Mundo Obrero Chile

PRECARIZACIÓN LABORAL

La ofensiva de sostenedores y el gobierno contra los Asistentes de la Educación

A casi un año de la entrada en vigencia la Ley 21.152, que garantiza feriado legal y otros derechos para los Asistentes de la Educación Pública, un dictamen del Director del Trabajo limitó dichos beneficios excluyendo a los y las trabajadoras asistentes que cumplen funciones administrativas o auxiliares en establecimientos particulares subvencionados. Desde diversos sindicatos del sector, buscan que sea la Corte de Apelaciones que se pronuncie al respecto, pero hasta el momento, no todo está dicho ya que distintos sostenedores se han sumado al proceso judicial en defensa de sus intereses

Felipe Flores

Egresado de Derecho

Jueves 29 de agosto de 2019 | 07:54

El octubre de 2018 entraba en vigencia la Ley 21.109 (denominada Ley Miscelánea), esta nueva norma impulsada por el gobierno de Bachelet apuntó, entre otras cosas, a regular un estatuto funcionario de los trabajadores que colaboran en el proceso de enseñanza y aprendizaje en los diversos planteles educacionales a nivel nacional, incluyendo en este marco a los y las trabajadores administrativos y auxiliares de aseo tanto de escuelas públicas y colegios particulares subvencionados.

Pero el pasado jueves 11 de julio, a partir de una solicitud presentada por más de 40 sostenedores de establecimientos educacionales particulares subvencionados, el Director del Trabajo (DT), sacaba el dictamen 3445/022 que favorecía a los empresarios de la educación y perjudica en este caso, a las y los trabajadores auxiliares y administrativos de los mencionados planteles. La petición tenía por objeto pronunciamiento del organismo respecto de la aplicación del artículo 56 de la reciente normativa.

Según el Director Mauricio Peñaloza, aquellos asistentes de la educación que no cumplen funciones relacionadas con el “proceso de aprendizaje y mejoramiento de la educación” (excluyendo expresamente a administrativos y auxiliares de aseo) no les aplica el feriado legal ni tampoco los derechos contenidos en los artículos 38, 39, 40. Producir un profundo retroceso en los mínimos derechos laborales, además de un arbitrario y grave acto de discriminación.

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Ante esta situación de precarización laboral, diversos sindicatos de asistentes y agrupaciones de los trabajadores de la educación solicitaron a la autoridad administrativa una reconsideración de la medida, la cual no tuvo respuesta. Posteriormente, las y los dirigentes de las organizaciones SEFEC, FENATED, FESITED, FTS CHILE, Federación de Trabajadores de Empresas de la Educación Profesor René Candia P., Sindicato de Asistentes del Colegio Carlos Cousiño de Valparaíso, la Agrupación Asistentes de la Educación No Municipales, entre otras, presentaron un recurso de protección con la finalidad de que la Corte de Apelaciones de Santiago declare como un acto arbitrario e ilegal la resolución de la Dirección del Trabajo.

Como era de esperar, los sostenedores de establecimientos particulares subvencionados (quienes tienen grandes redes de colegios que reciben cuantiosos subsidios estatales) no se hicieron esperar y se incorporaron a la instancia judicial. Dentro de ellos se encuentran el Congregación de los Hermanos Maristas, Corporación Educacional del Arzobispado de Santiago, Corporación Educacional Aprender, Fundación Educacional Pudahuel, Fundación Educacional Padre Hernán Alessandri, Fundación Educacional Santa Rosa de Lo Barnechea, Fundación Educacional Colegio Inmaculada Concepción de María, Fundación Educacional Colegio San José, Fundación Educacional Colegio Inmaculada Concepción, ente otros. Según ellos, se vería afectada la libertad de enseñanza: derecho constitucional impuesto por Pinochet el que asegura a los privados lucrar y hacer un negocio con nuestro derecho humano a la educación.
Además de esto, para proteger aún más sus intereses, el pasado 26 de agosto el mismo grupo de sostenedores ingresó en el Tribunal Constitucional una solicitud de inaplicabilidad del artículo 56 de la Ley 21.109, por ser inconstitucional y porque según ellos dañan profundamente el patrimonio de cada sostenedor, pone en riesgo el servicio educacional.

O ganan los empresarios de la educación, o ganan los trabajadores asistentes de la educación

Con estas acciones, queda materializada la insistencia del poder empresarial de arrebatar todos los mínimos derechos que han conseguido: no solo el feriado legal, sino que la reducción de la carga horaria ( de 45 a 44 horas), la media hora de colación imputable al empleador, los espacios para tomar colación y uso de servicios higiénicos, y en definitiva, demuestra el nulo interés de avanzar en el mejoramiento de las condiciones laborales de las y los Asistentes de la Educación, quienes por el solo hecho de ser trabajadores del sector educación y por recibir subvención del estado, deberían recibir los mismos derechos otorgados a los del sector municipal.

Es por esto mismo, que nada podemos esperar de una casta judicial que falla a favor de los mismos de siempre, respaldando y profundizando la línea precarizadora y discriminatoria que viene impulsando el Gobierno de Sebastián Piñera. Ejemplo claro de eso, son la reforma laboral y previsional, el estatuto laboral para jóvenes (que ya fue aprobado en el Senado), la oposición a la reducción de la jornada laboral, la flexibilización laboral, etc.

Al respecto, Jacqueline González, Asistente de la Educación y dirigente del Sindicato de Asistentes de la Educación del Colegio Carlos Cousiño de Valparaíso, señaló: “No podemos soportar este tipo de discriminaciones arbitrarias, las condiciones de los trabajadores de la educación deben ser exactamente iguales, sean del sistema público o municipal, subvencionado o particular. No podemos tolerar la clasificación de trabajadores de la educación de primera, segunda y tercera categoría”.

Así mismo comento: “Ahora más que nunca, necesitamos retomar la lucha por acabar con la educación de mercado heredada de la dictadura y consolidada por los gobiernos de la concertación y la nueva mayoría. Necesitamos retomar la lucha por una educación pública, laica, que sea 100% financiada por el estado, donde podamos invertir las prioridades, pasando adelante la lucha por nuestros derechos en vez de llenar los bolsillos de quienes lucran con la educación de nuestros hijos”

Por su parte, Pamela Contreras, trabajadora del Colegio Winterhill de Viña del Mar, agregó, “La única manera de derrotar estas medidas que viene induciendo el gobierno de Piñera, es en unidad de todos los sectores de trabajadores, como los profesores que hace unos meses dieron el ejemplo en las calles, incluso contra sus frías direcciones, llamando a un gran paro nacional, incluyendo todas nuestras demandas y denunciando estos ataques que afectan al conjunto de los trabajadores y trabajadoras”.






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