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Red Internacional

Política.  Inicia sumario al alcalde de Rancagua, Juan Ramon Godoy (PS) por irregularidades por más de 500 millones mensuales con empresa de recolección de basura

Avanza la denuncia impuesta a la administración de Juan Ramón Godoy, al que se le acusa de varios contratos irregulares, como con la empresa de recolección de basura, por adjudicar un contrato por más de 300 millones al hermano de uno de sus asesores, entre otras acciones que denotan claros signos de corrupción en su administración. Nada nuevo para el Partido Socialista y los “30 años”.

Las irregularidades salieron de las 4 paredes de la municipalidad cuando el 19 de agosto de 2022, cuatro concejales, denunciaron faltas en la adjudicación de varios contratos del municipio, algunos que nunca se aprobaron por el concejo municipal -como indica la ley-, reflejo de la política que contiene la ley orgánica impuesta en dictadura y que se ha profundizado en los “30 años”. Pasemos a revisar lo que acusan les concejales:

  • La extensión de la licitación de la empresa Veolia, encargada de recolectar la basura de la ciudad por más de 500 millones de pesos mensuales, sin haberla pasado por el concejo municipal, y luego, querer normalizarla a través de una comisión. Se realizó una denuncia a contraloría por dicha irregularidad.
  • Contratos adjudicados al hermano de uno de sus asesores directos. La administración de Godoy en esta ocasión decidió saltar la licitación pública, y en cambio optó por la figura de un “trato directo” pasando directamente a negociar con dicho empresario, por un total de 316 millones de pesos.
  • En sus primeros cuatro meses de mandato, y también por trato directo, la corporación Municipal de Rancagua emitió 61 órdenes de compra por un total de $207 millones a proveedor y amigo cercano al alcalde (Según investigación de CIPER)
  • El aumento de sueldos a algunos funcionarios, donde el incremento habría llegado hasta un 65%.

El pasado 19 de octubre, posterior a la denuncia de les concejales, Contraloría de la Región de O’Higgins resolvió que, J.R. Godoy incumplió la ley de Municipalidades, por la forma en que acordó el contrato de aseo y retiro de basura de la ciudad con la empresa Veolia Su Chile S.A. la que cuenta con un millonario contrato desde 2016, cuando se adjudicaron la licitación, hasta agosto de 2021. Godoy, decidió ordenar la renovación del contrato por decreto alcaldicio, cuando explícitamente tenía orden de no renovación, e inclusive ya había sido renovado excepcionalmente.

La administración del alcalde Godoy tenía un año para preparar las bases de licitación y seguir con el conducto regular con el proceso del concurso público, pero esto no sucedió, y más bien se realizó un trato directo con la empresa, acto que al parecer es recurrente dado las variadas acusaciones en otros casos relacionados con empresarios/as cercanos a él.

Luego de la evidencia presentada por parte del concejo municipal, la contraloría resolvió:

1° “No resulta procedente la realización del contrato, pues solo se podía ampliar por un año”
2° “La renovación no se ajustó a derecho”
3° “Se instruye sumario administrativo, a fin de establecer las responsabilidades administrativas que deriven de la referida infracción”

Ante las acusaciones y las denuncias hechas ante instituciones del Estado y por distintos medios, el Alcalde del Partido Socialista (PS) salió diciendo que no eran más que ataques políticos sin ningún respaldo real. Una respuesta vaga y vergonzosa.

Una nueva forma de pensar el municipio

De todo lo anterior podemos concluir que la corrupción en el municipio, tanto en el actual gobierno del PS como también en con los anteriores alcaldes (Eduardo Soto), no es un hecho aislado para la ciudad, sino un síntoma de un sistema ya caduco, la herencia de la dictadura y la profundización de los 30 años, que no han respondido a las necesidades reales de la población. Esta situación demuestra una crisis política que por cierto no se limita solo a esta ciudad.

Las Municipalidades como instituciones de gobierno comunal, hace décadas que vienen con profundas crisis, debido a que funcionan como una caja pagadora de favores, en donde los alcaldes concentran la mayoría de los poderes y atribuciones que les permiten operar prácticamente en impunidad con sus equipos, con sueldos millonarios, lobby y negocios con lo que desfondan los servicios de salud, educación o cultura.

En esto es protagonista también el sistema de concesiones y subcontrato implantado por la dictadura y afinado por la Concertación en Bachelet 1, un sistema que busca el beneficio de las empresas privadas a costa de las arcas fiscales. Es un robo descarado, que trae consigo la precarización del trabajo, pues los contratos millonarios pactados en las alturas no deja nada a la clase trabajadora, con sueldos miserables o inestabilidad laboral, de los 500 millones mensuales de la empresa recolectora de basura ¿Cuál será el sueldo de les trabajadores? Es necesario luchar por el paso a planta y el control obrero y comunal de las empresas de los diversos rubros, en cuanto a cómo se organiza, qué medidas tomar en temas como sueldos, proyectos, ritmos de producción, etc.

Muchos dirán que no se puede, que hay que apegarse a la ley que termina siendo antidemocrática. Esta política nos deja en la pasividad. Apegarse y no ser críticos a la ley implica que decidan los mismos de siempre, que se repartan el botín municipal y que sigan en sus cargos con total impunidad.

Hay que responder con una propuesta propia de las y los trabajadores y pobladores de la ciudad, que somos quienes aportamos con impuestos el dinero que posee la municipalidad, que queremos decidir los destinos del mismo y que no podemos seguir esperando.

En este marco, planteamos un proyecto alternativo al actual modelo municipal en crisis. Queremos invitar a pensar otra forma en cómo debería organizarse la comuna, y lo primero, implica eliminar la figura del alcalde todopoderoso e intocable, con un sueldo de más de 7 millones mensuales.

Es necesario acabar con la institución de la Municipalidad y reemplazarla por un organismo verdaderamente democrático el cual debería integrar y promover mayor participación.

Para que no decidan los mismos de siempre, tomamos la propuesta de Natalia Sánchez concejala del Partido de Trabajadores Revolucionarios (PTR) de la municipalidad de Antofagasta, quien viene proponiendo un proyecto alternativo para un funcionamiento comunal verdaderamente democrático y donde el pueblo pueda decidir, una Asamblea Comunal Soberana donde las decisiones la toman y ejecute los trabajadores y el pueblo. Además también denuncia la precarización laboral, donde la empresa gana los 500 millones de pesos a costa del subcontrato y la externalización de servicios, lo que implica malas condiciones de trabajo, sueldos que no alcanzan en momentos de inflación por las nubes.

Lo principal de esta Asamblea Comunal sería su carácter soberano, que concentre todas las facultades que hoy el alcalde y su gabinete usan al servicio de sus amigos empresarios.

La base de la propuesta es que sea un organismo con representantes, elegides con voto universal sobre los 14 años, todos los cargos serán revocables por mayoría simple de la Asamblea de base distrital, y con una proporción de un representante cada 2 mil electores. Cada empresa, establecimiento educacional, de salud, mina u otros lugares de trabajo o de estudio, juntas de vecinos, u otras organizaciones de carácter social o territorial, podrán constituir una Asamblea de Base.

Con una Asamblea Comunal podríamos decidir sobre todas las materias urgentes de la población, determinar el presupuesto comunal en base a las necesidades populares y no de los negociados del alcalde y sus amigos. Dar una salida de base obrera y popular ante el problema de que los organismos del estado no responden ante las necesidades que tiene la población.


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