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Red Internacional

Antofagasta. Estado de excepción y mayor dotación policial, la peligrosa fórmula represiva de Ricardo Díaz

En diversas entrevistas, el Gobernador de Antofagasta, llamó además a los parlamentarios a legislar una ley de infraestructura crítica, solicitó mayores facultades a fiscales, reforzar a carabineros y expulsiones más rápidas.

Daniel VargasAntofagasta, Chile

Martes 16 de agosto | 07:39

Según señaló en CNN, el gobernador de Antofagasta señaló su adhesión a la propuesta presentada por los parlamentarios Johana Ahumada (PDG), Sebastián Videla (independiente del Partido Liberal) y Jaime Araya (independiente del PPD) de declarar estado de excepción en el norte del país.

El gobernador declaró que “hay que abrirse a distintas soluciones, y ahí el estado de excepción es una, pero no nos engañemos, no es la única solución. Necesitamos más competencias para los fiscales, necesitamos reforzar la labor de carabineros, necesitamos que las leyes mejoren, no en penas, en que estén bien hechas. Que haya una ley de infraestructura crítica, que haya una ley que establezca que es narcotráfico qué es microtráfico, estipulando claramente con pesaje, que hayan funciones para que los fiscales puedan tomar medidas preventivas en la investigación de los delitos, que se puedan hacer expulsiones rápidamente por parte de los encargados de migración regional".

Así mismo, en la edición dominical de El Mercurio de Antofagasta de este pasado 14 de agosto señaló “Creo que hay acciones que son inmediatas: poner protección en las carreteras, este estado de excepción en las carreteras, fortalecer las capacidades de nuestras policías, de Carabineros”.

Según el gobernador, parte de estas medidas estarían enfocadas a proteger el transporte de cobre, lo cual justificaría su entusiasmo con la ley del gobierno que busca justificar el despliegue militar acotado a estructuras críticas, cosa que ya hemos criticado en otras notas.

El territorio que se sometería al estado de excepción correspondería a las carreteras de la región y a la provincia de Tocopilla, según indicó Díaz.

Llama la atención que Díaz exprese tanta urgencia en el refuerzo de fiscalías y carabineros, en la compra de cámaras y otras medidas de seguridad, como si estas no existieran, siendo que la propia Izkia Siches, Ministra del Interior, ya comprometió en su fugaz paso por Antofagasta más de $2.500 millones de pesos para reforzar a las policías.

Reforzar Carabineros y la represión, o legitimar el despliegue militar no resolverá la sensación de seguridad que se vive en sectores de la población. Por el contrario, somos los trabajadores y jóvenes de los sectores populares los que viven la peor parte de esta “agenda de seguridad”.

No se trata de tener “buenas intenciones” a la hora de reprimir, sino de que quienes son los que cargan la peor parte, los que van a ver sus garantías procesales coartadas ante fiscales con mayores facultades, con policías reforzadas que le puede esperar a los jóvenes que comparten en plazas y barrios, como el reciente caso de 2 jóvenes en Tocopilla, que están siendo acusados injustamente bajo la complicidad de bomberos y Carabineros, siendo que el lugar de los hechos está lleno de cámaras y hay variados testigos, la fiscalía de todos modos solicitó la prisión preventiva de ambos jóvenes.




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