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La desaparición de Julio López: el crimen que durante 16 años el Estado se negó a investigar

Daniel Satur

Andrea Lopez

ANIVERSARIO
Foto: Enfoque Rojo

La desaparición de Julio López: el crimen que durante 16 años el Estado se negó a investigar

Daniel Satur

Andrea Lopez

El 18 de septiembre de 2006 desapareció por segunda vez. Etchecolatz fue protagonista de sus dos desapariciones, una en dictadura y otra treinta años después. El genocida murió y se llevó la verdad a la tumba. Pasaron varios gobiernos y, más allá de los discursos, la impunidad sigue intacta.

Miguel Osvaldo Etchecolatz, uno de los genocidas más sanguinarios de la última dictadura cívico-militar-eclesiástica, jerarca del denominado “Circuito Camps” (conjunto de Centros Clandestinos de Detención distribuidos en el conurbano bonaerense), recibió su primera condena a prisión perpetua efectiva por crímenes de lesa humanidad el 19 de septiembre de 2006, un día después de la segunda desaparición forzada de Jorge Julio López. Luego el genocida recibió condenas similares en otros juicios y, producto de la lucha de años de sobrevivientes, familiares y organismos de derechos humanos, murió en la cárcel, a pesar de todos los intentos de quedar en libertad y los privilegios que le otorgó el Poder Judicial al amparo del poder político.

Haciendo uso de su derecho a guardar silencio, Etchecolatz se llevó a la tumba todo lo que sabía del trágico destino de López. Pero aunque él se haya involucrado personalmente en la planificación de la desaparición, no fue su autor material. ¿Quiénes fueron los que se llevaron al albañil de 77 años apenas salió de su casa de Los Hornos para concurrir a la lectura de los alegatos del juicio? Sus nombres no se conocen públicamente. Pero deben ser muchos, están vivos, libres y coleando. Y nadie les exige respuestas.

Entre 2006 y 2022 gobernaron el país Néstor Kirchner (Frente para la Victoria), Cristina Fernández de Kirchner (Frente para la Victoria), Mauricio Macri (Cambiemos) y Alberto Fernández (Frente de Todos). La provincia de Buenos Aires tuvo como mandatarios a Felipe Solá (PJ, FpV), Daniel Scioli (FpV), María Eugenia Vidal (C) y Axel Kicillof (FdT). La intendencia de La Plata estuvo en manos de Julio Alak (PJ, FpV), Pablo Bruera (FpV) y Julio Garro (C). Ninguno de ellos y ellas hicieron nada, absolutamente nada, para encontrar a López. Ni hablar de la caterva de jueces y fiscales, provinciales y federales, garantes supremos de la impunidad de los desaparecedores. Tan desastroso fue el accionar judicial que hasta siguieron “pistas” de videntes.

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Lo que sigue es una síntesis de lo que se sabe. El Estado, en su conjunto y con sus funcionarios de diversos colores políticos e ideológicos, es responsable de que no se sepa más y de que cada año cobre más valor aquella definición lapidaria de Adriana Calvo (la recordada fundadora de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos, AEDD) en relación al caso: “la causa por la desaparición de López es un verdadero monumento a la impunidad”.

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La primera desaparición de López

En los años 70 Jorge Julio López colaboraba en una unidad básica impulsada por Montoneros en Los Hornos, donde vivió casi toda su vida. Tras ser secuestrado el 27 de octubre de 1976 pasó por varios Centros Clandestinos de Detención del Circuito Camps, de los cuales Etchecolatz era el responsable: la estancia La Armonía en Arana y las comisarías Quinta y Octava de La Plata.

El 4 de abril de 1977 fue “legalizado” (es decir blanqueado y puesto a disposición del Poder Ejecutivo Nacional a cargo de la Junta Militar) en la Unidad 9 de La Plata, donde permaneció como preso político hasta el 25 de junio de 1979. En aquel momento, entre marzo de 1976 y hasta enero de 1979, Etchecolatz fue director general de Investigaciones de la Policía Bonaerense.

