Internacional

CRISIS POLÍTICA

El partido judicial en Brasil

A Folha de S. Paulo y The Economist critican los excesos del juez Sérgio Moro. ¿El “partido mediático” se distancia del “partido judicial” o busca aconsejarlo para arbitrar sobre los grupos en conflicto?

Leandro Lanfredi

Trabajador petrolero | Rio de Janeiro

Miércoles 23 de marzo de 2016

Los diarios A Folha de S. Paulo y la importante revista de las finanzas británica The Economist publicaron artículos criticando los excesos del juez Sérgio Moro. ¿Está una parte del “partidos de los medios” distanciándose del “partido judicial” o poniéndolo sobre aviso para que pueda cumplir un papel de Bonaparte, alzándose como árbitro por encima de los grupos en conflicto?

El bonapartismo, como concepto marxista, surge de una situación política en la que ninguna de las clases fundamentales y sus partidos logra imponerse sobre otra, entonces un tercero, un ‘outsider’ frecuentemente, parece sobrevolar estos intereses y arbitrar entre ellos para en realidad fortalecer a la clase dominante. Este elemento, junto al estancamiento de las movilizaciones de la derecha, incluso con el derecho a "vianda gourmet", expresan que aun cuando el gobierno sigue debilitado, hay una situación de impasse, como ha sido muy bien analizado en este artículo.

Todo el discurso del poder judicial es de cierto “sebastianismo” con el juez Sérgio Moro -en buen inglés de estampa de remeras, “In Moro We Trust”- quien asumió para sí con mucho orgullo el papel que ya tenía el presidente del Supremo Tribunal Federal, Joaquim Barbosa, ejemplifican este escenario.

Para poder mostrarse como árbitro y “por encima del bien y del mal”, el poder judicial necesita contener, tener legitimidad, mostrarse imparcial. Lo opuesto a lo que ha hecho Moro y, más que él, la fiscalía paulista o el juez defensor del “impeachment para poder ir a Disney” que había presentado el fallo contra la asunción de Lula. Para legitimarse en este papel- hay incluso quien especula que veremos a Moro candidato- no puede aparecer rompiendo la Constitución ni tampoco siendo parcial. Lo opuesto a la foto de hoy.

Por ahora, Moro se muestra como un agente del impeachment, eligiendo a los políticos petistas y sus empresarios amigos a castigar, al mismo tiempo que libra a otros políticos capitalistas, como los del PSDB, y sus empresarios amigos. Con esto, busca favorecer un nuevo gobierno que él rubricaría como “no corrupto”, que tendría más fuerza para implementar la agenda de ataques a los trabajadores, mayor entrega de los recursos naturales del país al imperialismo que la que ya ha hecho la presidenta Dilma Rousseff.

¿O escuchará Moro el alerta y buscará contenerse y ser menos selectivo, buscará tener fuerza para hacer un “Mani Pulite hasta el final”? ¿Cambiando profundamente el régimen, dinamitando los partidos existentes para crear un régimen “cero kilómetro” en el que, por la vía del poder judicial, profundamente ligado al imperialismo, imponga su agenda?

Sabemos que el Mani Pulite no significó el fin de la corrupción en Italia, todo lo contrario. Una salida u otra exige que Moro, la Operación Lava Jato que investiga los esquemas de corrupción en Petrobras, el Supremo Tribunal Federal, cuiden el “decoro” para poder ser una fuerza bonapartista que ayude a cambiar completamente el régimen político o al menos el gobierno.

Estas iniciativas políticas usando el “partido judicial” se apoyan en un desarrollo de elementos bonapartistas de esta fuerza en el último período, veamos algunos de ellos.

Pasos estructurales de fortalecimiento del poder judicial como fuerza sin control democrático

Esta ubicación, según todo indica, parece estar tejida con el imperialismo que exalta los avances procedimentales y resultados de la Operación Lava Jato las semanas pasadas. Las fuerzas judiciales y policiales de Brasil desde 2001, con el combate al terrorismo y con la mayor intensidad en las vísperas del Mundial y de las Olimpiadas, fueron integradas con mucha mayor intensidad a los planes norteamericanos de vigilancia y represión.

