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Red Internacional

Debate constitucional. Educación en la propuesta de Nueva Constitución: ¿Continuidad o cambio?

El presente es un análisis de los artículos de la propuesta que se refieren a la educación, a pocas semanas del plebiscito, mientras que los partidos políticos tradicionales ya cocinaron con el gobierno (Apruebo Dignidad - PC y FA) lo que se viene post votación, en donde buscan moderar aún más la posible Nueva Constitución para dejar tranquilos a la derecha y los grandes empresarios.

Jueves 25 de agosto | 04:16

Uno de los motores que impulsó la rebelión popular de 2019, fue precisamente el rechazo contra la educación de mercado, aspecto clave de la herencia de la dictadura.

Miles de deudores del CAE repletaron las calles para decir ¡Ya basta!, y en ellas se encontraron con quienes ni siquiera tuvieron la posibilidad de entrar a la universidad porque fueron desechados por las pruebas de selección estandarizadas, verdaderos filtros de clase que licuan los sueños de quienes no tuvieron acceso a un buen colegio ni el dinero para pagar un preuniversitario. Junto a ellos, estaban quienes de la universidad solo les quedó la deuda millonaria porque no tuvieron las condiciones para terminarla. Por todo esto ¡Abajo la Educación de mercado! era un grito que se escuchaba cada vez que alguien tocaba una cacerola.

Es por esto que indudablemente, quienes orquestaron el desvío de la movilización, titulado rimbombantemente por el mismo Piñera como el “Acuerdo por la Paz”, tuvieron que tomarlo en consideración para escribir la propuesta a Nueva Constitución emanada de la Convención Constitucional.

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El objetivo de este escrito es analizar los artículos de la propuesta que se refieren a la educación, a pocas semanas del plebiscito, mientras que los partidos políticos tradicionales ya cocinaron con el gobierno (Apruebo Dignidad - PC y FA) lo que se viene post votación, en donde buscan moderar aún más la posible Nueva Constitución para dejar tranquilos a la derecha y los grandes empresarios. Como veremos más adelante, la propuesta de educación de la nueva constitución no cambiará mucho de la realidad actual del sistema educativo. Veamos:

El primer artículo que se refiere al tema es el N° 35, el que asegura que “toda persona tiene el derecho a la educación” (inciso 1), ¿a qué tipo de educación? eso es lo que discutiremos más adelante.

En el inciso 4 de este artículo, la propuesta dice que “la educación se rige por los principios de cooperación, no discriminación, inclusión, justicia, participación, solidaridad, interculturalidad, enfoque de género, pluralismo (...) Tiene un carácter no sexista…”

Si bien estas aseveraciones son bastante abstractas, el hecho de que la la propuesta diga que la educación se rige por la no discriminación, la inclusión, justicia y participación es bastante interesante. Nos gustaría suponer que entonces esta Constitución asegura, por lo tanto, el fin a las pruebas estandarizadas (tipo PSU, o actualmente PAES), sin embargo, eso no pasa ya que en el artículo 37, inciso N°5, la propuesta dice que “el Estado velará por el acceso a la educación superior de todas las personas que cumplan los requisitos establecidos por la ley”, osea, siguen las pruebas.

Entonces es bastante hipócrita hablar de que la educación se rige por la no discriminación, cuando con el principal muro con el que chocan las y los jóvenes al momento de querer estudiar una carrera es con una prueba que funciona como filtro de clase. Esto es así ya que estas pruebas solo miden en qué colegio estudiaste y qué preuniversitario pudiste pagar. ¿Esto es justo? Por supuesto que no. ¿Inclusivo? Tampoco.

¿Democratización?

