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La izquierda española ante la crisis de Ceuta: entre el soberanismo y el imperialismo “democrático”

Santiago Lupe

La izquierda española ante la crisis de Ceuta: entre el soberanismo y el imperialismo “democrático”

Santiago Lupe

PCE, Podemos y el estalinismo coinciden con los agentes del régimen y la extrema derecha en la defensa de la “soberanía nacional”. Anticapitalistas exige la gestión propia de las fronteras por parte de los Estados imperialistas de la UE. Luchar por un programa antiimperialista, la tarea pendiente de la extrema izquierda ibérica.

Entre el martes y el miércoles unos 8000 migrantes cruzaron a nado los metros que separan la frontera con Marruecos y la playa del Tarajal en Ceuta. Detrás de lo sucedido está la crisis diplomática entre la monarquía marroquí -que desde hace décadas viene actuando de gendarme de las fronteras de la UE a cambio de un total de 13 mil millones de euros- y el gobierno de Sánchez a raíz de la hospitalización del líder del Frente Polisario en un hospital español. La respuesta del gobierno “progresista” ha sido aplicar medidas que hasta ese día solo la extrema derecha de Vox se atrevía a proponer: despliegue del Ejército y devolución en caliente de más de 5000 inmigrantes.

Toda esta crisis ha sacado a la luz la asunción de la agenda imperialista por parte de la izquierda reformista hoy en la Moncloa. Defender el blindaje de las fronteras y las leyes de extranjería que las hacen imprescindibles, se ha convertido en un sentido común de Estado que han comprado sin vacilar.

Otras voces críticas con la política del gobierno, como Anticapitalistas, defienden como alternativa una “gestión propia” de fronteras que respete los Derechos Humanos. Una propuesta de “humanización” de esta pieza clave de las políticas de los Estados imperialistas, que solo pueden responder a las consecuencias del expolio creciente por ellos producido, como lo están haciendo.

La agudización de las múltiples crisis que atraviesan África y Oriente Próximo, el rol depredador de los Estados de la UE, el aumento de los movimientos migratorios, el auge de la extrema derecha y las políticas cada vez más bonapartistas de los gobiernos de distinto signo en esta materia, hacen urgente construir una izquierda que pelee consecuentemente contra nuestro propio imperialismo.

Cuando la defensa del imperialismo español une a la izquierda reformista, los rojipardos y la extrema derecha

El PCE apoyó desde el minuto cero la respuesta del gobierno del que son parte. Fue el primero en justificarla en nombre de la defensa de la “soberanía nacional” atacada por el régimen marroquí. Podemos se ha sumado a este discurso oficial, piedra angular de un consenso imperialista que abarca desde Vox hasta ellos mismos, pasando por el PSOE, el PP y todos los agentes del régimen. Otros grupos, como los estalinistas del Frente Obrero, han convocando incluso concentraciones frente a embajadas y consulados de Marruecos, igual que ha hecho por cierto Falange Española.

Todos acuerdan en que era necesaria la intervención militar y que es un derecho del Estado español proceder a la devolución de aquellos que crucen sin ser siquiera documentados, mucho menos poder acceder a los trámites de solicitud de asilo o a la asistencia letrada. Abascal, Casado, Margarita Robles y Enrique de Santiago bailando juntos sobre la Convención Europea de Derechos Humanos. Al piano la UE y el Tribunal de Estrasburgo, que avaló a comienzos de año esta práctica que impide la atención de situaciones de vulnerabilidad y persecución.

Defender la “soberanía” de un Estado imperialista como el español, es en este caso defender su “derecho” como nación opresora a seguir siéndolo. El “derecho” a que sus empresas puedan seguir participando del expolio de los caladeros de pesca de Marruecos, Sáhara Occidental, Mauritania y Senegal, de los recursos energéticos y minerales del Magreb, de las concesiones de grandes obras y construcciones... El “derecho” a blindar sus fronteras cuando la miseria que genera en la región hace que millones quieran migrar con lo puesto. Y además en este caso, el “derecho” a seguir utilizando para ello los enclaves coloniales de Ceuta y Melilla, restos del colonialismo español en el continente africano.

