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SEMANARIO

Educación y crisis sanitaria: El gobierno de Piñera, los verdaderos flojos de Chile

Álvaro Pérez Jorquera

Educación y crisis sanitaria: El gobierno de Piñera, los verdaderos flojos de Chile

Álvaro Pérez Jorquera

El gobierno no sólo fue completamente incapaz de asegurar y garantizar el mínimo derecho a la educación sin preocupaciones, sino que no fue su prioridad. Fue una decisión política vulnerar este derecho de miles de estudiantes a lo largo del país, para mantener un estado represivo y de control social.

Durante la última semana el retorno a clases ha sido uno de los centros de la agenda política del gobierno, no sólo buscando imponer la vuelta, sino que además atacando en los medios la labor de los docentes a través de los dichos de Figueroa, Bellolio, Moreira, Palacios y el propio Piñera, y este último viernes, causándole un trauma ocular a una profesora de filosofía que sostenía un cartel en Plaza Dignidad.

La educación durante la crisis sanitaria fue tremendamente deficiente, insuficiente y precaria, sin embargo esto no fue a causa del virus del Covid-19, esto fue a causa de la propia política del gobierno de Piñera y su ministro de educación, Raúl Figueroa, como también el resultado de años de abandono y desfinanciamento, el gran legado del régimen de los 30 años que además de la Derecha, le pertenece también a la ex Concertación y a la ex Nueva Mayoría.

Años de subvenciones a privados que permitieron una explosión del negocio de la educación pagada, generando verdaderos consorcios educativos como lo son la Red Crecemos, cuyo dueño es el militante DC Walter Oliva, que administra los colegios Teniente Dagoberto Godoy, la Sociedad de Instrucción Primaria, de los Matte, el Grupo Alicante-Alcántara (Jaime Melnick), la Corporación Nacional de Colegios Particular Subvencionados (Conacep) del grupo Hasbún-Ramírez, entre otros, y los grupos religiosos como es el caso de la Fundación Belén Educa, la Sociedad de Escuelas Católicas Santo Tomás de Aquino y la Fundación Juan Piamarta, los cuales fueron concentrando la matrícula y los recursos a costa del sistema público, que al ser financiado según la matrícula recibió cada vez menos recursos agravando con ello la fuga de matrículas en un círculo vicioso que condenó al sistema público a competir por fondos escasos sin poder resolver problemas estructurales, lo que se hizo especialmente evidente en las comunas más pobres como Lo Espejo, La Pintana, Pedro Aguirre Cerda o Cerro Navia, y en regiones.

Es sobre esta realidad que se monta la crisis sanitaria, la cual se debe en gran medida a que la prioridad del gobierno siempre fue mantener andando la economía (incluso los sectores no esenciales) a costa del aumento de los contagios. Por eso existe un toque de queda nocturno que contrasta con las aglomeraciones en el transporte público durante el día a pesar de las cuarentenas. La educación se recluyó a los hogares como efecto colateral de esta política y no como parte de una estrategia sanitaria planificada, de modo que pronto se llevó adelante una propuesta de educación en línea totalmente improvisada, sin destinar recursos sino que “orientaciones” que no fueron más que exigencias totalmente irreales para el panorama educativo del momento.

Así se exigió “calidad” y una serie de evidencias sin que el gobierno ni el ministerio garantizaran ni conectividad, ni equipos para profesores y estudiantes transformándose en más agobio y estrés. Fueron los docentes, haciendo uso del internet pagado de sus propios bolsillos, haciendo uso de equipos también propios y muchas veces desactualizados, junto a estudiantes haciendo uso también de los equipos y conectividad pagadas por las propias familias, donde no todas recibieron los beneficios del Estado como el IFE, los que mantuvieron la educación funcionando durante la crisis sanitaria. Y esto aumentó las desigualdades, pues nuevamente fueron las comunas populares y empobrecidas (donde muchas veces no hay acceso completo a equipos con internet) las que sufrieron las consecuencias, traduciéndose en mayor deserción escolar.

Mientras tanto la política del gobierno encabezada por Sebastián Piñera y Raúl Figueroa se centró casi exclusivamente en la vuelta a clases presenciales, destinando millones en meses de campaña en medios de comunicación masivos por el retorno a clases, mientras a la par se gastó la suma de 6,6 mil millones en la compra de carros lanza aguas y lanza gases y 13 mil millones en gratificaciones a los agentes de Carabineros sin siquiera comprar un sólo computador o garantizar el internet a un sólo estudiante para que pudiera estudiar sin preocupaciones. Mucho más allá, las ayudas de alimentación Junaeb se mantuvieron sólo opara el pequeño espectro que se atendía antes de la pandemia, sin considerar que la crisis sanitaria que involucró un alza de la tasa de cesantía también multiplicó el número de familias que necesitaron tales ayudas y se les negó.