Moro fue entrenado en el Departamento de Estado, Joaquim Barbosa era del ala dura de la fiscalía, conocida por enfatizar el castigo, no del ala “garantista” de derechos, antes de ser ministro del STF, contrariando al petismo que quería que fuese nombrado el histórico progresista Fábio Konder Comparato. Que toda la operación Lava Jato se centralice por los procedimientos de un juez de primera instancia de un estado secundario como el de Paraná, en la estratégica triple frontera (cuna de una gran comunidad siriolibanesa y en la que Estados Unidos siempre acusó que había lavado de dinero para el Hezbollah y otros grupos que ellos denominan terroristas), no es mera coincidencia.

Tampoco es coincidencia la cantidad de sionistas que apoyan al juez Moro, basta ver su ‘timeline’ en facebook. En Paraná, más que en cualquier lugar, hay mayor integración de las fuerzas represivas nacionales con los agregados norteamericanos y sus técnicas de escuchas y delaciones.

Primero, establece diálogo directo con la población vía filtraciones selectivas a los medios televisivos y gráficos. Mediáticas búsquedas y aprehensiones, traslados por la fuerza, siempre con los mismos policías, buscan erigir héroes. Hoy Moro popstar, pero antes de él Gilmar Mendes y sobre todo Joaquim Barbosa. Los medios nativos en su empresa “anticorrupción” pasaron a erigir héroes en el poder judicial luego de que su paladín en el poder legislativo, Demóstenes Torres (ex DEM) fue encontrado con la mano en la masa del dinero empresario del juego, Carlinhos Cachoeira.

Segundo, el poder judicial se levanta por sobre las fuerzas en conflicto interviniendo sobre otros poderes, el legislativo y el ejecutivo, creando a su propio gusto nueva jurisprudencia. Esto va desde el Supremo Tribunal Federal (STF) con sus intervenciones sobre el poder legislativo determinando los pasos del impeachment, o bien creando la norma de que primero deben votarse los vetos presidenciales y después lo que el parlamento quiera, o determinar si un político puede ser designado ministro o no, hasta la Operación Lava-Jato que innova (en clave represiva) sobre jurisprudencia, de las delaciones premiadas a la teoría de “dominio de los hechos”, que permite castigar sin prueba de culpa, por mera presunción de conocimiento de los hechos.

Tercero, el poder judicial y otras fuerzas represivas y judiciales buscan ponerse por encima de todo control democrático para poder elevarse hasta el final como árbitros y desde ese lugar determinar un nuevo gobierno o régimen que sea más favorable al ataque a los trabajadores. Para elevarse por encima del control de los simples mortales cuentan con la ayuda del “partido mediático” para manipular la opinión pública.

Ejemplos de esta falta de control que mina una de las premisas de la democracia burguesa como es la división de poderes y lo que se conoce en inglés como accountability, checks-and-balances, es la presión para convertir a la Policía Federal (PF), al Ministerio Público Federal (MPF) y a los abogados del Estado (AGU, Abogacía General de la Unión) y otros órganos policiales y judiciales en entidades autónomas. O sea, que no tengan ni siquiera sus jefes nombrados por el Poder Ejecutivo o Legislativo, es decir, que ellos, tal como el poder Judicial, se autocontrolen. Como máximo toleran que exista una terna y que el Ejecutivo o Legislativo acepten se elijan entre sí. Una casta por sobre los simples mortales, incluyendo entre ellos, no solo al que escribe o al lector, sino también a los oligarcas senadores y hasta presidentes de la República.

La desconocida PEC 37 (Propuesta de Enmienda Constitucional 37/2011, que otorga autonomía al MPF) ganó fuerza en sectores de masas en medio de las jornadas de Junio de 2013, con videos del conocido cineasta Arnaldo Jabor defendiendo la enmienda, un petitorio firmado con las diez medidas del MPF (impulsado por los promotores de la Operación Lava-Jato) y el impulso del nuevo petitorio con carpa y agentes de la Policía Federal juntando firmas en la Avenida Paulista en pleno domingo, a favor de la enmienda constitucional, buscando asegurar su autonomía.

