes, son los destinatarios claves del “monopolio estatal” de los planes sociales. La carta contó con 17 firmas: además de los gobernadores peronistas (con la excepción de Omart Perotti de Santa Fe), se sumaron otros 3 “autónomos” representados por sus vicegobernadores (Rio Negro, Salta y Misiones).

Axel Kicillof, gobernador del riñón cristinista, fue entrevistado este domingo por Página 12, e insistió con la idea de “federalizar los planes”. Dijo que “Desde la Liga de Gobernadores estamos proponiéndonos para colaborar y acelerar el proceso de conversión en trabajo genuino”. La periodista queda sorprendida porque Kicillof no “tiene el dato” de cuántos Potenciar Trabajo hay en la provincia que gobierna, y repregunta insistente. “No tengo conocimiento de la cantidad de planes que hay otorgados en la provincia de Buenos Aires” responde el gobernador. Luego tira la pelota a los intendentes “que son los que conocen con más precisión la realidad laboral y social de sus distritos”. Lo curioso es la comparación que elige hacer el gobernador bonaerense: “Estimamos 800 mil y, para poner un parámetro, la nómina de trabajadores del Estado provincial es de alrededor de 650 mil, o sea que es necesario trabajar ahí”. Si ya es extendida la práctica del uso del monotributo para precarizar estatales, piensan en renovar las formas de hacerlo.

De hecho el modelo de ese control estatal que está promoviendo Cristina Fernández, ya viene siendo implementado por el gobernador radical Gerardo Morales en Jujuy. Como cuentan Gastón Remy y Natalia Morales en La Izquierda Diario “la institucionalización de la asistencia social ha sido utilizada para desarmar organizaciones sociales, buscando atomizar proyectos colectivos a través de la coerción y coacción del Estado”. Además, el dirigente de Juntos por el Cambio le agregó otra impronta “armando causas a los dirigentes, cooptando a otros con cargos estatales, utilizando a dirigentes doblados para testificar contra otros en causas judiciales, quitando la personería jurídica a las organizaciones como sucedió con la Tupac Amaru”. Milagro Sala sigue presa, por participar de protestas. Morales va más allá: quiere entregar a los trabajadores que reciben asistencia social a empresarios privados. “Que puedan articularse con los distintos sectores de la producción y que sirvan para bajar el costo laboral” dijo, habilitado por la discusión que desató la intervención de la vicepresidenta.

Morales vocifera los deseos empresariales, a la vez que expone el problema estructural de una clase trabajadora dualizada, que retroalimenta una fragmentación que ataca de frente sus condiciones de vida. Las del conjunto de la clase. Una encerrona del capitalismo degradado y dependiente argentino, que no puede responder a una demanda que crece: trabajo genuino, con derechos y salarios que alcancen.

Peronismos: pasado y presente

Martín Rodríguez hace un interesante recorrido en El DiarioAr. “Si se escucha el discurso de CFK y se lo mira en el plano de una película completa: está peleando contra sí misma”, dice. Recuerda particularmente dos momentos. Lo que dejó el estallido del 2001 y el “fallido lanzamiento” de ´Unidos y Organizados´en 2012.

En su análisis, “Los movimientos sociales vistos como la burocracia de los pobres también se puede ver como el resultado del propio kirchnerismo: llenarse de ellos en el vacío de la política partidaria tras el 2001”.

Algo de este proceso analizó Fernando Rosso en El Círculo Rojo esta semana: “el Estado tuvo diferentes orientaciones para limitar su capacidad de movilización, regimentar, cooptar, estatizar si se quiere, y en algunos casos tuvo éxito, en otros no tanto”. Porque las conquistas del movimiento de desocupados, “con todas las mediaciones o distorsiones del caso (...) tiene que ver con procesos de lucha históricos que se remontan a antes del 2001, que sufrieron cambios y mutaciones”. Cutral Có, Tartagal, Mosconi. .

El recuerdo de Rodríguez del 2012, es el de una Cristina rodeada de dirigentes de organizaciones sociales, pensado “como alternativa a una política peronista clásica de la que CFK desconfiaba más. Era una Cristina distanciándose del PJ y el sindicalismo de la CGT”.

Hoy parece estar haciendo el camino inverso al del experimento de “Unidos y Organizados”. Apoyarse en los resortes más tradicionales del PJ con pretensiones de disputar su liderazgo. Diego Genoud en La Política Online diferencia el momento actual del 2015, cuando Cristina Fernández buscó (sin éxito), "refugiarse en la provincia de Buenos Aires, donde está el voto duro del kirchnerismo”. Analiza que “la vicepresidenta ya no está aislada del resto del PJ no kirchnerista como en ese momento, sino que busca disputar el peronismo y sellar alianzas con gobernadores e intendentes de todo el país”.

