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Red Internacional

Represión. Ley de Infraestructura crítica: Boric haciendo el trabajo sucio que Piñera dejó inconcluso en materia represiva

La aprobación de la ley de infraestructura crítica marca un antecedente importante, pero es una medida más en el marco de una serie de acciones represivas de este gobierno, que ha venido heredando directamente desde la agenda represiva del piñerismo.

Jueves 14 de julio | 18:48

El Congreso nacional aprobó este martes recién pasado la Ley de Infraestructura crítica: una reforma constitucional que permite al presidente de la República utilizar militares en el resguardo de diferentes puntos que puedan considerarse como parte de ese concepto amplio llamado precisamente “infraestructura crítica”. Pueden ser considerados así puentes, carreteras, autopistas, hospitales, etc. La ley dice explícitamente que “...define como infraestructuras críticas aquellas cuyo funcionamiento es indispensable y no permite soluciones alternativas, por lo que su perturbación o destrucción tendría un grave impacto sobre los servicios esenciales.”

En pocas palabras, una herramienta que permite el uso de FFAA de forma mucho más expedita para el poder Ejecutivo en contra de posibles movilizaciones o acciones de lucha. No debemos olvidar que son los mismos militares que asesinaron y torturaron en dictadura y que salieron a disparar y a reprimir brutalmente al pueblo durante la revuelta, los mismos militares que están involucrados en casos de corrupción como el Milicogate, con tres ex comandantes en Jefes procesados. Así este gobierno “progresista” de Boric le da más poder a esa institución criminal, lo que es un peligro para el pueblo, los trabajadores y especialmente las comunidades mapuche.

En el fondo Boric está avanzando en la agenda represiva que Sebastián Piñera dejó inconclusa. No hay que olvidar que este proyecto fue presentado originalmente por el gobierno de Piñera a inicios del año 2020, cuando la rebelión popular todavía seguía en caliente y antes del inicio de la pandemia, y fue parte de una serie de medidas que se puede considerar como el paquete represivo de Piñera contra las movilizaciones populares, que se vio truncado precisamente por el inicio de la crisis sanitaria y el largo estado de excepción en que se mantuvo al país a raíz del covid-19, con presencia militar en las calles incluída, lo que no hizo necesario el trámite legislativo de esas leyes.

Mientras todo esto ocurría, Boric y el PC denunciaban el uso de las FFAA. Tanto así que la desmilitarización del Wallmapu se transformó en caballito de batalla del Frente Amplio durante gran parte de su campaña, denunciando la represión y la prisión política, palabras que finalmente se las llevó el aire.

Es que ahora vemos como el nuevo gobierno no solo sigue militarizando el Wallmapu sino que también impulsa la polémica ley de infraestructura crítica. precisamente esta medida, excusándose en la idea de no tener que recurrir al parlamento al ser rechazada su idea de “Estado Intermedio” para militar exclusivamente rutas y carreteras.. Y si bien se aprobó con los votos favorables de la derecha y de la ex Concertación, y discursivamente sectores del oficialismo en el parlamento salieron críticamente ante esta ley, muchos de los diputados de Apruebo Dignidad se abstuvieron en la votación, es decir, no votaron en contra, entre ellos los diputados Boris Barrera (PC); Lorena Fríes (ex directora INDH), Gael Yeomans (Convergencia Social) y con las cuestionadas ausencias de diputadas como Emilia Schneider (Comunes) y Carmen Hertz (PC).

Casi ni sorprende ver como esos que se llamaban “la nueva izquierda” y el mismo PC de aliado, junto a la ex Concentración, votan este proyecto que presentó la derecha. El gobierno permite esta avanzada y los referentes de Apruebo Dignidad y del PC dejan pasar este ataque, mientras la vocera Camila Vallejo justifica todas estas medidas represivas. Esta agenda securitaria lo único que permite es hacerle el juego a la derecha, a ese “fascismo” que ellos decían que venía con Kast, pero que ahora parece que le entregan más elementos haciéndole el juego contra el pueblo trabajador.

