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Red Internacional

Libertad de enseñanza… para los ricos: La iniciativa de norma representada por la transfóbica Erika Muñoz a la Convención Constitucional

Detrás de las rimbombantes palabras de “libertad” y “no discriminación” esconden sus más oscuros deseos: una sociedad que permanezca tal cual por que sus privilegios dependen de ello, una educación pública precarizada y una educación privada adecuada al modelo neoliberal de libre competencia que asegura solo el futuro de sus propios hijos.

Bárbara BritoDocente y ex vicepresidenta FECH (2017)

Sábado 8 de enero | 08:04

Hace muchos años Erika Muñoz declaró la guerra a la comunidad LGTBI+, al movimiento de mujeres. Sus enemigos implacables: las mujeres que no queremos ser damas, las mujeres que deseamos, las que abortamos por causales que aún no han querido legalizar, gays, lesbianas, trans, les con género neutro, que no quieren ser nombrados por el binomio impuesto por la heteronorma patriarcal. Quienes concebimos la familia como una comunidad donde la relación entre un hombre y una mujer es sólo una de las tantas formas que deberían existir. Quienes cuestionamos la monogamia y el amor romántico, quienes soñamos con nuevas formas de amar lejos de los celos, la violencia, la rutina.

Erika Muñoz, conservadora, dice defender la libertad de enseñanza y el derecho a los padres a elegir, pero no. Defiende lo que existe, se aferra con uñas y dientes a una sociedad enferma que discrimina, abandona a la niñez, crea cárceles en vez de escuelas para la adolescencia. Su defensa es a un modelo que segrega, a un modelo educativo para ricos y para pobres, porque sólo puede elegir el que tiene para pagar el arancel, pero los hijos e hijas de la clase trabajadora no, no pueden escoger, porque hay pobreza y con suerte se llega a fin de mes.

Hablan de libertad y quieren imponer sus creencias y su moral al conjunto de la población. Hablan de libertad y niegan el derecho a cada mujer a decidir y a la comunidad sexodiversa a ser quienes son, hablan de libertad y buscan conservar un modelo educativo que perpetúa la pobreza, y hace a los ricos más ricos.

Hoy Erika es convencional y representa una iniciativa popular de norma a la Convención. Las organizaciones que redactan el texto por la libertad de enseñanza hablan en nombre de todos los apoderados, su apuesta es por que la constitución continúe consagrando “como un derecho fundamental el derecho preferente de los padres, la libertad de enseñanza y la no discriminación arbitraria del Estado hacia nuestros hijos.”

Detrás de las rimbombantes palabras de “libertad” y “no discriminación” esconden sus más oscuros deseos: una sociedad que permanezca tal cual por que sus privilegios dependen de ello, una educación pública precarizada y una educación privada adecuada al modelo neoliberal de libre competencia que asegura solo el futuro de sus propios hijos.

Erika y sus amigos de extrema derecha, amigos de José Antonio Kast (no los apoderados y apoderadas como dicen), continúan su cruzada por que la constitución consagre la educación privada, lo que es totalmente contrario a la verborrea de su texto que incluye también la frase “Derecho a la Educación”. Mientras siga habiendo mercado educativo, mientras el Estado continúe financiando a privados, en tanto no exista un plan nacional y robusto de educación pública, gratuita, laica, no sexista y de calidad, no existirá ni derecho a la educación, ni derecho a elegir. Es la propia educación pública la que debe contemplar un currículum abierto, donde la niñez se desarrolle en su diferencia y la adolescencia pueda vivirse con acceso a la libertad de credos y acorde a sus propios intereses y necesidades.

Ellos, quienes buscan defender con uñas y dientes el legado de la educación de Pinochet, quieren proponer un articulado que plantee explícitamente que “el Estado deberá financiar universal y progresivamente, un sistema público integrado por colegios estatales y privados sin fines de lucro.” Pero, ¿es esto lo público? Lo que hay detrás de esta propuesta no es el fortalecimiento de un sistema público, sino de un sistema educativo mixto, que ya existe, con focalización del gasto social, donde lejos de garantizar la educación para todos como un derecho se continúe financiando a un grupo muy minoritario a través de aportes estatales, permitiendo además el robo a manos llenas de privados, mientras la gran mayoría de hijos e hijas de la clase trabajadora continúa estudiando en la escuela que le tocó.

Pero la iniciativa popular de norma presentada por Erika Martinez no es la única. Está también la iniciativa de ley de “Acción Educar” representada por Daniel Rodriguez, en ella se lee que “La Libertad de Enseñanza y Derecho Preferente de los Padres. Todas las personas tienen el derecho a elegir dónde y cómo educarse, y esto no puede ser solo para quienes puedan pagar un colegio particular. El Estado debe proteger este derecho permitiendo que existan alternativas distintas a las estatales y financiándolas, de forma que elegir no sea un privilegio.” Acción educar dice con mayor claridad que hay que financiar “alternativas distintas a las estatales” es decir, a privados, y agrega, “para que elegir no sea un privilegio”, pero ¿qué significa esto? La concreción del texto constitucional tiene relación con leyes que son facultad del poder legislativo, lo que es seguro es que este apartado apunta a resguardar el modelo educativo de mercado tal como lo conocemos, donde el bolsillo de los empresarios de la educación importa más que la educación de niños y niñas.




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