En ese camino busca cercar cualquier aspiración reeleccionista de Alberto Fernández, oficiando de “armadora” o “articuladora” del peronismo más tradicional. Aunque no faltan quienes especulan con Cristina en la boleta presidencial, Pablo Ibáñez en El DiarioAr cuenta lo que dicen quienes la rodean: “busca un acuerdo con los gobernadores para que surja un candidato del interior”. Sin desmentir ni descartar, lo resumen en un “Ella preferiría no tener que ser (candidata): ser una dirigente de consulta, escuchada, pero...”. Según Ibáñez, el diagnóstico de Cristina sería que Mauricio Macri se encamina a ser candidato y que el 2023 es peleable. Desde esa hipótesis diseña su plan de recostarse cada vez más en el peronismo. Incluye a su vez, el intento de diferenciarse del gobierno y preparando una agenda con apariciones públicas más regulares. “´Va a salir a hablar más seguido para ir marcando cada cosa que ve mal, a señalar donde hay problemas´, apuntan las fuentes y hablan de un período específico: apariciones cada 15 días” cuenta Pablo Ibáñez. Una forma de mantener la ambigüedad y dejar la puerta abierta a su candidatura.

Diego Genoud interpreta sus últimos movimientos como un mensaje de “dar por terminada su apuesta defectuosa por Alberto y mantenerse en el centro”. Registra las reuniones que tuvo con el embajador de Estados Unidos y la jefa del comando Sur, la alianza con Sergio Massa y la cercanía y vuelta de Daniel Scioli. No deja de mencionar el encuentro que tuvo con Carlos Melconian, ex funcionario de Macri en el Banco Nación y actual líder de IERAL - Fundación Mediterránea. Creada en plena dictadura por empresarios cordobeses, supo criar desde sus entrañas a Domingo Cavallo. Genoud analiza que “El más amplio consenso para un nuevo ajuste de shock es lo que busca Melconian y que CFK lo haya recibido sugiere de por sí cuáles son las ideas dominantes para aplicar en la etapa que viene".

¿Guardiana del orden?

Como ocurre en otros países, la pandemia y la guerra en Ucrania recrudecieron problemas estructurales preexistentes de la Argentina. La inflación que se arrastra en territorio local, se agrava con la inflación global. Las expresiones de descontento, estallidos o malestar social están preocupando a las clases dominantes en distintas partes del mundo. Al punto que The Economist, la revista inglesa tan comentada por su reciente tapa de “La catástrofe alimentaria que se avecina”, publicó estos días un artículo llamado “De la inflación a la insurrección”. El autor explica que los aumentos en los precios de los alimentos y el combustible, hoy apuntalados por la guerra de Ucrania, son un fuerte presagio de inestabilidad política.“La inflación está aplastando los niveles de vida, avivando la furia y fomentando la agitación”, asegura. Comparte, con estadísticas propias, los pronósticos del FMI que “estimó en mayo que la agitación social estaba cerca de su nivel más altos desde que comenzó la pandemia”. En los países más pobres o sobreendeudados ven una amenaza mayor. Hasta especulan con “el efecto contagio” de movilizaciones entre países.

En América Latina se viene de un encadenamiento de protestas, estallidos, nuevos fenómenos políticos y gobiernos inestables cuestionados por la calle. Ahí está Ecuador atravesando jornadas intensas de paro, movilización y resistencia. Perú. Chile. Colombia. En EEUU y Europa también están apareciendo huelgas, procesos de sindicalización, con un renovado protagonismo de la clase trabajadora.

Las tendencias internacionales económicas, políticas y de la lucha de clases están cambiando. Y Cristina Fernández no está ajena a esos análisis.

El discurso que dio en Avellaneda se centró primero (y largamente) en las explicaciones de la inflación, la relación con la “economía bimonetaria”, la fuga, el endeudamiento y el “festival de importaciones”. La alusión a terminar con la “tercerización” de los planes sociales, apareció como un complemento a esa parte de su exposición.

