Política Chile

Hernán Larraín niega que hay presos políticos y defiende las trampas de la convención: "No le está encomendado juzgar ni legislar"

En el contexto del amplio debate abierto, el ministro de justicia, Hernán Larraín se sumó a los personeros de la derecha que, no solo han salido a señalar que en Chile no existe la prisión política, sino también a defender que la convención no decrete la libertad de lxs presxs políticxs.

Yamila Martínez Urrutia

Estudiante de Pedagogía en Educación Básica, UMCE. Y militante de la agrupación Vencer.

Jueves 8 de julio | 07:56

Este miércoles se discutió en la Comisión de Constitución del Senado el proyecto de indulto para los presos políticos de la rebelión. Un debate que hoy no solo se encuentra en las estrechas paredes del Senado, sino que ha traspasado la calle y a la propia Convención Constitucional, quienes empujados por familiares de presxs políticxs han tenido que aceptar discutirlo. Sin embargo, a pesar de esta urgencia que cientos señalaron el domingo movilizándose afuera del ex Congreso, el día de ayer nuevamente se aplazó la discusión, priorizando por decisiones protocolares.

En este contexto, es que el debate se ha abierto de parte de todos los partidos del régimen. Donde principalmente los políticos de Chile Vamos, pero también sectores de la ex Concertación, han salido a negar la existencia de presxs políticxs y ahora también a defender que la Convención esté llena de límites y trampas que la hecn un organismo que no es soberano, es decir que no pueda decidir sobre algo tan fundamental como decretar la libertad de lxs presxs políticxs.

Hernán Larraín se sumó a esta posición, señalando que “lo que queremos es que la Convención cumpla su mandato, un mandato único, histórico, que es proponer, para un plebiscito posterior, una nueva Constitución. No le está encomendada a ella, ni legislar ni gobernar ni juzgar, como tampoco le está encomendado al gobierno, al Parlamento o a los tribunales interferir en las acciones soberanas que tiene la Convención para elaborar la nueva Constitución.”

Así también sostuvo que “hablar de presos políticos o justificar un indulto porque habrían personas que habrían actuado motivadas por razones de carácter político es ocultar la voluntad que algunos quieren simplemente declarar a esas personas, por empatía, por solidaridad con la causa, declararlos impunes, lo cual está ciertamente fundamentando algo que es quizás más grave, que es validad de esta manera la violencia como un modo de actuar en política”, negando una vez más la violencia estatal sobre las y los luchadores de la rebelión.

Precisamente estos aspectos más antidemocráticos de la Convención, que con uñas y dientes sale a defender la derecha, son las reglas que se firmaron en el Acuerdo por la Paz que el 15 de noviembre firmaron desde Chile Vamos hasta el Frente Amplio. Firmaron, por ejemplo, que la Convención exista mientras siguen funcionando los poderes del viejo régimen contra el que nos movilizamos en octubre; como el poder judicial, deslegitimado por la enorme diferencia entre la justicia para ricos y para pobres. Entre otras varias reglas antidemocráticas que hacen de este un proceso tramposo.

La propuesta que hoy discutirán los constituyentes, es la de realizar una declaración pidiendo acelerar el trámite del proyecto de indulto. Un gesto que le saca canas a la derecha y la DC pues aprobar la ley implica de partida reconocer que hay presxs políticxs. Pero nada más que un gesto. Esto significaría seguir esperando a que el Senado y el Congreso, compuestos por los mismo partidos que encarcelaron a esxs jóvenes y expertos en hacer dormir proyectos durante años, tengan la voluntad de aprobarlo.

No, la Convención Constitucional no tendría por qué subordinarse a eso, hace falta que pasen de las palabras a la acción. Con la cantidad de Constituyentes de izquierda, "del pueblo" y de "los movimientos sociales", en la sesión de hoy deberían desconocer el Acuerdo por la Paz y declarar que la Convención sea soberana, es decir, que no haya ningún poder estatal sobre ella, y de esa forma decretar la libertad inmediata de lxs presxs políticxs. A la vez que junto a organizaciones sociales, de DDHH, sindicales, federaciones estudiantiles convocan a movilizaciones por esa demanda.






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