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Red Internacional

Convención Constitucional. Entre fakenews y festejos artificiales ¿A dónde va la Convención?

No es fácil seguir el ritmo frenético de la Convención. Y menos ahora. Según el calendario, el 6 de mayo, en 2 semanas, debiera el pleno entregar listo el borrador de la Nueva Constitución a la Comisión de Armonización. Las materias de importancia aún se mantienen indefinidas. Pero todo apunta a que irá pareciéndose cada vez más, en lo estructural, a la Vieja Constitución.

Viernes 22 de abril | 15:01

El 5 de julio debe estar totalmente listo para ir al plebiscito de salida. Con el plazo final cada vez más cerca, la Convención le ha puesto el acelerador a la tramitación de normas. En la corrección del cronograma ya no parece posible hacer una mayor anticipación. Lo que suceda en un día define lo que se hará el siguiente. Las comunicaciones oficiales sobre lo que tratará una sesión, apenas se publican unas horas antes de que comiencen. Las reglas cambian rápidamente. Esta semana es la primera vez que el pleno sesiona los 5 días.

¿Qué está pasando?

Eso nos preguntamos todos. Pero ni la derecha ni la mayoría de la izquierda tienen interés hoy en indicarnos la verdad hacia dónde se dirige el asunto. Mientras la derecha enciende alarmas de una Constitución supuestamente jacobina, la izquierda mayoritaria exagera los avances parciales en materia de derechos, que usan para ocultar los cada vez mayores retrocesos y moderaciones en sus propuestas estructurales. Lo cierto es que la Nueva Constitución, allí donde es más relevante, sigue indefinida, pero va tomando el camino de ser cada vez un poco más parecida a la Vieja Constitución.

El miércoles el pleno de la Convención sorprendió a muchos con la aprobación “a la primera” -como no estaba siendo habitual- de una serie de derechos fundamentales: derecho a la negociación colectiva en todos los niveles; a la huelga; a participar en las decisiones de la empresa; prohibición del despido arbitrario; derecho de toda persona a una vivienda digna; un sistema de Seguridad Social público; un Sistema Nacional de Salud público e integrado; un Sistema Integral de Cuidados, estatal y universal; verdad y reparación por los crímenes contra los derechos humanos.

Ante esto, la derecha, como lo ha venido haciendo durante todos estos meses, gritó, alegó y echó lágrimas de cocodrilo. En cambio, desde el Partido Socialista, pasando por el Frente Amplio y el Partido Comunista, hasta los convencionales “independientes” de Movimientos Sociales y de la ex Lista del Pueblo, festejaron la jornada calificándola como un “triunfo histórico”. Los coordinadores de la Comisión de DDFF, Janis Meneses (MSC) y Cesar Valenzuela (PS), salieron con un amplio grupo de convencionales a un punto de prensa, para celebrar el acuerdo transversal que había “consagrado los derechos sociales en su mayor esplendor (!)".

Hay al menos dos preguntas que hacer aquí. Una si realmente esto se trata de un avance tan importante como dicen ellos o no. Y dos, si hay algo detrás de una votación tan amplia y rápida de estas normas, y de la exagerada celebración posterior.

Sobre la primera pregunta no nos vamos a detener aquí en el detalle, que hemos empezado a responder desde este diario en otras notas. El consenso de los comentaristas técnicos es que la redacción de las normas es poco definida, y dejan muchas dudas sobre cómo se interpretarán en las leyes, las que se delegan al congreso para su trámite, y cómo se aplicarán. No obstante, tomadas en general, resultan un avance formal. Por ejemplo, el que el derecho a la huelga pase de ser un artículo del Código del Trabajo a estar escrito en la Carta Magna, es de por si algo que eleva su importancia. Ahora bien, eso no significa que las huelgas no seguirán teniendo los mismos límites y obstáculos que tienen hoy para poder hacerse efectivas y que el estado capitalista deje de imponerles la regulación que ya tienen para inhibir su fuerza. Por lo demás, en la mayoría de los países del mundo y en toda Latinoamérica excepto Chile, el derecho a huelga está en sus constituciones. Pero no por eso las huelgas se respetan más o se reprimen menos.

