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Gobierno intenta apresurar Admisión Justa para poner en marcha su plan educacional neoliberal

Gobierno busca apresurar Admisión Justa para implementar su plan neoliberal en torno a la materia educativa. Reponer la selección, la entrevista a los apoderados, y en definitiva profundizar la segregación en el sistema educativo.

Miércoles 23 de enero de 2019 | 08:14

La ofensiva de la derecha por la segregación escolar

“Se perdió un tiempo maravilloso (…) A nosotros nos tocó por primera vez implementar la Ley de Inclusión y nos dimos cuenta de las injusticias. No queremos dejar otro año sin modificarlo. Ojala que se pueda modificar antes de septiembre”. Estas fueron las declaraciones de la Ministra de Educación, Marcela Cubillos, en entrevista con 24hrs.

Y es que Chile Vamos busca apurar y poner en ofensiva su política educativa, no sólo como parte de una campaña mediática para desviar la atención de Chadwick y la crisis abierta con el asesinato cobarde de Camilo Catrillanca, sino que también como parte de su programa neoliberal en torno a la política educativa, o como diría Piñera, a la "industria de la educación".

Parte de dicho proyecto busca reponer los mecanismos de selección, profundizando el problema de la segregación escolar, buscando que un 30% de la matrícula escolar pueda seleccionarse a partir de “criterios relacionados a su proyecto educativo” (como las escuelas católicas), reponiendo las entrevistas con padres y apoderados, así como especificando que los liceos emblemáticos y bicentenarios puedan completar el 100% de su matrícula vía “mérito académico”, cuando apenas alrededor de 300 son las escuelas y liceos bicentenario y emblemáticos, de las más de 8.000 escuelas públicas.

A esta situación se le añade el profundo problema de la subvención a la demanda, ya que quiere decir que la transferencia de recursos del Estado a las escuelas es según su cantidad de estudiantes efectivos, y no según las necesidades que estas presentan. Por tanto, prima la competencia y el autofinanciamiento.

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La ley Machuca: ¿Apenas un cambio cosmético?

Por otro lado, la propuesta de un grupo de parlamentarios que va desde la cuestionada Democracia Cristiana hasta el Frente Amplio, busca que un 30% de los cupos de los colegios a nivel nacional, incluyendo a los particulares pagados, estén reservados para el 40% de la población más precarizada del país.

Sin embargo, la lógica del proyecto no se aleja de una inserción forzosa de un grupo de la población más vulnerable de los jóvenes estudiantes en un mundo de privilegios, lo que no cerrará las brechas de la discriminación socio-económica, el bullying, y el mismo funcionamiento de la educación de mercado que se encuentra de fondo. Es decir, un maquillaje superficial a lo que de fondo requiere de una cirugía profunda.

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La situación educacional en Chile es gravísima. Esto se puede apreciar no sólo con la precaria infraestructura de los establecimientos educacionales municipales, situación que se profundiza en regiones con menores ingresos, sino que también en los resultados de la PSU, que en el proceso de admisión 2018 tuvo 209 puntajes nacionales, de los cuales solo 22 provenían de colegios municipales, mientras 153 fueron de centros privados, en donde los estudiantes de escuelas privadas solo representaban el 11% de quienes rindieron la PSU aquel año. Es decir, una situación de segregación enorme.

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La educación hoy en día en Chile se encuentra separada por un gran abismo entre ricos y pobres. Abismo que parecieran querer obviar desde la "oposición parlamentaria".

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Es por esto que se requiere de un Sistema Nacional Unificado de Educación Pública, que integre los distintos niveles educativos, desde la educación parvularia, básica, media y superior, que utilizando los miles de millones de pesos que se van actualmente al mundo privado, asegure la completa gratuidad y el libre acceso, para acabar con las pruebas estandarizadas como el SIMCE y la PSU que, con un marcado carácter de clase, reproducen la segregación.

Esto acompañado de un funcionamiento en la discusión entre los trabajadores de la educación (profesores y funcionarios), estudiantes y apoderados, instalando que directivos y rectores sean cargos electos y revocables, para que seamos los distintos estamentos quienes decidamos, tanto como administrar los recursos, así como qué contenidos del currículum son los necesarios para entregar una educación integral, multidisciplinar, contextualizada y significativa.

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