El gobierno no sólo fue completamente incapaz de asegurar y garantizar el mínimo derecho a la educación sin preocupaciones, sino que no fue su prioridad. Fue una decisión política vulnerar este derecho de miles de estudiantes a lo largo del país, para mantener un estado represivo y de control social. Fue tal el fracaso de su política educativa que cuando logró imponer por fin el plan de retorno a clases se tuvo que suspender nada más empezar por la muerte de un estudiante en Puente Alto producto de la nula mantención y preparación de la propia infraestructura de los establecimientos que el Mineduc no garantizó. Y aún así tienen la desfachatez de llamar “flojos” a los docentes cuando con toda razón desconfían y cuestionan el nuevo e irresponsable plan de retorno a clases.

Como antecedente, debemos mencionar que en varios países del hemisferio norte como Alemania, Inglaterra y Estados Unidos, por citar algunos, los planes de retorno a clases fracasaron estrepitosamente en medio de los rebrotes, el aumento de los contagios y las protestas docentes. En Alemania, cuya sistema educativo dista años luz del modelo chileno, se tuvo que retroceder por la aparición de más de 200 focos nuevos de contagio. Y el gobierno de Estados Unidos se vio obligado a echar pie atrás cuando los docentes realizaron una huelga por el mismo motivo.

El día de hoy Figueroa, contra todo razonamiento científico, vuelve a insistir en la vuelta a clases con el plan “Yo confío en mi escuela”, para el cual sólo va a destinar 6 mil millones de pesos (exacto, menos de lo que costaron los nuevos guanacos y zorrillos) mientras que todavía resuena la compra de los misiles al Pentágono por un monto total de más de 62 mil millones de pesos, 10 veces más de lo que el Mineduc pretende gastar para reabrir los colegios. Está claro que lo último que le importa a Piñera y Figueroa es garantizar el derecho a la Educación y a la Salud de los trabajadores de la educación, los estudiantes y sus familias.

Y todavía peor. El plan de Piñera y Figueroa “Yo confío en mi escuela” no sólo destina un fondo totalmente insuficiente, sino que además en base a concurso, por lo que estos fondos realmente no llegarán a todos, sólo a las escuelas que ganen el concurso, recibiendo efímeros 50 millones cada una.

El primer problema de esta situación es que no es para todos, una escuela por cada comuna prácticamente, lo que va a obligar al resto a mantenerse con las clases en línea, las cuales no se nombran por lo que se infiere que no habrá ningún aporte en ese ámbito. Serán los estudiantes y los docentes los que tendrán que financiar la educación otro año más.

El segundo problema es pensar que todos los colegios necesitan los mismos recursos. Los estragos de la educación de mercado abrieron un abismo de diferencias, de manera que los 50 millones que sirven para un colegio de Providencia o Las Condes son completamente insuficientes para un establecimiento de San Ramón, de Coyhaique o de la región de la Araucanía con años de abandono encima, todo esto sin agregar las necesidades propias de garantizar condiciones adecuadas de higiene y bioseguridad. Realmente una medida que no garantiza a la comunidades educativas su derecho a educarse sin arriesgar la vida.

Es por eso que ante esta situación y los últimos anuncios del gobierno, ees la agrupación de Trabajadores de Educación Nuestra Clase creemos necesario impulsar un plan de emergencia para que las consecuencias de esta crisis no recaigan en los trabajadores de la educación, los estudiantes y sus familias.

Por esto proponemos:

Contexto epidemiológico seguro: Es necesario garantizar que no haya contagios, por eso proponemos actividades escolares guiadas en función de niveles epidemiológicos fundamentados en datos objetivos que permitan evaluar el riesgo de las aperturas según lo definan las comunidades educativas, trabajadores de la educación, estudiantes y apoderados, en conjunto con trabajadores de la salud. Es clave evitar que surjan nuevos focos de contagio en medio de un rebrote donde los únicos perjudicados serán los trabajadores, los estudiantes y sus familias.