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El día que volvió a desaparecer

El 18 de septiembre de 2006 Julio López desapareció luego de salir a la mañana de su casa de Los Hornos. Se dirigía al centro de La Plata a escuchar los alegatos de un juicio que fue histórico. Era el primero que se iniciaba luego de que, producto de la lucha de décadas del movimiento de derechos humanos, en 2003 el Congreso anulara las leyes de Obediencia Debida y Punto Final y la Corte Suprema las declarara inconstitucionales.

Además, después de treinta años de lucha, se estaban juzgando por primera vez como hechos ocurridos en el marco de un genocidio los secuestros, torturas y crímenes que, bajo las órdenes del Estado, llevaron adelante las fuerzas represivas para aniquilar a una generación de obreros, intelectuales y estudiantes militantes que luchaban por cambiar de raíz la sociedad.

El testimonio de López en ese juicio fue central, ya que detalló cómo el propio Etchecolatz dirigía y ejecutaba las sesiones de tortura y los asesinatos. Él vio con sus propios ojos las ejecuciones de Patricia Dell’Orto y Ambrosio De Marco. Su relato de aquellos hechos fue esencial para lograr la condena del genocida.

Foto: Enfoque Rojo

Julio López había declarado por primera vez en los llamados Juicios por la Verdad, instancias judiciales que sólo servían para recolectar testimonios pero sin efectos condenatorios de ningún tipo, ya que estaban vigentes las leyes de impunidad y los indultos pactados entre los genocidas y el régimen político radical- peronista. López dio testimonio el 7 de julio de 1999. Allí relató los tormentos que sufrieron él y el resto de sus compañeros y compañeras, los asesinatos que vio y cómo Etchecolatz era responsable directo de todo eso.

Volvió a declarar en la instrucción de la causa contra este genocida el 16 y el 30 de noviembre de 2005 y, finalmente, declaró en el juicio oral el 28 de junio de 2006.

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“Monumento a la impunidad”

Así definió desde el principio a la causa por la desaparición de López la recordada Adriana Calvo, quien junto a las abogadas Myriam Bregman Guadalupe Godoy fueron parte del núcleo denunciante desde un inicio de la desaparición. La AEED, integrada por sobrevivientes de los horrores más brutales de la dictadura, como la misma Calvo, Nilda Eloy y Enrique “Cachito” Fukman, fue de vital importancia para que López tomara la decisión de dar testimonio luego de dos décadas de silencio (incluso intrafamiliar).

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Desde su desaparición, ningún gobierno tuvo intención de encontrarlo vivo (ni muerto). Durante el gobierno de Mauricio Macri, plagado de negacionistas progenocidio (durante el cual desapareció Santiago Maldonado en una represión de Gendarmería) era natural denunciar la nula voluntad estatal para que se sepa qué pasó con López y mucho menos ajusticiar a sus desaparecedores. Pero de los 16 años de impunidad en el caso, Macri estuvo en la Casa Rosada apenas un cuarto. El resto de esos años, se dieron bajo gobiernos peronistas-kirchneristas.

La definición temprana de Calvo sobre la causa hoy cobra un sentido lapidario. Cuando la lanzó por primera vez aún gobernaba Néstor Kirchner, el líder peronista que luego de mandar a reprimir a las Madres de Plaza de Mayo de Santa Cruz en 2001 vio que apoderarse de la bandera de los derechos humanos desde la Casa Rosada, luego del “que se vayan todos”, podía redituarle mucho políticamente.

Cuando desapareció López, Kirchner se preocupó mucho por las consecuencias políticas del caso. Públicamente habló del “compañero Tito” (como le decían a Julio), de su “compromiso” por llegar a la verdad y la justicia y de la casi seguridad de que bandas “parapoliciales” estuvieran detrás del crimen. Pero mientras se mostraba compungido para la tribuna, sus funcionarios nacionales y los de Felipe Solá (entonces gobernador bonaerense y hasta hace poco canciller del actual gobierno de Alberto Fernandez ) sellaban el más abyecto pacto de impunidad con la Policía formada por Camps y Etchecolatz.