El Artículo 36 de la propuesta a Nueva Constitución, que define que “el sistema Nacional de Educación está integrado por los establecimientos y las instituciones de educación parvularia, básica, media y superior”, en su Inciso N°3 indica que “los establecimientos y las instituciones que lo conforman están sujetos al régimen común que fije la ley, son de carácter democrático, no podrán discriminar en su acceso…”

Nos detendremos acá, en su “carácter democrático” -tomando en cuenta que lo de la discriminación ya lo esbozamos más arriba-. ¿A qué democracia se refiere? No lo sabemos con certeza, aunque podemos inferir que se aleja mucho de instituciones educativas realmente democráticas, en las que, por ejemplo, las y los profesores, junto con los trabajadores de la educación, los apoderados y estudiantes, puedan definir cuáles serán las mallas curriculares, ¿eso en un liceo público? difícil. O por ejemplo, donde se decida democráticamente qué hacer con los recursos de los liceos.

Mientras tanto, en el Artículo 42 la propuesta dice que “quienes integran las comunidades educativas tienen derecho a participar en las definiciones del proyecto educativo y en las decisiones de cada establecimiento, así como en el diseño, la implementación y la evaluación de la política educacional local y nacional. La ley especificará las condiciones, los órganos y los procedimientos que aseguren su participación vinculante”. Esta parte es importante, ya que le deja la responsabilidad a la ley, con un congreso que es mayoritariamente de derecha, entonces, ¿cuánto más hay que esperar? ¿a que el 2026 podamos elegir un congreso “más progresista”?

Por su parte, si hablamos de la educación superior, ¿de qué democracia hablamos? La reforma a la educación superior propuesta por el segundo gobierno de Bachelet estableció la participación de los tres estamentos en el gobierno de las universidades del Estado, sin embargo, esta participación no es vinculante para todos los aspectos de las casas de estudio y además, asegura que los académicos de planta tienen dos tercios (66,6%) de las votaciones, es decir, siempre tendrán asegurada su mayoría. El tercio restante debe ser repartido entre estudiantes y funcionarios. Si esa reforma “democratizadora” con un congreso de mayoría del gobierno logró ese porcentaje antidemocrático, ya sabemos a qué se podrá llegar con el parlamento dominado por la derecha.

Probablemente este artículo no se refiere a un co-gobierno triestamental, electo por voto universal, donde cualquier miembro de la comunidad pueda presentarse para ocupar cargos, que deben ser revocables, y donde las decisiones sean discutidas y ratificadas mediante asambleas. Esto para decidir por ejemplo, subirle el sueldo a las y los funcionarios de las universidades que reciben sueldos miserables, y bajarlos a las autoridades que reciben sueldos de gerentes. Claramente esto no le serviría ni a los empresarios, ya que no les sirve que la universidad esté abierta al pueblo trabajador (la mayor expresión de democratizar el conocimiento), ni a las autoridades millonarias, pero tampoco a los grandes defensores del apruebo -que hoy se encuentran en el gobierno o subordinados a ellos-, ya que son los que hace más de una década vienen ocupando puestos en las federaciones, centros de estudiantes, etc.

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¿Prohibición del lucro?

Pero el grandilocuente artículo 36 no se detiene ahí, sino que habla directamente de que “está prohibida toda forma de lucro” (lo que repite en el artículo 37). Esto nos haría creer, por ejemplo, ¿qué se acabaría con el CAE? Pues es con este Crédito Aval del Estado que los grandes banqueros se llenan los bolsillos a costa de nuestros estudios, ya que, por ejemplo, tan solo desde el 2006 al 2011 que los siete bancos que participaron en esta fiesta obtuvieron una ganancia de $150 mil millones, algo como siete teletones de ese año donde explotó el movimiento estudiantil, dinero con el que se podría cubrir más de un sistema de educación gratuita.

Por su parte, la beca de gratuidad que se consiguió a raíz de la gran movilización del 2011 -a pesar de haber sido un desvío por parte de las dirigencias estudiantiles que pactaron a espaldas de las bases que exigían una educación totalmente gratuita para todos y todas- también significa un gran desembolso del Estado en pagar educación a miles de estudiantes en establecimientos privados, supuestamente “sin fines de lucro”.

Como se ha conocido tras la publicación de la ley de educación superior de 2018 que prohíbe el lucro de las casas de estudio de nivel superior, esta condición no es suficiente para eliminar el lucro y la existencia de universidades empresa. Nuevamente el cómo se establece en la ley quedará sujeto al congreso dominado por la derecha.