Plan de vacunación: No puede haber reapertura sin un plan de vacunación gratuito que garantice la inmunización de todos los trabajadores de la educación, docentes y no docentes, y los estudiantes que pueden ser vacunados; respetando también los tiempos de inmunización y que sea planeado por trabajadores de la salud junto a las comunidades educativas. Hoy existe un plan de vacunación que no garantiza la inoculación de todos los docentes antes de la fecha de inicio que dio el gobierno, donde solo se alcanzó a programar la vacunación de la primera dosis, sin garantizar la segunda que es lo que finalmente otorga la inmunidad

Infraestructura: Es necesaria la evaluación, arreglo y mantención de toda la infraestructura escolar, muchas de ellas desatendidas por meses de cierre, y la adecuación de las salas para asegurar su ventilación y calefacción.

Educación sin preocupaciones: A demás es necesaria la implementación de una red de transporte escolar gratuita para estudiantes y trabajadores de la educación, docentes y no docentes, para evitar exposición y aglomeraciones en el transporte público junto con la universalización de la alimentación escolar, muchas familias sufren las consecuencias de la cesantía producto de la Ley de Protección al Empleo votada desde la Derecha al Partido Comunista y el Frente Amplio, es necesario una cobertura universal de ambos ámbitos para asegurar una verdadera educación sin preocupaciones.

Condiciones de Bioseguridad: Se debe garantizar la distribución gratuita de elementos de protección personal como mascarillas, máscaras faciales y alcohol gel, de insumos de limpieza e incorporación de personal auxiliar con contrato indefinido que asegure condiciones de higiene óptimas. Además se deben realizar testeos periódicos y seguimientos en las escuelas para evitar focos de contagio que pongan en riesgo la salud de la comunidad escolar. Se debe elegir comités de trabajadores de la educación, estudiantes y apoderados para evaluar estas condiciones y suspender parcial o totalmente las actividades presenciales de ser necesario.

Condiciones Pedagógicas: Se debe implementar un esquema de trabajo con grupos reducidos de estudiantes para asegurar una adecuada distancia social, y al mismo tiempo es necesaria la incorporación de más docentes a contrato indefinido para trabajar con estos grupos de manera de poder asegurar un trabajo pedagógico adecuado de calidad.

Se deben garantizar los recursos. Entrega completamente gratuita de equipos e internet a docentes y estudiantes para que se puedan realizar clases en línea de manera efectiva

Se debe contemplar la atención integral de estudiantes con necesidades educativas especiales y con alteraciones graves de la salud, para que puedan recibir los apoyos y tratamientos especializados que requieren, aumentando la contratación de profesionales (profesores diferenciales, psicólogos, traductores, fonoaudiólogos, kinesiólogos, terapeutas ocupacionales, asistentes sociales, etc.) y proporcionando los recursos materiales, educativos y técnicos para su adecuada atención.

Adecuación de las evaluaciones según las necesidades pedagógicas decididas por las respectivas comunidades educativas.

Condiciones Laborales: Se debe respetar las horas de contrato, la proporción de 50/50 horas lectivas y no lectivas, los salarios así como las licencias y los permisos por razones de salud, cuidado de menores a cargo y personas de grupos de riesgo. Además se debe capacitar a todos los docentes en las tecnologías de la información para garantizar su desempeño sin agobio.

Ante la inexistencia de estas condiciones, proponemos generar un plan de cuidado y estudios para los hijos de trabajadores de la salud y trabajadores de primera necesidad, de manera que el cuidado de sus hijos quede garantizado mientras se mantienen las cuarentenas.

¿Cómo financiar este plan?

Ni un peso más para represión: La cuestionada institución de Carabineros, autora del asesinato del joven malabarista Francisco Martínez en Panguipulli y del supuesto suicidio del joven poblador Camilo Miyaki en una comisaría de Pedro Aguirre Cerda, debe dejar de ser financiada pues dirige su violencia contra la juventud y el pueblo trabajador. En su lugar se debe financiar los problemas urgentes de la población como la salud, la subsistencia en cesantía y por supuesto, garantizar el derecho a educación sin arriesgar la vida.

No más saqueo empresarial: Impuesto a las grandes fortunas como Luksic, quien aumentó patrimonio de 10 mil millones de dólares a 19 mil millones en plena pandemia, y cuyos excedentes podrían financiar derechos sociales urgentes.

Que todo parlamentario gane como una profesora: Reducción de los salarios de diputados y senadores (que actualmente reciben 7 millones de pesos), de autoridades (que superan los 8 millones de pesos) y de las Fuerzas Armadas a lo que gana una profesora para poder utilizar esos recursos para Salud y Educación.

Todas estas medidas nos parecen los mínimos necesarios para garantizar el derecho a la educación pero si que eso signifique arriesgar la salud de trabajadores de la educación, de estudiantes y sus familias.

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Álvaro Pérez Jorquera

Profesor de Historia y Geografía, historiador y músico
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