Desde el “progre” Aníbal Fernández (actual ministro de Seguridad nacional y entonces ministro del Interior) diciendo que Julio podía estar “en la casa de una tía”, hasta las huestes de Jaime Stiuso operando de mil maneras, (a las órdenes de algún superior, obvio), para plantar pistas falsas y rodear a la familia López con zanahorias podridas, pasando por el nulo aporte de los más mínimos elementos de prueba y por un Poder Judicial abocado a mirar para cualquier lado menos para el de la verdad, el Estado hizo todo lo que estuvo a su alcance para que López no apareciera.

¿Tan difícil resultaba centralizar indicios para desentrañar la madeja en la que quedó atrapado un albañil de 77 años que no quería esconderse de nadie, que caminaba todo el tiempo por las calles de una ciudad superpoblada y que no tenía vínculos ni relaciones turbias con nadie? Parece que sí. Al menos resultaba tan difícil como meterse con los máximos sospechosos de un caso que conmovió al país por su brutalidad y mensaje.

El espionaje ilegal llevado adelante en especial contra quienes luchan y reclaman por sus derechos, existió durante todos estos años y sigue intacto, funcionando como herramienta para infiltrar, criminalizar y perseguir a organizaciones políticas, sociales, de derechos humanos, y hasta víctimas como la familia de Santiago Maldonado.

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Fue el propio León Arslanián, entonces ministro de Seguridad bonaerense, quien les confesó a los organismos de derechos humanos que alrededor del caso se estaba jugando la “gobernabilidad” de la Provincia y que por eso, palabras más palabras menos, meterse con los sospechosos no era conveniente. Y así fue.

Obviamente los funcionarios kirchneristas y sus aliados sin cargo pero con “prestigio” en derechos humanos siempre repartieron culpas a conveniencia. Que los jueces, que los fiscales, que la Maldita Policía de siempre. Cinismo. Son los mismos sectores que desde hace casi tres años sostienen al frente del Ministerio de Seguridad de Kicillof a un cómplice de desapariciones forzadas, gatillo fácil, “suicidios” en comisarías y otros crímenes policiales. Para no hablar de Aníbal, uno de los responsables políticos junto a Felipe Solá de la Masacre de Avellaneda de junio de 2002.

Hasta hubo quienes creyeron (y lo transformaron en una denuncia penal que, previsiblemente, terminó en la nada) que la responsabilidad de lo que le pasó a López estaba en manos de los propios organismos de derechos humanos que le habían dado el impulso para que sacara toda su verdad afuera y diera su invalorable aporte para la Memoria, la Verdad y la Justicia. Canalladas que, en definitiva, no son más que un penoso capítulo de esta larga historia de impunidad.

Huelga decir que, a dieciséis años de esa nueva desaparición en “democracia”, en la “investigación” judicial no hay ni un solo imputado de los múltiples sospechosos. Las “pistas” seguidas en la causa son, mayoritariamente, construcciones falaces que, a la luz de los resultados, tuvieron un efecto demoledor de la verdad. Pese a las evidentes maniobras distractivas y distorsionadoras de la Policía Bonaerense y los servicios de inteligencia, ningún funcionario ni uniformado fue imputado por encubrimiento. Y nadie, absolutamente nadie, desde el Estado pidió siquiera disculpas por tanta impunidad.

El envalentonamiento que da la impunidad

En octubre de 2014 en La Plata el Tribunal Oral Criminal Federal 1 estaba finalizando el juicio por La Cacha, uno de los Centros Clandestinos de Detención (CCD) que funcionó en la región . En el momento en que se estaba leyendo el veredicto Miguel Etchecolatz (uno de los acusados) miró a los familiares de las víctimas y a los organismos de derechos humanos en forma amenazante, cínica, inmutable.