La segunda pregunta se apoya sobre la primera. Busca explicar las votaciones y no sólo aclarar el alcance de las normas. Orienta sobre el proceso constituyente mismo. La votación del miércoles fue sobre normas de carácter más bien “dogmático”, esto es, de derechos. Puso adjetivos y nombres a principios y organismos. En otras palabras, hace definiciones que son como promesas por cumplir y que rara vez se cumplen. En cambio, la semana pasada lo que se votó fue el informe central de la Comisión de Sistema Político. Esta tiene por misión darle a la constitución los fundamentos de sus normas "orgánicas", las que definen cómo se organiza el poder del estado. Da la estructura a un estado que -dependiendo de la fuerza de los intereses en pugna- podría facilitar o dificultar el cumplimiento de los derechos fundamentales. No por nada esta comisión es llamada “sala de máquinas” de la Convención. Pero la máquina se averió otra vez. El “Gran Acuerdo” que había sido firmado por representantes de todas las fuerzas políticas -con excepción de la derecha-, en sus normas principales, no logró alcanzar los 2/3 de los votos del pleno requeridos para ser aprobadas. Fracasó, como explicamos con detalle en esta nota anterior, “lo aprobado no alcanza ni siquiera para asentar lo que era la base del acuerdo: el bicameralismo asimétrico y presidencialismo atenuado”. Sin embargo, a pesar de las evidentes molestias y preocupación por las fuerzas políticas de la constituyente, ninguna ha querido alertar al público del verdadero significado de este fracaso: la propuesta, que ya era moderada y mantenía las bases del cuestionado régimen de los 30 años, si nada interrumpe la tendencia hacia su derechización, se seguirá moderando y pareciendo más a la actual Constitución.

No se puede seguir moderando la Nueva Constitución sin aumentar la creciente desconfianza y desilusión de sectores de masas en la Convención. Sectores que ven que la parte de la izquierda allí representada no cumple sus promesas, ni tampoco ven avances en sus demandas urgentes. Al contrario, ven que aumenta su miseria. El nuevo gobierno de Boric tampoco ayuda a contener esto. El reciente bloqueo al quinto retiro de fondos de pensiones por parte de Apruebo Dignidad y el PS, se suma a una serie de derechadas que agotaron rápidamente su “luna de miel”.

La próxima semana la Comisión de Sistema Político debiera entregar un informe de reemplazo con las normas enmendadas. Es probable que se agreguen más atribuciones del actual Senado a la nueva Cámara de las Regiones, entre otras moderaciones. También es posible que no se llegue a acuerdo en normas básicas. Ya los partidos del régimen se vienen anticipando para un escenario probable donde el congreso constituido, en el cual la derecha tiene la mitad de los escaños en las dos cámaras, deba llenar los vacíos de la Nueva Constitución después de aprobarse. Un escenario tal sería muy proclive a las crisis políticas o institucionales. La gradualidad en la transición de una constitución a otra, y que podría durar varios años, no asegura contra estas crisis, sino que solo le da más tiempo para que se presenten. Los partidos del gobierno en la Convención, donde el FA y el PS son el eje, a la vez que seguirán dándole la espalda al movimiento de las calles, se preparan para ceder hacia la derecha aun más de lo que vienen haciendo.

Tomando todo esto en cuenta ¿no es entendible el repentino apuro por aprobar normas de derechos fundamentales? ¿no es entendible también el festejo artificial de parte de quienes, mejor que nadie, saben que podrían no tener mayor alcance?

Un escenario aún indefinido hacia el plebiscito de salida

Mientras una parte de la derecha, incluso desde el interior de la Convención, agita ya el rechazo al plebiscito de salida de la Nueva Constitución, la mayor parte de la izquierda ya viene adelantando una campaña incondicional por el Apruebo. Gabriel Boric, desde afuera, ya puso hace más de un mes su firma al cheque en blanco: “cualquier resultado será mejor que una Constitución escrita por cuatro generales” sentenció en la primera entrevista tras ponerse la banda presidencial.