Estos son tres ejemplos flagrantes de estas iniciativas “elevar” e “independizar” al poder judicial y a partir de esta ubicación actual actuar como árbitro entre los grupos en conflicto y elegir cómo poner en marcha un gobierno o régimen que llamarán “limpio” (pero que será igual de corrupto, como no puede ser de otra manera bajo el capitalismo, un sistema basado en la explotación y la ganancia) y pueda imponer una agenda de ajustes más agresivos.

De la crítica procedimental y constitucional del accionar de Moro a la crítica de la democracia

Criticar la forma procedimental y constitucional del accionar del juez Sérgio Moro y la Operación Lava-Jato como hace el petismo no es suficiente. Hay evidentes atropellos constitucionales, sin dudas. Pero lo importante es ver que este accionar es la forma de una política de ajustes que el PT también practica. Es una forma de pisotear derechos constitucionales como también el PT sabe hacer, como hizo dando su aval, frente a los trabajadores en Belo Monte, Jirau, a la militarización de las obras en construcción con una tropa creada por el PT, la Fuerza de Seguridad Nacional.

O, como el ejemplo más evidente, en los morros y favelas donde los derechos se aplican de forma, digamos sui generis, incluso en las áreas con las UPPs (Unidad de Policía Pacificadora), iniciativa represiva celebrada por Lula y Dilma creada a partir de las experiencias del ejército brasilero en Haití, donde actúa para garantizar los intereses estadounidenses.

Luego de no dar ningún combate en estos 14 años de gobierno en defensa de los derechos democráticos, la derecha que estaba a su lado, evaluando los métodos corruptos que el PT asimiló del PSDB, PMDB, etc., se sintió con coraje de ir por más. Tal como la central patronal FIESP luego de interminables subsidios y benevolencia de la CUT, que nunca salió a la lucha decidida contra los despidos, se sintió con coraje de querer más, ahora vemos el mismo movimiento por parte del “partido judicial”.

Combatir este accionar pasa por ir más allá de la defensa de esta democracia degradada de super jueces incontrolables, elegidos por nadie, una democracia de las UPP que viola sistemáticamente los derechos civiles. Una democracia de leyes contra las huelgas, de la recién sancionada Ley Antiterrorista que limita a los movimientos sociales y combinada con otras leyes también sancionadas por Dilma, prácticamente prohíbe huelgas en sectores estratégicos del proletariado como el de la energía y el transporte.

Para los revolucionarios del Movimiento Revolucionario de Trabajadores (MRT) superar estos atropellos a los derechos civiles y toda esta democracia degradada, de los ricos, de operaciones como Lava-Jato, de los super jueces que niegan la voz a aquellos que osen cuestionar, pasa por construir otro tipo de democracia, de los trabajadores basada en sus lugares de trabajo, rompiendo con el capitalismo y el imperialismo. Sabemos que la mayoría de los trabajadores no comparten aun esta perspectiva, por eso proponemos a aquellos que quieran defender la democracia, que no defiendan esta democracia degradada, sino una donde el pueblo pueda decidir sobre cómo combatir la corrupción, cómo terminar con los privilegios de políticos y jueces y poner fin a los ajustes. A ellos proponemos una Asamblea Constituyente Libre y Soberana, que a partir de la movilización independiente de los trabajadores y la juventud contra los ajustes y la impunidad, imponga la revocabilidad de todos los mandatos, que todos los cargos políticos, de jueces a parlamentarios sean electos y revocables, que todos los políticos y jueces, fiscales, ganen como una maestra y que se imponga que el juicio por jurados populares se extienda a los crímenes de corrupción. No confiamos en que sea por las manos de los Moro o los Cunha que la corrupción será castigada, sino por el pueblo.






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