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Red Internacional

ATAQUE INCENDIARIO. Las repercusiones en la Araucanía: La derecha y empresarios exigen Estado de Emergencia

Tras la quema de 19 camiones de la empresa Transportes Cavalieri en el sector norte de Temuco, Chile Vamos y empresarios de la Araucanía exigen al Gobierno que se declare Estado de Emergencia. La acción no ha sido adjudicada por ninguna organización mapuche.

Miércoles 15 de marzo de 2017 | 05:38

Los hechos y repercusiones

Ayer martes, la portada del Diario Austral, el medio por excelencia de los empresarios y latifundistas de la región, consignaba una serie de enunciados junto a una impregnada visión anti mapuche, referidos al caso ocurrido el domingo en la madrugada, donde un total de 19 camiones de la empresa Transportes Cavalieri fueron incendiados en las cercanías de la entrada norte de Temuco. El hecho habría significado para la empresa una pérdida de dos mil millones.

Al momento de llegar los encargados de controlar el incendio, se habría encontrado un lienzo firmado por la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) que consignaba: “Sabotaje y resistencia a grandes expresiones capitalistas dentro de nuestro Wallmapu. O.R.T Wenteche Katrileo. C.A.M. por territorio y autonomía. Marrichiwew”. Lo que abrió una serie de dichos y sentencias por parte del Gobierno, Chile Vamos, empresarios, organizaciones de camioneros y del ex Director de la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI) que aludían principalmente a invocar nuevamente la Ley Antiterrorista, a declarar Estado de Emergencia y exigir que las Fuerzas Armadas asumieran el control y patrullaje en la Región de la Araucanía.

La Multigremial por su parte, entidad privada de carácter terrateniente integrada por gremios empresariales y empresas privadas, enviaron una carta a la Presidenta Michelle Bachelet solicitando que se declare el Estado de Emergencia en la región y que además se declaré a la CAM como una organización inconstitucional. Al cierre de la presente nota, en un comunicado el Órgano de Resistencia Territorial (ORT) Wenteche – Catrileo de la Coordinadora de Comunidades en Conflicto Arauco – Malleco (CAM) se adjudico la acción incendiaría que destruyo completamente 19 camiones, 9 ramplas y un galpón, en la ruta que une Temuco con Lautaro.

Los empresarios de camiones y el estado de excepción

La confederación Nacional de Dueños de Camiones de Chile (CNDC) se pronunció rápidamente frente a los 19 camiones incendiados, expresando su rechazo a las acciones “vandálicas” y solicitó al Gobierno a tomar medidas para que estas acciones no se repitan: “Hay que estar dispuestos a adoptar todas las medidas para que hechos de esta magnitud no se repitan y la autoridad se la juegue por restaurar el orden y garantizar la tranquilidad de quienes trabajan en la Araucanía”.

El presidente nacional de la Confederación de Transportistas de Carga (CNTC), Sergio Pérez, insistió en que se declare Estado de Excepción “para poder seguir trabajando en la región”, agregando delirantemente “esta gente corta caminos, les roba las ovejas, les roba las gallinas, les viola las hijas”. Por ultimo exigió al gobierno la creación de un fondo para recuperar los daños de las víctimas, un fondo que iría principalmente hacia los empresarios anti mapuche de “Paz en la Araucania”.

En una semana cargada de hechos políticos, marcados principalmente por el fraude de Carabineros, los empresarios intentan crear un relato de víctimas, acusando a los comuneros de terroristas y de golpear a las familias más humildes de la región, de violar a mujeres. El año 2016, la justicia declaró culpables a dos empresarios por simular y vincular un atentado a la causa mapuche a fin de cobrar un millonario seguro. La Araucanía es la región más pobre de Chile, son las empresas forestales las que han plantado la miseria, es la economía capitalista extractivista la que ha desforestado los bosques, ha usurpado territorios ancestrales, secado los ríos y esteros, precarizando las vidas de las familias campesinas, mapuche y trabajadoras, en este ultimo caso, despidiendo a cientos de trabajadores industriales por re ordenamiento de sus negocios. Queda claro quién es el que actor que ha sembrado el miedo y pobreza en la Araucanía. [1]