El gobierno “progresista” y esta “izquierda” defienden cada uno de estos “derechos” del opresor. Lo hacen avalando los discursos racistas alentados por la extrema derecha y buena parte de los medios de comunicación. Ellos llevan días tildando de “invasión” la llegada de las miles de personas, muchas de ellas niños y adolescentes, que han cruzado la frontera. Y sí, si lo que está en riesgo es la “soberanía española”, como dice el PCE, esto solo puede responder a la acción de un Estado extranjero, en este caso el marroquí, y sus “hordas de civiles”. Abascal lo compra.

Anticapitalistas: la izquierda que quiere humanizar la gestión de fronteras de los imperialismos “democráticos”

Otras formaciones de la izquierda por fuera del gobierno han salido correctamente a denunciar el despliegue del Ejército, exigir su retirada, un trato “humanitario” para quienes han cruzado la frontera y su derecho a ser trasladados a la península “para ser acogidos y reconocidos la plenitud de sus derechos”. Es el caso de Anticapitalistas, que por medio de un comunicado y declaraciones de sus principales portavoces han rechazado las “devoluciones en caliente” masivas llevadas adelante por los militares, policías nacionales y guardias civiles, en colaboración con los gendarmes marroquíes.

Sin embargo, ponen el foco de atención en el otro lado de la frontera. El principal problema para Anticapitalistas parece ser que las fronteras no las gestionan los propios Estados de la UE, sino que éstos las han externalizado con los regímenes dictatoriales de la región. ¿La solución? En palabras de Teresa Rodríguez, líder de Anticapitalistas y diputada en el Parlamento andaluz, “el gobierno debería mostrar valentía, gestionar sus propias fronteras sin depender de Marruecos y hacerlo con criterios de respeto a los Derechos Humanos” ya que “lo que ocurre en Ceuta es el resultado de externalizar las fronteras a países en los que se vulneran sistemáticamente los Derechos Humanos como Marruecos a cambio de un chantaje permanente”.

El eurodiputado de Anticapitalistas, Miguel Urbán, en una intervención en el Parlamento Europeo, se pronunciaba en el mismo sentido: “estos días asistimos en Ceuta a la traducción práctica de la externalización de fronteras europeas a dictaduras (…) demostrando que la externalización de fronteras y la condicionalidad de la ayuda al desarrollo en el control migratorio” es una política criminal, que solo este año ha causado 2000 muertes en el mar, vulnera los Derechos Humanos, y que “no funciona, como estamos viendo claramente, sino que además entrega a dictaduras sin escrúpulos un arma de chantaje”.

Olvidan Urbán y Rodríguez que quienes más vulneran los Derechos Humanos en las fronteras no son los gendarmes marroquíes. Son la Policía Nacional, la Guardia Civil y todos los cuerpos policiales “democráticos” coordinados por el Frontex. Si el Mediterráneo se ha convertido en una fosa común, no es por el papel de los regímenes dictatoriales de la región, sino porque miles arriesgan su vida en embarcaciones precarias en rutas peligrosas. Es que los educados y democráticos policías de los aeropuertos europeos los deportan si viajan en avión.

Las violaciones de regímenes como el Mohamed VI son a encargo de Bruselas y Madrid. Se producen financiadas y en cumplimiento de los acuerdos con los países europeos. Y como le ha recordado la UE esta semana, si deja de violarlos le cortan el grifo.

El relato de unos regímenes africanos violadores de derechos, frente a una civilizada Europa democrática que se equivoca pidiéndoles ayuda, es todo un embellecimiento al club reaccionario de la UE, que junto a EEUU y Japón son los mayores verdugos en el sufrimiento de las masas en todo el planeta.

