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Red Internacional

Con un nuevo incremento anunciado por el gobernador, en un año el “básico” de un oficial de la Bonaerense creció un 146 %. Los uniformados ya acumulan incrementos que llevarán sus ingresos mensuales a $ 155 mil promedio. En plena crisis económica y social, mantener a las tropas contentas para controlar a los pobres y reprimir la protesta es una cuestión de Estado.

Daniel Satur@saturnetroc

Martes 17 de mayo | Edición del día
Foto Prensa Gobierno de la provincia de Buenos Aires

En las últimas horas el gobierno de Axel Kicillof anunció un aumento de ingresos mensuales para miembros de la Policía Bonaerense del 10 % para los meses de mayo y diciembre. Esos incrementos se suman a los ya dados para marzo, julio y septiembre. Así, la fuerza represiva provincial acumula para 2022 un aumento promedio del 60 % en sus “salarios” (entre comillas, porque los policías no son parte de la clase trabajadora que produce las riquezas sociales). En el Ministerio de Seguridad que comanda Sergio Berni no descartan, lógicamente, nuevos aumentos en los próximos meses.

El gobierno del Frente de Todos informó en un comunicado de prensa (que luego replicó Kicillof en Twitter) que “con este nuevo aumento, el sueldo neto de un oficial de policía ingresante será en diciembre $ 113.194” y que “adicionando la compensación por uniforme de $ 7.500 que perciben de manera mensual, el sueldo neto de un Oficial de Policía que recién inicia su carrera ascenderá a $ 120.694”. De esta manera, según los cálculos del Ministerio, en pocos meses el “salario de bolsillo promedio” para toda la fuerza se elevará a $ 155 mil.

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Más allá del cálculo promedio, el propio gobernador destacó que, “con este nuevo aumento continuamos mejorando la calidad del salario. Así se refuerzan los sueldos básicos para recomponer la retribución según la jerarquía. El sueldo básico de un oficial se incrementará en 146 % a partir de diciembre en relación al mismo mes del año anterior”.

Kicillof agrega convencido: “seguimos trabajando para jerarquizar el trabajo de nuestras fuerzas de seguridad con una inversión histórica. Una Policía más equipada, profesionalizada y mejor remunerada se traduce en más seguridad para cada bonaerense”. Esta definición es totalmente falsa. Lo demuestra la historia reciente.

En los últimos veinte años la Bonaerense creció exponencialmente en efectivos (se duplicaron las tropas con las gestiones de Daniel Scioli y María Eugenia Vidal), en presupuesto, en tecnología y en equipamiento. Pero aún con ese engorde del aparato represivo (muy superior al crecimiento poblacional), alcanza con prender la televisión cualquier mediodía para ver cómo el crimen organizado ni se mosquea y sigue facturando pese a esa supuesta “amenaza” del Estado.

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Es que tanto Kicillof como Berni saben que la fuerza que conducen está hundida hasta los huesos en el mapa delictivo provincial, participando directamente en las redes de trata de personas, el narcotráfico, la piratería en calles y rutas, el contrabando polirrubro, el juego clandestino y los desarmaderos. Y cuando no gerencia los negocios directamente, se encarga de proteger a cambio de comisiones a los capitalistas de la ilegalidad.

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También saben el gobernador y su mano ultraderecha que esa misma Policía es la encargada de controlar a sangre y fuego las barriadas populares, enfocándose en perseguir, verduguear, detener, torturar, armar causas y hasta desaparecer y matar a las y los jóvenes pobres de la provincia. Los ejemplos cotidianos abundan. La Izquierda Diario acumula infinidad de crónicas al respecto, que son sólo muestras de una situación extendida en todo el territorio bonaerense.

Claramente, la decisión del Frente de Todos de seguir empoderando a comisarios, oficiales y suboficiales no es algo espasmódico ni mucho menos circunstancial. Si algo hay que reconocerles a Kicillof y compañía es su coherencia en esta materia. En dos años y medio de gestión, mejoraron sostenidamente la condiciones materiales en las que la fuerza realiza sus tareas, al tiempo que se encargaron de encubrir a sus miembros en cuanto delito o crimen se vieron involucrados.

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Si bien eso, de por sí, ya habla de las “prioridades” del gobierno peronista (que no tiene nada que envidiarle a la gestión Vidal-Ritondo), ¿cuánto más significa en un contexto en el que cada vez se degrada más la existencia de millones de seres humanos en los barrios populares bonaerense? Ni hablar en el conurbano, donde tener un techo, comer, vestirse, educarse y tener salud (no digamos poder divertirse o disfrutar del arte y la cultura) cada vez se convierte más en un “lujo”.

Hoy no hay especialista o analista político, económico o social que deje de remarcar lo extremadamente precaria que es la situación en la que viven alrededor de veinte millones de habitantes de la Argentina. De ese universo de pobres e indigentes, una gran porción vive en territorio bonaerense, mayoritariamente en el Gran Buenos Aires. En esas barriadas todavía se mantiene una extendida pasividad. Pero ésta no se da por falta de razones para salir a reclamar derechos básicos, sino por la acción decidida de las burocracias sindicales y de los movimientos sociales integrados al Frente de Todos, que garantizan el “malmenorismo” y la desmovilización.

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En este contexto, el empoderamiento de la Policía, del Servicio Penitenciario y demás agencias represivas no puede pensarse por fuera de los objetivos estratégicos del Estado para controlar y reprimir a los sectores más castigados de la sociedad que hoy están a tiro de estallar de bronca y expresarlo en las calles.

Que Kicillof se vanaglorie de aumentarles un 146 % del mal llamado “sueldo básico” a los oficiales de la Policía, mientras hay miles de niños y niñas que en su provincia comen día por medio porque su Gobierno desfinancia conscientemente hasta los comedores barriales, sólo puede ser “natural” y lógico si hay una política decidida de privilegiar al capital y sus apropiadores. Lo que a esta altura resulta sumamente curioso es que el Frente de Todos siga diciéndose “progresista”.

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