El “Zar”, Gonzalo Yussef, ex director de la ANI

El conocido como el “Zar” de la inteligencia chilena se sumó a las declaraciones que han emitido distintos actores del ambiente político y empresarial. El ex director de la ANI, sistema de inteligencia creado por el Estado el año 2004, criticó al gobierno por haber tenido mano blanda frente a los atentados, expresando que en el gobierno de Piñera “jamás hubiese ido un abogado del Ministerio del Interior a alegar por la libertad de una imputada (Francisca Linconao) acusada de un delito”. También expresó que existe vinculación entre Argentina y Chile en las acciones que realizan las organizaciones mapuche, rematando que para “Chile” hay dos enemigos internos que preocupan: la acción violenta anarquista y la acción mapuche. Volviendo a la concepción de enemigo interno, clásica de los años de dictadura, Yussef, criminaliza expresando que la acción del pueblo mapuche es un hecho que preocupa, el cual “hay que combatir” (como si en el presente los organismos del Estado no lo hicieran).

Parlamentarios de la Región de la Araucanía y el Gobierno

Las voces de Chile Vamos no se dejaron esperar, el senador Alberto Espina y el alcalde de Temuco, Germán Becker, ambos de Renovación Nacional, emplazaron al Gobierno a declarar Estado de Emergencia en la zona. En un comunicado señalaron que “Cuando hay una zona del país que sufre un brutal ataque terrorista, con organizaciones ilícitas que están instaladas en la región, entonces se deben utilizar los instrumentos que nuestra propia Democracia establece: en este caso es el Estado de Emergencia… Y si ello conlleva a que las Fuerzas Armadas asuman el control y el patrullaje de las carreteras en La Araucanía, ese debe ser el camino a utilizar ya que está dentro de nuestra propia institucionalidad” concluyeron.

Jorge Rathgeb, también diputado de Renovación Nacional de la región de la Araucanía, se sumó a las peticiones al Gobierno de sacar los militares a la calle: “La presencia del Ejército es lo único que podría llevar algo de paz a la novena región de La Araucanía”, emitió. El Diputado de la derecha acuso directamente a la CAM y a la organización Weichán Auka Mapu de ser los grupos peligrosos que siembran el terror y desconfianza en la región.

Cabe mencionar que el llamado Estado de Emergencia es un instrumento represivo y de control que puede hacer uso el Gobierno al declararse un caso de grave alteración al orden público, daño o peligro para la seguridad de la Nación. Declarado el estado de excepción, la presidencia puede restringir las libertades de locomoción y de reunión, a través del posicionamiento intensivo de las fuerzas policiales en las zonas de conflicto. Una situación que en los hechos ya ocurre en la Araucanía y el Bio Bio, regiones en las que hace décadas ha existido una permanente vigilancia policial que se ha emplazado principalmente cercano a las comunidades mapuche que mantienen conflictos con las empresas transnacionales y forestales que ocupan del territorio ancestral mapuche. Una situación cotidiana que ha desembocado en detenciones ilegales, métodos punitivos contra dirigentes territoriales, y en caso más graves, en lesionar y dar muerte a luchadores mapuche.

Frente a los hechos, que algunos han catalogado como “el atentado más grande de la historia en la Araucanía” el gobierno ha echado un pie atrás. Luego de que a través del Gobernador de la Provincia de Cautín, Ricardo Chancerel, asegurará que invocarían la Ley Antiterrorista por el ataque a los 19 camiones en Temuco, que en los hechos hubiese sido otra “cacería de brujas”, salió ahora dando a conocer que se encuentran estudiando otro tipo de acciones legales para “combatir” el caso. Finalmente, durante el martes 14 de marzo, el Gobierno presentó una querella contra los que resulten culpables del hecho.

Respuestas del gobierno que no cambian nada

Es probable que dentro de los próximos días en la Región de la Araucanía veamos prácticamente una cacería de brujas por parte del Gobierno y Carabineros, que apunte a una persecución y criminalización obsesiva hacia activistas, dirigentes y organizaciones mapuche. Principalmente hacia la CAM. Los empresarios latifundistas buscaran de todas las maneras que se encarcelen sin pruebas a cualquier activista que lleve adelante las luchas del pueblo mapuche. La policía abundará aún más en las calles de la ciudad y campos, la persecución se dirigirá al clásico enemigo interno. El centro de la demanda mapuche que pone en cuestionamiento la propiedad privada, donde se han asentado decenas de empresarios, y que pertenecen ancestralmente al pueblo mapuche, hoy como ayer, para el Gobierno no está en la palestra.


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