Por su lado, la derecha y la centroderecha autodenominada “amarilla”, a través de los grandes medios de comunicación empresarial, fabrican hace rato una ofensiva campaña del terror contra lo que se viene proponiendo en la Convención. Acuden para ello a todo su arsenal, incluso al más vulgar, como es la mentira descarada. Incluso lo hacen directamente los mismos convencionales. Después de mentir, sus posteriores aclaraciones y elaboradas evasivas para seguir con el engaño apenas disimulan el haber sido preparadas de antemano. Un convencional como Bernardo Fontaine (RN), cuyas declaraciones virales superan cualquier parodia, además de ser miembro de una oligárquica familia cultora de la mentira [1], es también un banquero: sabe bien que la moneda falsa circula más rápido que la verdadera. A la derecha no le sirve la verdad. Lo que le sirve es provocar un clima para presionar que la nueva constitución termine siendo lo más parecida posible a la actual. Y, pese a que se diga por todos lados lo contrario -lo cual también es parte de la misma campaña de presión-, está logrando ese objetivo.

Pero la derecha no es la única que maquina operaciones y tuerce la verdad. Sus falsedades que siembran pánico y confusión puede hacerlas por dos razones: porque tiene a su favor el breve plazo que tiene el proceso constituyente; y por los titubeos de la izquierda mayoritaria, que en todas las polémicas queda a la defensiva y retrocediendo de a poco de su huidiza posición. No quiere esta “izquierda” por ningún motivo polarizar las diferencias. Desea sobre todo asegurar la estabilidad de su gobierno, de mantener la alianza con el sector del progresismo neoliberal, el PS. Se trata para ella sobre todo de poner paños fríos, para calmar a empresarios por un lado y al pueblo trabajador por otro. Pero además, y por el mismo motivo, tampoco puede contestarle a la derecha con toda la verdad. Se vería así obligada a admitir su enorme moderación, y su conservación a los pilares del viejo régimen, ante un pueblo expectante con una desconfianza creciente, que exige una solución a sus demandas sin ver todavía algún real avance. Al contrario, lo que necesita con urgencia esta izquierda moderada es sobre todo ocultar y maquillar lo que se cuaja .Para lograr eso, la aprobación de ayer de los derechos fundamentales no va a bastar.

La nueva constitución que se cocina está lejos de ser “partisana”, como apunta el convencional Hernán Larraín Matte (EVO), otro miembro también de uno de los grupos económicos más poderosas de Chile -el cual, vale mencionar aquí, en este momento tiene un notorio conflicto por despidos en La Papelera en Puente Alto-. Como decíamos más arriba, no se ha escrito todavía una sola norma de importancia estructural en el borrador de la Nueva Constitución. Los verdaderos dueños del país, la clase capitalista, reconocen esto. Hasta el presidente de la Confederación de Producción y Comercio (CPC), Juan Sutil, uno de los representantes del gremio de los explotadores que más ferozmente se ha lanzado contra la Convención, refiriéndose a una de las normas del martes que fue motivo de exageraciones en todos los bandos, decía ayera mí me parece bien que los trabajadores tengan esos rangos de participación dentro de la empresa... en Alemania existe, en todos los países europeos existe”.

Anteayer, un periodista especializado en economía en Pulso La Tercera, en base a las entrevistas sobre las últimas normas aprobadas, definía certeramente la posición actual de la gran burguesía en Chile: “los representantes de los empresarios, en general, tienen una visión cautamente crítica... no obstante, ya muestran varios reparos y dudas”. Es que los dueños del capital a menudo emiten declaraciones más realistas que los políticos que les sirven. No porque sean más honestos que ellos, sino porque a sus políticos, una vez agotadas las operaciones puntuales y de pagarles millonariamente por su función, los pueden mudar de frente. En cambio a los propios empresarios no les conviene hacerse de muchos enemigos. No pueden abandonar su puesto en el poder real, de ser los verdaderos dueños del país.

La burguesía financiera, por su parte, viendo al país, continúa repitiendo una y otra vez la misma palabra: “incertidumbre”. Pero cada vez lo hace con un tono más tranquilo. La nueva constitución ha ido dejando de ser la mayor preocupación de la banca. Tienen en la mira otras dos cosas: el aumento significativo de la deuda fiscal y la desaceleración del crecimiento, que vienen desde el gobierno de Piñera; y la debilidad del nuevo gobierno de Boric y la crispación social. Su “preocupación” no es que el proceso constituyente cambie mucho las cosas, sino que no resulte bien, es decir, que no logre el objetivo de dar estabilidad y gobernabilidad. Para la calificadora de riesgos Fitch Ratings, Chile actualmente califica como “A- con perspectiva estable”, lo que se traduce en que ven “los riesgos equilibrados al alza y a la baja”.

