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Red Internacional

¡Indulto ya! Las calles lo gritan: Boric debe indultar a los cientos de presos políticos de la revuelta

El amplio triunfo de Gabriel Boric por sobre José Antonio Kast no dejó de sorprender y las calles se llenaron cuando salieron los resultados oficiales. Se expresó una fuerte respuesta para frenar a Kast y a la derecha en las urnas. Sin embargo, esta fuerza debe expresarse en las calles para retomar las demandas de octubre, y pareciera ser, que por los cánticos en todas las plazas del país, liberar a los presos políticos es una tarea de primer orden.

Akemi MatsubaraEgresada Derecho Universidad de Antofagasta

Miércoles 22 de diciembre de 2021 | 06:50

La derecha más recalcitrante fue derrotada en las urnas con una amplia diferencia, sin embargo, siguen manteniendo una posición importante en el parlamento, sobre todo en el Senado, para frenar cualquier iniciativa a favor del pueblo pobre. Una de estas iniciativas, será la Ley de Indulto General para liberar a los cientos de jóvenes presos políticos de la revuelta.

El negacionismo de la derecha implica ocultar el hecho de que hay cientos de jóvenes presos políticos mientras defienden la completa impunidad de la policía y militares que asesinaron decenas y mutilaron a cientos. Ya lo vimos con los dichos del Senador Iván Moreira y su profundo rechazo al proyecto de indulto, quien mencionó que de ninguna manera votará a favor de la ley: “Con o sin indicaciones, el proyecto de indulto es el mismo de siempre”. Esta es la línea que tendrá que enfrentar el proyecto en el Congreso, donde tiene un difícil camino especialmente en el Senado.

Prisión política en “democracia”

Es importante poder definir qué es la prisión política y por tanto, cuáles serían considerados presos políticos o no, ya que es el debate que se abre en sectores de la institucionalidad sobre el revisar el “caso a caso” de los presos políticos para así dividir entre los presos “de conciencia” y los presos por “cometer delitos comunes”

Una interesante columna de Claudio Nash en CIPER, abre el incómodo debate sobre pensar la prisión política en el Chile “democrático”. Desde el Gobierno, se mantuvo la posición de que “solo hay prisión política en dictadura” o bien que en Chile no hay “presos de conciencia” como definirían la prisión política algunos organismos internacionales como Amnistía Internacional, reduciendo la prisión política a la “persecución de las ideas” a sujetos que no han cometido delitos. Por tanto, aquellos manifestantes que en una protesta política se enfrentan a la policía, cortan una calle, queman una micro, etc, no serían presos políticos, pues el Ministerio Público estaría persiguiendo delitos “comunes” y no ideas detrás de esos delitos.

Sin embargo, hay organismos que amplían esta mirada de prisión política, como bien indica Nash. La legislación internacional vinculada con temas de refugio y asilo reconoce la persecución por razones políticas, pero también por delitos conexos e incluso delitos comunes perseguidos con una finalidad o razón política. Por tanto, la discusión que abre es ¿El Estado utiliza la violencia y su poder de coerción contra las manifestaciones políticas en oposición al Gobierno de turno? Si es así, no se puede pensar la prisión política como una política de Estado basada exclusivamente en la persecución de ideas.

Otro ejemplo, es la resolución del Parlamento Europeo del 2002, donde se establecieron diversas causas para el reconocimiento de la prisión política, entre ellas: (i) que la detención haya sido impuesta en violación de una de las garantías fundamentales establecidas en el Convenio Europeo de Derechos Humanos; (ii) que la detención se haya impuesto por motivos puramente políticos sin relación con ningún delito; (iii) que por motivos políticos, la duración de la detención o sus condiciones sean manifiestamente desproporcionadas con respecto del delito del que la persona ha sido declarada culpable o de la que se sospecha; (iv) que por motivos políticos, la detención se produzca de manera discriminatoria en comparación con otras personas; (v) o, por último, que la detención sea el resultado de un procedimiento claramente irregular y que esto parezca estar conectado con motivos políticos de las autoridades.