El proyecto en sí mismo es preocupante, ya que le entrega una facultad represiva y autoritaria a la ya antidemocrática figura del presidente de la República, el cual, con nueva o vieja Constitución, concentra enormes poderes en el sistema político chileno. Las Fuerzas Armadas tienen capacidad disuasiva sólo en la medida en que son letalmente efectivos y en su capacidad destructiva. A su vez puede significar un ataque a las y los trabajadores que pertenezcan a esa “infraestructura crítica”, entrando la posibilidad de que se limite o se anule su posibilidad de derecho a huelga o a luchar. Y muestra la disposición del Gobierno, antes de Piñera, ahora de Boric, de usar fuerza letal contra los sectores que se movilicen.

Pero esta reforma aprobada en el parlamento no viene sola. También la misma cámara de diputados, previa petición del Ejecutivo a través de la Ministra del Interior Izkia Siches, aprobó la solicitud de extender nuevamente el Estado de excepción en La Araucanía y en las provincias de Arauco y Biobío, con 36 votos a favor en el Senado y ¡ninguno en contra!, ni siquiera de los sectores miembros de Apruebo Dignidad.

Por otra parte parlamentarios del “socialismo democrático” (PS), la otra coalición de gobierno, ya vienen insistiendo en que se discuta la nueva ley de inteligencia que está congelada en su trámite legislativo desde el 2020.

Además hay que sumarle la entrega de parte del gobierno de dos camiones blindados a la PDI en la “macrozona sur” y la solicitud del Ministerio del Interior al Gobierno Regional del Biobío de invertir 2.300 millones de pesos en cuatro nuevos carros blindados para carabineros.

Claramente toda una escalada represiva encabezada por este gobierno que prometió transformaciones e hizo campaña electoral de manera hipócrita con banderas mapuche y consignas contra la represión de Piñera.

Pero no se trata sólo de una escalada en las medidas represivas contra las movilizaciones, a la par de que le han venido entregando un respaldo total a Carabineros, incluso manteniendo en su cargo tanto a Ricardo Yañez (cuestionado por dirigir a la institución cuando se cometieron sistemáticas violaciones a los DDHH) como a Luigi Lopestri (quien fue duramente cuestionado por acciones de “boicot” contra el propio gobierno desde la Inteligencia de Carabineros). Hay algo más.

En el fondo, lo que está haciendo el gobierno es avanzar en la agenda represiva que Sebastián Piñera dejó inconclusa, tanto porque la correlación de fuerzas no se lo permitía, ya que estuvo a punto de caer durante la rebelión popular del 2019, como porque por el inicio de la pandemia fue más fácil para ese gobierno sacar de manera permanente a los militares a la calle.

Ahora, este gobierno, con el beneplácito del gran empresariado que requiere de la represión para mantener su orden de las cosas, se ha encargado de avanzar aceleradamente en esas materias con las leyes y medidas antes mencionadas. Ya van más de 4 meses del gobierno de Boric y ante estas medidas es necesario sacar conclusiones, más cuando la agenda que impulsa el gobierno fortalece a la derecha y a la extrema derecha mientras niegan las demandas que por décadas el pueblo trabajador ha exigido.

Esta agenda securitaria y su escalada represiva y autoritaria, heredera directa del mandato de Piñera y ahora en manos de Gabriel Boric, no podemos permitirla. Es necesario que organizaciones de derechos humanos, movimientos sociales, organismos de trabajadores, nos coordinemos activamente para denunciar esta situación, en preparación de una resistencia activa a estas medidas con el fin de desarrollar movilizaciones contra la represión, por tirar abajo la ley de infraestructura crítica, poner fin a la militarización del Wallmpau y por la libertad de los presos políticos de la revuelta.

A su vez se vuelve urgente la necesidad de construir un partido de la clase trabajadora, anticapitalista y revolucionario, que levante una política anti represiva y securitaria para enfrentar consecuentemente a la derecha, retomando la agenda que impuso la rebelión, por la libertad de los presos de la revuelta, fin a la represión y ligando esas demandas democráticas a la pelea por salarios y pensiones dignas de 650 mil pesos, por educación, salud y vivienda gratuitas y de calidad y la lucha general por poner fin al saqueo de los 30 años.


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