Política Chile

DERECHA

Intendente Ulloa (UDI) declara en caso ligado a Corpesca

Jorge Ulloa debió declarar en caso Asipes, una arista del caso Corpesca, un escándalo que destapó la relación entre la política y el dinero.

Daniel Vargas

Antofagasta, Chile

Domingo 17 de febrero

Este viernes, el intendente de la región del Biobío, el ex diputado UDI Jorge Ulloa declaró durante 4 horas como testigo ante la Fiscalía de Concepción en el marco de la investigación del caso Asipes (Agrupación de Industriales Pesqueros), un derivado del caso Corpesca.

Esto motivado por la querella de un grupo de pescadores artesanales quienes solicitaron que el ex diputado prestara su declaración en la investigación.

Ulloa se relaciona con la causa producto de su presidencia, mientras fue diputado, de la Comisión de Pesca y Acuicultura de la Cámara de Diputados, período en el cual tuvo como asesores a Luis Felipe Moncada (gerente entonces de la ASIPES) y Héctor Bacigalupo (Gerente de la Sociedad Nacional de Pesca).

Es decir, que los máximos representantes del gremio pesquero orientaban al presidente de la Comisión en momentos que se discutía la Ley de Pesca, en un contexto en que diversos parlamentarios recibían coimas y sobornos para ajustar la ley a la medida de las empresas pesqueras.

El caso Corpesca, y sus derivados, junto a otros casos emblemáticos como el Caso Penta, desnudó las profundas relaciones entre los empresarios y los políticos millonarios que desde sus bancas parlamentarias escribían leyes dictadas por los intereses de los empresarios para asegurar sus negocios.

Los partidos de la ex Nueva Mayoría y la derecha de Chile Vamos están plagados de casos de corrupción y financiamiento empresarial, los empresarios pagan un precio alto por tener la protección del parlamento.

La profunda relación entre política y negocios trae consigo la impunidad con la que los empresarios como Matías Pérez Cruz se adueñan del país y de los recursos naturales o haciendo negocios con la pesca dejando sin sustento a familias pescadoras.

Los trabajadores tenemos que levantar la cabeza para enfrentar a los empresarios, que, con el gobierno de Piñera, pretenden imponer una reforma tributaria y una reforma laboral, que promete reducir a la mitad las indemnizaciones por años de servicio para facilitar los despidos.

Para frenar los ataques del gobierno y los empresarios este 8 de marzo y 11 de abril están convocadas movilizaciones que pueden convertirse en un llamado a enfrentar masivamente estos golpes, demostrando que se puede responder al ascenso de la derecha en Latinoamérica si los trabajadores se organizan.






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