Digamos que la visión internacional de prisión política es mucho más amplia que los denominados “presos de conciencia” que alega el Gobierno; es decir, comprende a aquellas personas encarceladas por sus ideas, pero también a aquellas personas en prisión por actos con conexión política o por delitos comunes, a quienes se les persigue y/o violan sus derechos humanos por razones políticas.

Ejemplos así en Chile hay muchos para cada una de las diversas causas que enuncia la resolución del Parlamento Europeo. Un joven de 17 años fue condenado por “quemar el metro” a pesar de la clara alteración de pruebas para utilizarlas en su contra, a Jordano Santander lo acusan de homicidio frustrado solamente con la declaración del PDI que dice que vio el ánimo homicida, un trabajador minero de Calama fue absuelto luego de estar 2 años en prisión preventiva por porte de elemento incendiario, este mes salió de prisión preventiva Elías Quero luego de estar en prisión sin ninguna prueba y así muchos casos de largas prisiones preventivas sobre jóvenes que no tienen antecedentes ni pruebas en su contra, tanto así, que tienen que declararse culpables para poder salir en libertad.

Las oscilaciones de Boric: “No es aceptable pensar en un indulto para todos”

Como indicamos, intentar definir la prisión política no es al azar, sino porque la situación de los presos políticos lleva un debate complejo, donde el régimen quiere llevarlo cada vez más a la discusión particular del “caso a caso” y a restringir el “catálogo” de delitos contemplados en la Ley de Indulto (que es lo que se intentará hacer con las indicaciones al proyecto). Por ejemplo, Carlos Montes del Partido Socialista en Tolerancia Cero, señaló que: “hay que ver caso a caso, nosotros vamos a analizar antes de definir las normas específicas, pero esto no es en ningún caso un proyecto de indulto general, cualquiera sea lo que haya ocurrido en esa época”.

Asimismo, durante la campaña Gabriel Boric y Apruebo Dignidad - que al alero de los partido de los 30 años- fueron sistemáticamente girando hacia el centro y alejándose de las demandas por las cuales millones nos movilizamos en octubre, incluso poniendo en duda la ley de indulto general que su mismo conglomerado presentó. Durante junio, en el debate presidencial de ANATEL indicó estar de acuerdo con el proyecto, sin embargo, 4 meses después en La Red expresó que el indulto no es aceptable para todos.

El ahora presidente electo, en ese entonces declaró: “A personas condenadas por incendio, por saqueos, por delitos que revisten gravedad, desde mi punto de vista no es aceptable pensar en un indulto para todos. No se puede indultar a una persona que quemó una iglesia o una pyme, o que saqueó un supermercado”. Agregando: “Acá tenemos que revisar con el sistema judicial en general, pero en particular en estos casos donde hubo un abuso grave por parte de las facultades del Estado, con querellas por Ley de Seguridad Interior del Estado, con testigos protegidos, con pruebas falsas y con prisiones preventivas extendidas. En esos casos vamos a conversar”.

Recientemente, en el discurso donde celebró su triunfo electoral, dejó fuera a los presos políticos, y debió nombrarlos debido a que la gente gritaba “liberar a los presos por luchar”, donde indicó escuetamente que han hablado con los familiares. Así lo informó Giorgio Jackson después, indicando que en el Gobierno de Apruebo Dignidad se retirarán todas las querellas por Ley de Seguridad Interior contra los presos de la revuelta.

Sin embargo, la prensa destacó diferencias de posturas entre los dichos de Jackson y Boric, que fueron desmentidos hoy por el presidente electo en entrevista con 24horas, donde descartó diferencias con su compañero de bancada y con Camila Vallejos, indicando que "nosotros hemos señalado que la Ley de Seguridad del Estado es una mala ley, creemos que ha alargado las prisiones de manera absurda y ha hecho mucho daño”, a la vez que indicaba "respetaremos plenamente la autonomía del Poder Judicial como corresponde", argumentando que la labor del gobierno será en hacer "lo que esté en manos del Ejecutivo".