De su bolsillo sacó un papelito doblado que desplegó con calma e intentó llevárselo al juez pero no lo dejaron. Las fotografías mostraron luego que en el papelito del excomisario estaban escritas las palabras “Jorge Julio López” y “secuestrar”. López llevaba ocho años desaparecido y hacía pocos días una nueva movilización exigía su aparición con vida.

Éste y todos los genocidas militares, policiales, empresarios, civiles y miembros de la Iglesia católica contaron con el amparo de todos los gobiernos, desde las leyes de impunidad vigentes durante décadas, la “prisión” domiciliaria para beneficiar a “pobres viejos sufrientes”, los intentos de “reconciliación” desplegados a través de discursos oficiales y de editoriales de medios cómplices (y beneficiarios) del genocidio y hasta casi el “2x1” para los condenados de los peores crímenes contra la población, solo frenado por la movilización de cientos de miles de personas en todo el país.

Uno de los últimos “hitos” de esos intentos de reconciliación lo protagonizó el actual presidente Alberto Fernández, cuando el 21 de febrero en Campo de Mayo (uno de los CCD más grandes del país donde funcionó una maternidad clandestina) les dijo a cientos de militares: “Creo que con toda la Argentina debe dar vuelta la página, una página que nos distanció mucho tiempo por la inconducta de algunos”. Lamentablemente, los organismos de derechos humanos cooptados por el kirchnerismo ni se inmutaron ante tamaña actitud reconciliadora con los genocidas.

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Aunque haya quienes se ofusquen con la denuncia, Etchecolatz tuvo de su lado el silencio y la negativa de llegar a la verdad garantizados por los gobiernos de Néstor, Cristina, Mauricio y Alberto. Tan es así que, entre 1983 y 2017 y pese a acumular varias condenas en su contra, el represor siguió formal y administrativamente siendo parte de la Policía Bonaerense como “jubilado”.

Las innumerables provocaciones y el envalentonamiento de Etchecolatz no pueden explicarse por el mero ímpetu personal del genocida. Hay una larga lista de beneficios en los que el represor se apoyó. El 27 de diciembre del año 2017, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 6 decidió otorgarle la prisión domiciliaria en su cómoda casa en Mar del Plata. Una vez más, la movilización y el repudio masivo lograron que el 16 de marzo del año siguiente la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal revocara el beneficio.

Pese a los constantes intentos de las clases dominantes y sus servidores del Estado e intelectuales, no puede haber olvido, ni perdón ni reconciliación. El Estado es responsable de tanta impunidad, de que López no haya aparecido en todos estos años, de que sus verdugos sigan caminando por las calles como si nada, de que Chicha Mariani se haya ido de esta vida sin encontrar a su nieta Clara Anahí (después de haber luchado hasta sus 94 años) y de que tantos crímenes de lesa humanidad sigan impunes.

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Con más fuerza que nunca, a dieciséis años de la segunda desaparición de Julio López es necesario reafirmar el compromiso inquebrantable de pelear cada día por el juicio y castigo, en cárcel común y efectiva, para todos los genocidas. Por todas las compañeras y todos los compañeros.

Como dijo Nora Cortiñas, Madre de Plaza de Mayo Línea Fundadora en la Ronda del últmo jueves, en la que se realizó el homenaje a López por estos 16 años: “Que se abran los archivos, es mentira que no hay gente preparada para leerlos, están llenos de nombres de canallas genocidas que participaron del terrorismo de Estado, muchos de partidos políticos, por eso los mantienen bajo cuatro llaves. Las Madres no vamos a parar hasta que todos los genocidas estén presos”.


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Daniel Satur

@saturnetroc
Nació en La Plata en 1975. Trabajó en diferentes oficios (tornero, librero, técnico de TV por cable, tapicero y vendedor de varias cosas, desde planes de salud a pastelitos calientes). Estudió periodismo en la UNLP. Ejerce el violento oficio como editor y cronista de La Izquierda Diario. Milita hace más de dos décadas en el Partido de Trabajadores Socialistas (PTS).

Andrea Lopez

@lopez76_andrea
Cronista de la sección Libertades Democráticas de La Izquierda Diario, miembro del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos.
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