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CRISIS COVID

Las grandes constructoras españolas van a chupar 17.000 millones de los fondos de la UE

Con el discurso de la transición energética y la sostenibilidad, las constructoras se preparan salvar sus cuentas con los millonarios fondos de la UE. El ladrillo aspira a convertirse en el principal receptor de las ayudas al Estado español procedentes del Fondo de Reconstrucción. La patronal ya ha presentado varias propuestas al Gobierno que suponen un presupuesto de 16.983 millones de euros.

Jose Lavín

Madrid

Viernes 20 de noviembre | 16:05

La Asociación Nacional de Constructores Independientes (Anci) ha presentado 168 diferentes proyectos que supondrían un gasto de 16.983 millones de euros, la mayoría de las actuaciones se encuentran listas para licitar. Son proyectos a los que el Ejecutivo ya había contemplado en la elaboración de sus “diez políticas palanca” y en la Agenda 2030, muchos de ellos elementos principales en los “objetivos de desarrollo sostenible”.

Las constructoras, a pesar de que buena parte de sus actividades no se paralizaron ni en los confinamientos más duros de marzo, afirman que la pandemia está afectando gravemente al sector. A través del acceso a los fondos europeos y la complicidad del Gobierno del PSOE y UP, la patronal de la construcción pretende salvar sus cuentas.

Su argumento principal es que son el sector “ideal”, debido a varios motivos. Las constructoras afirman que existe un “déficit inversor acumulado desde hace más de una década” y por tanto “actuaciones necesarias postergadas". Asimismo, identifican los intereses de la patronal con el interés general porque “generan empleo”, en otras palabras, no sólo consideran que se ven injustamente afectados por la crisis, sino que son la solución a la crisis.

Como ya afirmaba la Seopan (Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras) en junio: el Gobierno español “no debería renunciar a casi la única palanca que posee para reactivar la economía”. A esta lista de virtudes se suma el que, según Anci, las constructoras se posicionan como un sector comprometido con el desarrollo sostenible y la transición ecológica. El sector es, según la patronal, “crucial para el aprovechamiento y la ejecución en tiempo y forma de los fondos europeos".

Si hacemos un cómputo general, en caso de recibir las ayudas de la UE para la denominada “Reconstrucción Económica”, la patronal destinaría la mayoría del presupuesto a las carreteras y el AVE, 7.184 millones de euros para el primero y 2.668 millones para el segundo. A pesar de todos los discursos de “greenwashing” y “laborwashing” nada fundamental ha cambiado.

Estos aderezos ecologistas a las políticas de siempre, sirven más para dar una buena imagen de cara a la galería, y para adquirir suculentos fondos, que para realizar realmente transformaciones estructurales en modelos de negocio altamente contaminantes. La “doble cara” de la patronal se hace patente cuando prestamos atención al contenido real de sus propuestas. Por ejemplo, en junio, la Seopan presentó al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana un plan de inversiones con un presupuesto de 157.000 millones. Todos ellos proyectos que encajaban con la Agenda 2030 y, cómo no, con el “Green Deal” de la UE. Al mismo tiempo, el vicepresidente de la CEOE, Julián Núñez, instaba al Gobierno a recuperar la senda de los años previos a la crisis de 2008, con la burbuja del ladrillo, para convertir esta recesión en “un decenio de oportunidades”. La patronal de la construcción sigue siendo la patronal de la destrucción de los ecosistemas.

Tanto Anci como Seopan consideran que en el Estado español se construye poco y que se debería construir más. Como muestra de este déficit, afirman que basta con sacar datos de la evolución de las licitaciones en infraestructuras. Desde la crisis del 2008, afirman con estupor, se construye menos que durante la burbuja del ladrillo. En 2009, el conjunto de las Administraciones Públicas sacó concursos por casi 40.000 millones de euros y en 2019 la cifra se limitó a menos de 19.000 millones. Los datos, que han sido recabados por la propia Seopan, afirman que en 2020 hay una caída de la licitación pública del 33,6% con respecto a 2019. Del mismo modo, en lo que respecta a la contratación, nos encontramos con una evolución similar, con un desplome que alcanza el 41,9%.

Anci ya se ha cuidado de que todos los proyectos presentados al Gobierno encajen al milímetro en las condiciones que exige el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) y el React EU. 142 proyectos se destinarían a la Administración General de Estado, con un coste de 13.796 millones de euros. Al Ministerio de Transportes le corresponden 110 proyectos de 12.317 millones. También tienen iniciativas para el Ministerio de Transición Ecológica 32 proyectos de 1.479 millones de euros. No sólo eso, también hay 21 proyectos para el ámbito de la salud destinados a las comunidades autónomas, con un presupuesto de 2.787 millones de euros, y cinco proyectos del mismo tipo destinados a las Administraciones Locales, con un presupuesto de 400 millones.

El economista Pedro Ramiro, investigador de OMAL y autor de “A dónde va el capitalismo español” aludía con ironía en su cuenta de Twitter a la que parece ser la nueva estrategia de las multinacionales españolas: “Que las grandes empresas españolas van a utilizar el discurso de las infraestructuras sostenibles y la transición energética para llevarse los fondos europeos y sostener sus cuentas de resultados con dinero público ya ni cotiza.”

Emmanuel Rodríguez también denunciaba esta nueva operación de las grandes empresas constructoras, de la energía y el turismo, que se llevan entre el 80% y el 90% de las ayudas.

Nada novedoso en el capitalismo, que, ante cada crisis, utiliza todos los recursos del Estado para salvar los negocios de los más ricos.






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