El otro gran argumento, que coincide con el de la Moncloa, versa sobre el “chantaje” marroquí. Es innegable que lo ocurrido en Ceuta es consecuencia directa de la crisis diplomática desatada por la atención a Brahim Ghali, líder del Frente Polisario, en un hospital de La Rioja. Es parte de la ofensiva de Mohamed VI para lograr un mayor reconocimiento de la ocupación del Sáhara Occidental, como ya ha logrado nada menos que de EEUU a cambio del reconocimiento por parte de Marruecos del Estado de Israel. De hecho, es muy probable, que el gobierno del PSOE y Unidas Podemos quiera cerrar esta crisis con otra “entrega” del pueblo saharaui, como vienen haciendo todos los gobiernos para engrasar los acuerdos económicos y de fronteras con la dictadura marroquí. El procesamiento de Ghali en la Audiencia Nacional es parte de esto.

Ahora bien ¿Por qué Marruecos puede usar la frontera como mecanismo de presión? ¿Cuál es la raíz del “chantaje”? Porque lo que exige nuestro “democrático” Estado español, al que Rodríguez y Urbán le piden que se haga cargo de sus fronteras, es que la verja marroquí permanezca cerrada a cal y canto. Cumplir, y hacer que la política migratoria de la UE “funcione”, como le preocupa a Urbán, pasa porque impida salir de su territorio a sus ciudadanos. Algo explícitamente prohibido por el artículo 13.2 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. El único día que el Estado marroquí ha dejado de violar ese artículo ha sido cuando los gendarmes marroquíes abrieron la valla. Entonces ha permitido la libertad de circulación para sus ciudadanos, generando el escándalo de la izquierda española.

Lo que ha hecho Marruecos en estos días, aunque lo haga con los fines espurios de redoblar su opresión contra los saharauis, es lo que debería defender cualquier izquierda a un lado y otro de la valla: la apertura de las fronteras. Es vergonzoso que ante este “incumplimiento de contrato” Anticapitalistas salga a proponer una alternativa que “funcione” más eficientemente, por más que lo quiera adornar con el discurso de defensa de los Derechos Humanos.

¿Qué cambiaría para los millones que quieren migrar si los Estados de la UE decidieran prescindir de los acuerdos con los regímenes autoritarios de la región para el control de fronteras como proponen Urbán y Rodríguez? Simplemente que los “democráticos” Estados europeos en los que depositan sus esperanzas emplearían todos los recursos a su alcance para repeler su llegada.

El programa de “gestión propia” de las fronteras lo hemos visto a modo de ensayo estos días en Ceuta. Durante 48h esa “externalización” ha sido suspendida, y la UE y el gobierno español han desplegado al Ejército y violado los derechos de 5000 migrantes con deportaciones ilegales. Si la crisis se sostuviera en el tiempo, no hay ninguna duda de que las medidas represivas aumentarían sin descartar soluciones radicales propias de los asesinos ejércitos coloniales en los que hunden sus raíces el Ejército español o la Legión Francesa.

Aspirar a una gestión “humanizada” y respetuosa de los Derechos Humanos por parte de los Estados imperialistas es como negar su propia naturaleza. El Estado español, y los diferentes gobiernos de turno que asuman su gestión -sean del signo que sean- no va a renunciar a su rol de potencia expoliadora del Magreb, como de otras regiones del planeta. Y como parte del “beneficio de ese expolio” no va a asumir nunca los “costes” que genera en forma de acoger a los millones que huyen de la miseria. La única respuesta es repelerlo.

El curso de adaptación al neorreformismo de Anticapitalistas se expresa aquí en una posición totalmente adaptada a nuestro propio imperialismo “democrático”. Como parte de esto no se han pronunciado ni una sola vez en favor de la devolución de los enclaves coloniales de Ceuta y Melilla, una reivindicación histórica siempre levantada por la Liga Comunista Revolucionaria, organización de la que provienen históricamente el grupo de Rodríguez y Urbán.