¿Gratuidad?

Pero el artículo 36 no se detiene, pues en su inciso N°7 indica que la ampliación y fortalecimiento del Sistema Nacional de Educación “es un deber del Estado, para lo cual articulará, gestionará y financiará un Sistema de Educación Pública de carácter laico y gratuito, compuesto por establecimientos e instituciones estatales de todos los niveles y modalidades educativas”.

Además en el artículo 37, numeral 6 se establece que “Los estudios de educación superior conducentes a títulos y grados académicos iniciales serán gratuitos en las instituciones públicas y en aquellas privadas que determine la ley”. Es decir que el Estado seguirá financiando a los privados. En la actualidad cerca del 80% de la matrícula de la educación superior es privada que es financiada en gran parte por el Estado a través de la beca gratuidad. Una vez más, será el congreso quién tendrá la llave de cómo será el financiamiento de la gratuidad en instituciones privadas.

¿Y cómo el Estado va a financiar esta supuesta educación gratuita? La única manera de hacerlo sería tocando los intereses de los grandes capitalistas, por ejemplo con la misma condonación del CAE y su eliminación total sin indemnización a los bancos, utilizando ese dinero que desembolsa el Estado en financiar a los bancos para mejor financiar una educación gratuita, además de nacionalizando los recursos naturales como el cobre y el litio, que en su mayoría están en manos de privados. Sin embargo esta constitución asegura totalmente la defensa de la gran propiedad privada, por lo que mantiene tranquilos a los grandes empresarios.

Esto permitiría no solo financiar la educación propiamente tal, sino que fuera un financiamiento completamente integral, donde quienes estudien puedan dedicar la mayor parte de su tiempo al conocimiento, lo que significaría que la educación sería realmente un derecho para todo el pueblo y la clase trabajadora. Es decir, que se pueda financiar transporte, vivienda, alimentación, salud mental, etc., para quienes decidan estudiar, lo que le permitiría desarrollar mejores habilidades en su ámbito.

Lo mismo pasa con el artículo 40 que expresa que “toda persona tiene derecho a recibir una Educación Sexual Integral”, ¿de dónde saldrán esos recursos si no es de los bolsillos de los grandes empresarios? Ya que llevar adelante la aplicación de este artículo en todos los colegios y liceos públicos implica financiar profesionales, etc. Mientras que en el artículo que le sigue, en donde la propuesta asegura que “se garantizará la libertad de enseñanza y el deber del Estado es respetarla”, simplemente asegura que haya una educación para ricos y una para pobres, una para quienes podrán entrar a la universidad con un excelente puntaje el la prueba, y otra para quiénes no.

Este artículo en el que analizamos la parte educativa de la propuesta constitucional, lo realizamos porque no confiamos en que es en base a esta Nueva Constitución se harán los cambios, sino que es necesario retomar el camino de la movilización que abrió la rebelión de 2019 y que fue desviada a este proceso y resguardada por el gobierno de Boric, los que llenaron a la población de ilusiones de cambio. Al mismo tiempo decimos que hay que recuperar los organismos estudiantiles como la Confech que se subordinó completamente a los ritmos del gobierno, y que su última vocera, Noemí Quintana de la Feusach, terminó trabajando junto con el rector. O los organismos de trabajadores como la CUT, donde el PC ha jugado un rol fundamental durante los últimos años con Barbara Figueroa a la cabeza, organismo que hoy dirige el neoliberal Partido Socialista y que invita a dar discursos a representantes de la gran burguesía como Juan Sutil.

Es necesario construir una alternativa que busque hacerle frente a estos burócratas sindicales y estudiantiles en todos los espacios, que sea revolucionaria y socialista, y que tenga un programa y una estrategia clara que busque chocar con los intereses de los grandes capitalistas y no convivir con ellos dentro de los marcos de su propio Estado, sobre todo en un momento de crisis económica inflacionaria histórica a nivel mundial en el marco de la guerra Rusia-Ucrania, que afecta directamente a las familias trabajadoras mientras que los ricos se siguen llenando los bolsillos.




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