Domingo 15 de abril de 2018 | 08:57
En Chile de los 971 Obstetras 307 se niegan a realizar abortos, estos datos se hicieron conocidos posterior al catastro que realizó el Ministerio de Salud. Llegando aún más lejos con ningún profesional dispuesto a realizar abortos en localidades como Osorno y Huasco.
Además de esto de un total de 257 anestesistas el 15% también se declara objetor de conciencia. Así los dos principales especialistas médicos relacionados con la interrupción del embarazo, dentro de la legislativa del aborto en tres causales se verá impedido en muchos de los casos.
Gloria Burgos, subsecretaria de Redes Asistenciales, se refiere al respecto afirmando que “en general, esos médicos son objetores de conciencia para las tres causales en las que la ley permite realizar abortos”. Aún en un escenario en que las tres causales son situaciones que apenas cubren el 3 - 5% de los abortos clandestinos que hoy se realizan en Chile. Esto abre la cuestión, ¿A servicio de quién está la labor de los profesionales médicos de la salud pública?, en definitiva no en el interés de las usuarias más precarizadas.
Además al respecto de la falta de prestaciones en los casos que exista objeción de conciencia, se podría generar una fuga de recursos públicos hacia privados, aumentando aún más la deuda pública y empeorando las condiciones de servicios para usuarios y funcionarios en el sistema público de salud.
Igualmente Patricio Meza, vicepresidente del COLMED, se pronunció al respecto a la situación, afirmando “Quienes deciden realizar abortos y aquellos que se declara objetores están dentro de lo que les permite la ley”, reduciendo de esa forma el debate a lo que es y no es legal, obviando la realidad del aborto en el mundo y cómo es un problema de salud pública del cual el estado debe hacerse cargo dando soluciones reales y necesarias.
Debemos por lo tanto elevar el debate al problema real , por las mujeres más precarizadas que deben realizar abortos clandestinos poniendo en riesgo su vida y su salud, sin anteponer la moral conservadora del personal de salud y los legisladores.