Es un debate que va unido al atolladero de la economía capitalista Argentina. Como dice Martín Rodríguez en El DiarioAr “volvió la crisis, volvió el FMI, volvieron los cortes al centro como ritmo del vínculo entre el Estado y los pobres. El ministerio de Desarrollo social volvió a ser el pentágono de la paz social”. Así como las organizaciones sociales opositoras al gobierno se están movilizando con sus reclamos, hay otras expresiones de lucha y resistencia. En el caso del SUTNA, sindicato del neumático, los trabajadores están dando una pelea por dar vuelta una de las herencias de los convenios flexibilizadores que dejó la dictadura. En Bagley-Arcor de Córdoba los trabajadores respondieron con paro y bloqueo de portones junto a organizaciones de desocupados, frente al intento de la empresa de flexibilizar más el convenio actual.

Distintas caras de una realidad laboral y económica que vuelve a plasmarse en datos del Indec de mayo. Lucho Aguilar los desagregó en La Izquierda Diario: 1,5 millones de personas que no tienen ningún empleo, un 15,5% de personas que aún teniendo empleo demandan más horas porque no llegan a fin de mes, aumento del trabajo no registrado. Todo esto con una persistente sobreocupación: alrededor de 5,3 millones de personas que trabajan jornadas de 9, 10 o 12 horas diarias.

Fernando Rosso, en presentaciones de su libro “La hegemonía imposible”, analizó que “el Estado tuvo que reconocer a los movimientos de desocupados hasta el punto de tratar de regimentarlos, como hizo en su momento el peronismo original con el movimiento obrero, la clase obrera tradicional que conocimos”. El proceso de dualización de la clase trabajadora, estrella insignia de la herencia neoliberal que se mantiene, reactualiza los tentáculos que el Estado necesita desplegar para limar su capacidad de organización. Como movimientos colectivos o como clase. Es parte del debate y los objetivos que están detrás del discurso de la vicepresidenta.

¿Por qué sino en vez de poner el foco en si todo el poder a intendentes y gobernadores o no, discutimos la universalización de los planes? ¿O cómo fortalecer la organización colectiva con independencia del Estado y los gobiernos? ¿Por qué no podrían los propios desocupados, desocupadas, decidir democráticamente sobre la asistencia social en asambleas barriales, donde participen las distintas tendencias políticas?

Para empezar a hablar de trabajo genuino, que es el reclamo de las organizaciones sociales que se vienen movilizando, hay que partir de cuestionar esa irracional realidad de trabajadores sobreviviendo con changas o desocupados, mientras otros trabajan hasta 12 horas por día. O tomar el guante de la propuesta de Myriam Bregman, Nicolás del Caño y Alejandro Vilca del Frente de Izquierda, de reducir la jornada laboral a 6 horas, 5 días a la semana, sin reducción salarial y repartir las horas de trabajo entre ocupados y desocupados. Como explicó Bregman en una entrevista, “Es una salida superadora de la discusión sobre ‘ayuda social sí’ o ‘ayuda social no’. Hoy se podría hacer, y esto nadie lo dice. Aplicándolo solo a las 12.000 grandes empresas, se podrían crear un millón de puestos de trabajo genuinos en forma inmediata”.

En El Cohete a la Luna, Horacio Verbitsky quiere resaltar los problemas económicos que detalló la vicepresidenta en Avellaneda. Limita el debate sobre los planes sociales a un “conflicto político” con algunos movimientos sociales oficialistas, y se queja de que “se abstienen de participar en los debates de fondo que planteó Cristina”.

Pero lo paradójico del discurso sobre inflación, endeudamiento, fuga, importaciones es que se parece más a un diagnóstico. O, como mucho, un recetario impotente. Si se trata de limar el poder de la organización colectiva, aparece el pedido del “monopolio estatal” de la asistencia social. O como comparó la propia vicepresidenta: “¿se le ocurre a alguien que podemos tercerizar la policía?”. Ahí aparece con todo su peso el “monopolio estatal” de la violencia y la represión (que, sabemos, se usa con criterio clasista). Donde no aparece el “monopolio estatal” es en el comercio exterior, del que se benefician las 600 empresas que explican el 75% de las importaciones del país. Ni en el caso de las exportaciones, controlado por apenas una decena de empresas, en su mayoría extranjeras. Tampoco aparece el “monopolio estatal” en el sistema bancario que vehiculiza la fuga legal e ilegal de las grandes empresas y millonarios del país. ¿Por qué Cristina se queja ahora del secreto bancario heredado de la dictadura que su gobierno tampoco tocó en 12 años?

Algunas preguntas necesarias si se quiere hacer algo con los diagnósticos, y tomar medidas de fondo.




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