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Red Internacional

No es solución. Gobierno acuerda con empresarios transportistas y decreta estado de excepción en el norte

Ayer sábado, el Ministro de Interior, Rodrigo Delgado, el subsecretario de la misma cartera, Juan Francisco Galli, se reunieron en la delegación presidencial de Antofagasta con representantes de gremios empresariales del transporte, autoridades de la región y sus policías, para comprometerse con un plan de “seguridad” consistente en mayor represión social y fortalecimiento de una política antimigratoria.

Domingo 13 de febrero | 06:54

Tras la muerte de Byron Castillo el jueves, las empresas de camiones en parte del país realizaron cortes de ruta, exigiendo una respuesta del gobierno frente a la crisis de migración que es percibida como causa de estos delitos violentos. Esto en el marco de una fuerte campaña agitada por la derecha y los medios de prensa burguesa, de criminalización a la pobreza de las nuevas olas migratorias y, en particular, contra aquellos en condición irregular.

Ayer sostuvieron con representantes del gobierno una reunión cerrada que duró 6 horas, donde todos firmaron unánimemente la propuesta que les presentó el Ministro de Interior.

Junto a Delgado y Galli también viajó a la reunión el subsecretario de Obras Públicas, Cristóbal Leturia. Junto a ellos también fueron autoridades policiales: el director(s) de la PDI, Claudio González; el Jefe Nacional de Migraciones y Policía Internacional, Roberto Toloza; el sudirector de de Inteligencia, Crimen Organizado de la PDI, José Ortíz; el general subdirector de Carabineros, Esteban Díaz; y el general de Carabineros, Rodrigo Cerda.

Por la parte de los transportistas, asistieron a la reunión 17 dirigentes de dueños de camiones y transporte, encabezados por la Confederación Nacional del Transporte de Carga Terrestre (CNTC): representantes regionales de Agreducam, Agretoc, AGR, Agretans, Agretran, Asogretrans, Agremutrans. Recibieron desde afuera el apoyo de otras asociaciones gremiales, como la Cámara Nacional de Comercio.

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¿Cuál fue el resultado?

1) A arbitrio del presidente, se decreta el estado de excepción en sectores fronterizos de la Provincia del Tamarugal, Arica, Parinacota y El Loa. Se suspenden en el norte derechos democráticos elementales y se pone a la zona bajo control militar. Tal y como el gobierno hoy, con el respaldo del parlamento, también hace en la Araucanía y los territorios usurpados al Pueblo Mapuche.

2) Se publica el mismo día, para presentar en la reunión, el Reglamento de la Ley de Migraciones (21.325), la cual había sido ingresada por Piñera en su primer gobierno el 2013. Tras ser apurada por este en su segundo gobierno, fue aprobada casi unánimamente por ambas cámaras [1] y, finalmente, quedado lista para su promulgación en abril del año pasado. Sin embargo, quedó pendiente el reglamento y la toma en razón de Contraloría para poder ser aplicada. Así esta ley ahora, que entre otras cosas facilita las expulsiones y reconducciones de extranjeros irregulares, entra ya plenamente en vigencia.

3) De acuerdo al decreto 265 promulgado por Piñera en agosto 2019 y modificado en febrero del 2021, el cual otorgó más facultades policiales a las FFAA y autoridad en el control fronterizo, se aumentará en un 30% la presencia militar en la frontera y se brindará apoyo de la Armada.

4) Se refuerza la represión policial en la macrozona (Arica, Iquique, Antofagasta) mediante una millonaria inyección de recursos y de dotación de uniformados, y un plan de intervención con operativos de control, allanamiento y detención en las poblaciones “conflictivas”.

5) Se continuarán los decretos de expulsión de extranjeros que, por vía judicial o administrativa, se declaren que incumplen la ley. La próxima expulsión sería en marzo.

6 y 7) Una sanción administrativa a la Concesionaria Autopistas de Antofagasta por faltas de cumplimiento en el contrato respecto a la seguridad de la carretera, y la constitución de una mesa de trabajo entre esta, los gremios de dueños de camiones y el MOP.

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Un crimen brutal, inhumano y absurdo

Migrar es un derecho. Pero hoy, para muchos migrantes en todo el mundo, se trata del más básico de estos: una cuestión de vida o muerte. Es la más extrema miseria la que obliga a migrar a cientos de miles. Es por eso que se arriesgan a desafiar las durísimas condiciones climáticas de nuestras fronteras, a la violencia de mafias fronterizas, a la xenofobia del estado y la población nativa o regularizada, y a la incerteza de, después de todo eso, poder encontrar medios de vida para no morir. Y muchos, dispuestos a ello, mueren.

El año pasado decenas de migrantes que ingresaron o intentaron ingresar murieron. Otros no tuvieron siquiera la suerte de ser registrados, ni encontrados, ni de tener quien sepa donde reclamar por ellos. En la mayoría de los casos mueren de hambre y frío. En otros, en manos de las mafias o de la policía. Hay quienes han muerto en medio de plazas de las ciudades, incluso en las puertas de hospitales, sin ser atendidos.

Se trata de sobrevivir, al costo que sea. Los niños, en el arduo viaje a pie por los caminos, pasan varios días sin comer. A menudo, incluso, sin agua. Cuando llegan a un poblado, las familias no encuentran lugar que los proteja del clima o de la violencia desesperada de los pares. Hemos visto mujeres embarazadas, y a más de una, desangrarse en los paraderos.

Ni hablar de derecho al trabajo. Si este apenas existe para los trabajadores nativos, mucho menos para quienes carecen efectivamente de casi todo derecho. Los que tienen suerte de encontrar un trabajo que les permita salir de la miseria de superviviencia, suelen comenzar en las condiciones más humillantes de explotación y en la precariedad más indigna, y usualmente no para mejorar su condición, sino para para volver pronto a las filas del ejército de reserva de mano de obra y desempleo forzado.

Para el inmigrante irregular, que se arriesga a morir, la discriminación y las expulsiones de los países no son más que otras pruebas de un calvario que parece no tener fin. Clamar por este tipo de medidas, no es más que devolverlo al fondo de esa miseria de la que trata de salir. Es reafirmar un mundo donde la vida propia y ajena no tienen valor. Y cuando algunos de estos seres humanos que viven en la violencia permanente del paria, en la ceguera de esa guerra de todos contra todos al que la sociedad “civilizada” los arroja, comete -presuntamente- un acto brutal e inhumano como puede ser un asesinato absurdo... cabe preguntarse si no es también un crimen brutal, inhumano y absurdo el hacer pagar, por ese crimen, con el hambre, frío y muerte, a toda la clase de inmigrantes irregulares que no encuentran trabajo. O si no son otros los culpables. Y si la justicia y la paz van, más bien, en la dirección opuesta a estas soluciones.

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[1El 16 de enero del 2019, la ley de Piñera fue aprobada por 147 diputados a favor, 1 en contra (Jiles) y 1 abstención (Gutiérrez). El 13 de agosto del mismo año, aprobado en general por 41 senadores a favor, sin contras ni abstenciones.





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