Pero… ¿Qué implica “respetar la autonomía del Poder Judicial”? Es una realidad que la gran mayoría de los presos políticos, a 2 años de la revuelta, está condenado. La “autonomía del Poder Judicial” ha decidido castigar a los jóvenes luchadores, incluso “castigando” a aquellos jueces que se niegan a aplicar largas prisiones preventivas, como el juez Urrutia. Es más, el Gobierno ha hecho llamados abiertos al Poder Judicial a no dejar en libertad a detenidos en manifestaciones. De hecho, de qué autonomía se puede hablar ¡Si los ministros de la Corte Suprema los elige el Presidente con la venia del antidemocrático Senado!

¡Indulto Ya! Sin letra chica, sin distinciones.

La libertad de los presos políticos de la revuelta no puede esperar. Los tibios anuncios de los personeros del Frente Amplio y del propio Gabriel Boric dejan mucho que desear. Si bien retirarán las querellas por parte del Gobierno por Ley de Seguridad Interior del Estado, el Ministerio Público todavía tiene la facultad autónoma para seguir investigando y persiguiendo a los jóvenes. En cuanto a las condenas tampoco tiene efecto el retiro. Es decir, es absolutamente simbólico el anuncio.

Por otra parte, hay una gran cantidad de jóvenes que no está siendo acusado por esta ley, sino por la Ley de Control de Armas (que Boric anunció va a fortalecer con la excusa de enfrentar al narcotráfico pero que históricamente se ha utilizado en contra de manifestantes) o bien La Ley antibarricadas que aprobó el Frente Amplio. Sobre esto no se pronuncian. Hasta agosto de este año, el Subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, celebraba el anuncio que a través de la ley antibarricadas se ha logrado privar de libertad a 306 personas. Es más, el 4 de agosto cuando CIPER publicó una investigación, arrojó que habían 77 personas que estaban en ese momento en prisión preventiva o condenados relacionados al “Estallido Social”, y de esas 77 personas, a penas 3 estaban por Ley de Seguridad Interior del Estado, y 44 por Ley de Control de Armas.

Sólo a un año de la revuelta, hasta el 18 de octubre de 2020, la Fiscalía había formalizado a 5.084 personas, 648 están en prisión preventiva y 725 han sido condenados. De todos aquellos, sobre hechos relacionados con incendios o porte/tenencia de artefactos incendiarios (Ley de Control de Armas), la Fiscalía formalizó a 208 personas y logró 68 condenas. Asimismo, por desórdenes públicos fueron formalizadas 678 personas.
Es decir, de conjunto, el retiro de las querellas por Ley de Seguridad Interior del Estado representa una ínfima parte de los condenados y perseguidos en el contexto de la revuelta.

Para pelear por la liberación de los presos políticos de la revuelta, es necesario enfrentar la política negacionista de la derecha, que se negará con todo a aprobar el proyecto de Ley de Indulto ahora que tienen mayor presencia en el Senado, pero también la política oscilante de Gabriel Boric y el Frente Amplio, que deja abierta la posibilidad de que hay algunos casos en donde los jóvenes no van a poder salir libres. Apruebo Dignidad no puede desentenderse de la sensibilidad de cientos de miles que en estos días gritaron por los jóvenes, sobre todo, porque es Gabriel Boric quien tendrá la facultad -incluso si el proyecto de indulto fracasara en el Congreso- de liberarlos mediante el indulto presidencial.

Pero no podemos confiar en quienes oscilan en liberar a la chispa de la rebelión, por esto se vuelve urgente exigir a través de la movilización y organización en nuestros lugares de estudio y de trabajo, desde los sindicatos, federaciones estudiantiles, organizaciones de derechos humanos, la libertad de las y los presos políticos, por el indulto general ahora, sin letra chica, sin distinciones.




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