El Ministro Mario Marcel se encuentra precisamente en este momento en Estados Unidos en reuniones con el FMI y el Banco Mundial, explicándole a los rapaces especuladores internacionales en que va el plan del gobierno en estas materias. Respecto a la Nueva Constitución, les aclaró que aún no hay propuesta aprobada sobre el Banco Central, pero que ya pasaron al borrador una norma que dice literalmente que “la hacienda pública se conducirá a través de principios de sostenibilidad y responsabilidad” y otro artículo relativo al Presupuesto Fiscal, que es, según Marcel, “casi idéntico a la actual Constitución”.

El conformismo o la construcción de una alternativa revolucionaria

El apuro en declararse en conformidad con “cualquier resultado” de Boric, y de una izquierda que se apresta pronto a renovar la épica del Apruebo de salida, es una muestra de la incapacidad de ver otra alternativa. Pero sobre todo de lo desesperados que están por conseguir una “gobernabilidad” a toda costa. Incluso a costa de romper las promesas que hicieron al pueblo que los eligió, como la libertad a los presos de la Rebelión de Octubre. La tarea que le encomendaron los partidos de los 30 años a la Convención, y que fraguaron en el Acuerdo por la Paz con el mismo Boric, de restaurar el orden y la estabilidad de su democracia, es asumida por esta “izquierda”. El discurso de la “unidad nacional”, de los “grandes acuerdos transversales”, del “uso legítimo” de la violencia de las fuerzas del orden, de hacer una Constitución que sea “casa de todos”, donde convivan explotados y explotadores, opresores y oprimidos, es también el discurso de esta “izquierda”.

No es difícil autodenominarse “antineoliberal” sin serlo en absoluto. De hecho, hasta ahora el gobierno de Apruebo Dignidad es lo más parecido a un gobierno concertacionista, aunque con un rostro juvenil. No le molesta que la clase capitalista, que vive a costa del trabajo ajeno, sea la que realmente gobierne en su democracia, sino sólo el cómo gobierna. Pretende que con mayores regulaciones al mercado y un pacto tributario, incluso dentro del neoliberalismo y hecho por un ministro de los gobiernos anteriores, pueda “emerger una élite empresarial distinta”, como no se cansa de insistir Nicolás Grau, el ministro de economía y fiel consejero de Boric.

Esa vaina nos vende este gobierno del PC-FA-PS, mientras ninguna demanda de la Rebelión de Octubre, ni inmediata ni estructural, ha sido resuelta. Al contrario, los padecimientos del pueblo trabajador se agravan. La inflación y crisis se continúan haciendo recaer sobre sus hombros. Las medidas son insuficientes y la derecha amenaza con capitalizar el descontento popular. Mientras tanto, la burguesía, los verdaderos expropiadores y usurpadores, siguen acumulando riqueza. El gobierno de “unidad nacional”, como todo los de su tipo, pronto empezará a buscar dividir a los sectores en lucha.

Por eso hay que retomar la unidad. Con un Pliego Común para luchar por nuestras demandas. Por el salario mínimo que por lo menos esté por encima de la línea de la pobreza de un hogar promedio, de 650 mil pesos ahora y corregido mensualmente según variación de los costos de vida. Por el reajuste automático mensual de todos los salarios de acuerdo al IPC, para al menos conservar el salario real mermado por la inflación. ¿Por qué el privilegio de los convencionales de recibir una remuneración indexada, que se paga en UTMs, no podría ser un derecho de todos los trabajadores? Por el quinto retiro y el fin de las AFP. Por salud, educación y pensiones dignas. Para poner fin al saqueo y la explotación.

La salida viene por las luchas; y viene por la construcción de una alternativa de izquierda, de trabajadores, anticapitalista y revolucionaria.


[1Su padre, Arturo Fontaine Aldunate, dirigió el diario El Mercurio en la dictadura.





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