Fue el 28 de octubre de 2019 cuando más de 10.515 fueron extraídos de las bases de datos de Carabineros y se dio a conocer el espionaje que realiza la institución a dirigentes y organizaciones sociales y sindicales. Este lunes la Corte de Apelaciones ratificó un fallo de la Corte Suprema que retira los cargos de espionaje contra Gonzalo Blumel (ex Ministro del Interior) y Mario Rozas (ex General Director de Carabineros).
Este lunes la Corte de Apelaciones de Santiago confirmó el sobreseimiento de Gonzalo Blumel y Mario Rozas, ex Ministro del Interior y ex General Director de Carabineros por la causa que investigaba el espionaje que realizaba Carabineros a dirigentes y organizaciones sociales. La información se dio a conocer luego de la filtración de más de 10 mil documentos de la institución el 28 de octubre de 2019 en medio del Estallido Social.
En febrero de 2020 la Corte Suprema había fallado a favor del gobierno declarando que las acciones de espionaje no constituían una falta a "los derechos humanos".
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En los documentos se describía como “blancos de interés” a diferentes dirigentes sociales. Entre los dirigentes se encuentran Mario Aguilar (ex Presidente del Colegio de Profesores), Emilia Schneider (ex Presidenta Fech), José Perez (Presidente de la ANEF), Faride Zeran Chelech, Vicerrectora de extensión y comunicaciones de la Universidad de Chile, Lorena Pizarro (Presidenta de la AFDD), Julia Urquieta Olivares (abogada PC).
Como señaló la investigación de Interferencia, dentro de los documentos pertenecientes a la Dipolcar (Dirección de Inteligencia de Carabineros) tenía un detallado seguimiento de una serie de dirigentes y organizaciones sociales, sindicales, estudiantiles.
Por ejemplo, se detalla que para la llegada a Chile del dirigente de Modatima y actual candidato a Gobernador de Valparaíso Rodrigo Mundaca, el pasado 1 de octubre de 2019, la policía conocía el recorrido de su llegada, las personas que llegarían a buscarlo, la hora y lugar de dónde saldrían.
Con este fallo se confirma el blanqueamiento de la justicia a Gonzalo Blumel y Mario Rozas y ratifica la política de espionaje y amedrentamiento de las instituciones del régimen contra las organizaciones sociales y quienes se movilizan. Es necesario enfrentar estos ataques a las libertades democráticas por medio de la movilización.