El antiimperialismo consecuente, la tarea pendiente de la extrema izquierda ibérica

El chovinismo de reformistas, los herederos del eurocomunismo y los estalinistas no puede sorprender a nadie. El compromiso de los PC de occidente con sus respectivos Estados imperialistas es parte de su ADN, en especial desde después de la Segunda Guerra Mundial. En el caso del PCE, cuando aceptó la Corona y la unidad de España, se ponía al nivel de sus amigos del PCF y el PCI. De los partidos socialdemócratas ni hablamos, más aún desde su conversión al social-liberalismo.

Sin embargo, sorprende más la posición de grupos que se reivindican del anticapitalismo y de la tradición del socialismo revolucionario, como Anticapitalistas, y que mantienen posiciones tan adaptadas al imperialismo patrio. Las denuncias a los elementos más reaccionarios de las políticas de extranjería se quedan en un plano de exigencia de derechos democráticos, sin cuestionar en ningún momento, ni plantearse combatir, a nuestro propio imperialismo con un programa que apunte a sus bases sociales, políticas y militares.

No hay salida a la barbarie que vemos en las costas y fronteras de la UE sin este combate a nuestro propio imperialismo de parte de las organizaciones de la izquierda y de la clase obrera. Esto pasa en primer lugar por tomar las banderas democráticas elementales, como exigir la retirada del Ejército y todas las fuerzas represivas de Ceuta y Melilla, la derogación de las leyes de extranjería y el cierre de los CIEs. Pero no para una gestión “humanizada” de las fronteras, sino para pelear por la apertura de éstas y la defensa incondicional de la libertad de movimientos de las personas, el derecho al refugio y al asilo.

Los reformistas son los primeros en darle la razón a la derecha alegando que ese es un programa muy bonito pero irrealista. “Aquí no caben todos”, “no podemos atenderles a todos”, repiten. Es parte del “No Se Puede” en que han transformado su antiguo lema de hace apenas una década. A esta resignación que aplican a otras muchas demandas sociales –no podemos acabar con los desahucios, con los despidos, con la precariedad– hay que oponerle la lucha por un programa para que las necesidades de vivienda, empleo y salud sean garantizadas con medidas como impuestos a las grandes fortunas, el reparto de horas de trabajo sin reducción salarial, la nacionalización de los sectores estratégicos bajo control obrero o la expropiación de todos los inmuebles en manos de los grandes tenedores. Un programa para que esta crisis, también, la paguen los capitalistas.

Un programa anticapitalista que tiene que ser consecuentemente antiimperialista, que socave las verdaderas causas que llevan a millones de personas a querer abandonar su hogar. Que pelee por la nacionalización de todas las empresas multinacionales, no para que sea el Estado quien dirija el expolio, sino para proceder a su salida inmediata de los países coloniales donde operan y la devolución de todos los recursos que expolian. Una lucha antiimperialista así, es la mejor vía para hermanar a la clase obrera de los países imperialistas con la de los países semicoloniales y sus sectores populares. El mejor apoyo efectivo a que puedan emprender una lucha contra sus respectivas burguesías y regímenes cipayos.

En el caso español, esta lucha incluye pelear por el fin de enclaves coloniales como Ceuta y Melilla y su devolución a Marruecos. Restos de la colonización africana española que sirven como bases militares para la defensa de los intereses del imperialismo español y europeo en la región como estamos viendo estos días. Y al mismo tiempo, apoyar solidariamente todos los movimientos contra la monarquía de Mohamed VI, como la resistencia Rifeña y la lucha por el derecho de autodeterminación del pueblo saharaui. Por la salida de todas las empresas españolas del Sáhara Occidental y el fin de la colaboración económica, militar y diplomática con la dictadura de Mohamed VI. Esta lucha es la mejor solidaridad que desde aquí podemos brindar al pueblo saharaui para acabar con más de 40 décadas de ocupación y exilio.


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Santiago Lupe

@SantiagoLupeBCN
Nació en Zaragoza, Estado español, en 1983. Es director de la edición española de Izquierda Diario. Historiador especializado en la guerra civil española, el franquismo y la Transición. Actualmente reside en Barcelona y milita en la Corriente Revolucionaria de Trabajadores y Trabajadoras (CRT) del Estado Español.
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