Viernes 11 de noviembre de 2022 | 07:20
El pasado 7 de noviembre el juez Jorge Saavedra Bentjerodt del tribunal de familia de Antofagata resolvió la instalación de cámaras de seguridad y detectores de metales en la entrada de cada liceo y escuela de la CMDS. El mismo juez que en 2019 resolvió que 38 estudiantes debían ingresar sin celulares al liceo Jorge Alessandri, por haber grabado una riña, arriesgando desde las sanciones del reglamento hasta multas entre $48.741 y $243.705.
Pero ¿que es lo que se encuentra en el trasfondo de este caso? La escuela Cariola es el claro ejemplo de la crisis de la educación pública. Las condiciones de vulnerabilidad, el empeoramiento de la salud mental y condiciones de vida de sectores más empobrecidos de la población, llevan al desborde cuando los recursos psicosociales no estan.
Las y los profesores vienen denunciando esta situación desde mucho antes, sin ir más lejos en marzo durante la movilización del sector educativo en Antofagasta por las condiciones del retorno presencial a las aulas fue ejemplo de eso. Con un petitorio que incluía protocolos para casos de violencia dentro de los establecimientos, más contratación de trabajadores del área psicosocial, paradocente y docente, mejoramiento y más infraestructura, cuestión que aún no ha sido respondido por la CMDS y el alcalde “de internet” Jonathan Velasquez.
Convierten en una cárcel con mayor persecución y represión a los estudiantes más pobres, para enfrentar un problema que se extiende a toda la sociedad.
¿Acaso la CMDS, que sabemos tiene un hoyo financiero de $4600 millones y que tiene aún 35 proyectos pendientes de formulación y financiamiento para responder al petitorio de infraestructura, va a desviar ese financiamiento para hacer que el ingreso a las escuelas públicas sea con métodos carcelarios?
En la escuela Patricio Cariola hay apenas dos psicólogos para más de 1100 estudiantes, cuestión que lleva a sobrecarga laboral para el equipo psicosocial y no garantiza resolver los problemas de salud mental, llevando al límite las relaciones dentro y fuera del aula. Para hacer de la educación pública un espacio seguro, la comunidad debe decidir sobre la contratación de personal y el uso de los recursos. ¡Que se destinen para infraestructura y contratación, no en represión y en convertir la escuela en una cárcel!
Los y las trabajadoras de la educación junto a les jóvenes estudiantes y apoderados, tienen mucho que decir para salir de esta crisis. Es urgente resolver por medio de asambleas triestamentales en cada establecimiento y luego llevar las resoluciones por medio de delegados enfrentar la violencia en las escuelas y liceos. Contratación de equipos psicosociales que aborden las necesidades de los estudiantes expuestos a violencia de forma transversal. ¡Porque las escuelas no son cárceles! Que decidan las comunidades educativas.
