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Los dueños de camiones que exigen mano dura: Su petitorio no es más que la agenda represiva del gobierno

La Confederación Nacional de Transporte de Carga (CNTC) anunció un paro que se iniciaría este jueves a partir de las 00.00 hrs. Piden una agenda represiva que facilite la persecución y criminalización del pueblo mapuche, que detallamos en esta nota y a la que debemos hacer frente.

Miércoles 26 de agosto

Este sector de dueños de camiones, encabezado por Sergio Pérez (en la foto), anunció esta medida con fuertes declaraciones del tipo “no vamos a abastecer a la nación” o diciendo que “no trasladaremos ni un kilo de azúcar o de arroz”.

Esto, en mitad de una grave pandemia mundial y una crisis económica que demuestra no tener antecedentes en la historia reciente, lo que llevó a que hace un par de días fuera trendic topic en Chile el hahstag #CamionerosTerroristas.

Ahora bien, luego de reunirse con el gobierno retrocedieron en sus declaraciones más incendiarias, pero mantuvieron sus "exigencias".

Al poco andar de la declaración a un paro de los dueños de camiones, nuevos antecedentes fueron surgiendo, como el hecho de que 10 de los 13 puntos que exigen son leyes impulsadas por el gobierno o su coalición, que han desnudado como esta paralización y sus amenazas son totalmente funcionales a los intereses represivos del gobierno. No por nada Jaime Bellolio señaló que este paro no sería “contra el gobierno, es contra la violencia.”

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El petitorio

Si vamos al detalle, lo que se demuestra es que este es un paro absolutamente reaccionario, un paro levantado contra el pueblo mapuche y por aumentar los niveles de represión. Veamos sus exigencias, que son básicamente acelerar los siguientes proyectos, y lograr su pronta aprobación:

1) Ley de modernización de Carabineros y a la PDI: este es un proyecto de ley impulsado por el gobierno que nació al calor de la rebelión y la respuesta represiva de Piñera, y que incluye nuevos mecanismos de control de orden público y la entrega de nuevas tecnologías como la utilización de drones, cámaras de vigilancia y “elementos disuasivos”.

2) Ley de modernización de Inteligencia: Este proyecto también “nació” al calor de la rebelión, y busca modernizar el Servicio de Inteligencia del Estado y define que el peligro a la seguridad del Estado también puede provenir de parte de “grupos nacionales”, a la vez que le entrega mayores facultades a las Fuerzas Armadas en tareas de orden interno. El gobierno ya le había dado suma urgencia pero tuvo que retroceder ante los cuestionamientos. No debemos olvidar que la idea de legislar este proyecto fue aprobada por 34 votos en el Senado, incluyendo el voto del frenteamplista Juan Ignacio Latorre.

3) Ley que modifica el código penal para uso de técnicas especiales relacionadas con conductas terroristas: Esta es conocida como la ley corta antiterrorista y que implica modificaciones a la ley ya existente, incluyendo agentes encubiertos, interceptación de teléfonos y la sanción a la “apología de las acciones terroristas”.

4) Ley que mejora la persecución al narcotráfico: esta ley fue duramente cuestionada en su momento porque permitía que fuese Carabineros, una de las instituciones más corruptas del país, la que pudiese tomar control de los bienes enajenados a narcotraficantes.

5) Ley que fortalece la persecución al hurto de madera: Una medida promovida por Felipe Kast, destinada a criminalizar al pueblo mapuche, que aumenta las multas y el presidio y que integra “técnicas especiales” de investigación para este tipo de hurto.

6) Proyecto que regula el estado de alerta para prevenir daños a infraestructura crítica: Uno de los proyectos “estrella” de Piñera, que permite que Fuerzas Armadas “resguarden” infraestructura determinada como crítica, lo que sería facultad del Presidente sin necesidad de declarar Estado de excepción.

7) Modificaciones a la ley de control de armas: esta ley se encuentra en segundo trámite en el Senado, y a pesar de que desde octubre pasado tiene urgencia, no ha logrado ser aprobado.

8) Ley de especialización de policías: Que fortalece la coordinación de la PDI y Carabineros para aumentar su efectividad represiva.

9) Ley “Anti encapuchados”: Una de las leyes emblemas del gobierno para enfrentar y criminalizar la protesta social durante la rebelión de octubre, pero que había nacido previamente y había sido propuesto por el mismísimo Víctor Pérez, cuando cumplía su rol de senador de la UDI, y que aumenta las penas de quiénes cubran sus rostros durante movilizaciones, lo que no es más que otra medida profundamente represiva que busca castigar a como dé lugar a quienes se movilicen.

10) Ley de Estatuto de Protección a Carabineros, PDI y Gendarmería: Una ley especial para “proteger” a las policías luego de los profundos cuestionamientos que estas recibieron producto de su papel en las violaciones a los Derechos Humanos durante la rebelión. Buscan blindarlos y otorgarles mayores herramientas para la represión.

11) Modificación Código Penal para aumento de penas en caso de inmuebles y derechos reales: Proyecto originado por diputados de derecha, que nace a raíz de “hechos delictuales” ocurridos en La Araucanía, según relataron sus propios redactores como lo fueron los diputados Diego Paulsen e Ignacio Urrutia.

12) Ley de reparación de víctimas de violencia rural: que consiste en la entrega de millones de pesos del Estado a empresarios de la zona.

13) Ley Juan Barríos: Uno de los proyectos clave del gobierno en el marco del conflicto generado estas últimas semanas, que busca aumentar penas producto de los ataques incendiarios y que será una posible nueva herramienta privilegiada para criminalizar al pueblo mapuche.

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No cabe lugar a dudas. Este petitorio es evidentemente la agenda represiva del gobierno. Tan sólo 13 días atrás Piñera declaraba ante los medios que: “Necesitamos con urgencia sacar adelante la ley que moderniza a Carabineros, la ley que especializa a nuestras policías, la ley que crea un estatuto de protección de las policías, la ley que perfecciona y hace más eficaz la persecución contra el terrorismo, la ley que perfecciona y hace más eficaz la lucha contra la droga, la ley que nos da más instrumentos para combatir el robo de madera, la ley para tener un mejor control de armas, la ley de protección de la infraestructura crítica.”

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Alianza obrera y popular junto al pueblo mapuche para derrotar a la derecha

Los dueños de camiones han actuado con prepotencia y con amenazas al conjunto de la población. Sus ataques y exigencias represivas contra el pueblo mapuche se transforman en golpes al conjunto del pueblo trabajador chileno también.
Es necesario que la Mesa de Unidad Social, la CUT, los grandes sindicatos, y especialmente las confederaciones forestales, salgan de su tregua y convoquen activamente a movilizaciones en común con las comunidades mapuche para hacerle frente a esta ofensiva. ¡No pasarán!

Los ataques comenzaron con los intentos racistas de desalojo a las tomas mapuche de municipalidades como en Curacautín y ahora continúan con la paralización de camiones. En ambos casos la derecha actúa de manera más o menos abierta y el gobierno es responsable de lo que ocurra.

Necesitamos contraponerle una amplia alianza entre el pueblo trabajador chileno y el pueblo mapuche para derrotar la agenda represiva del gobierno y de los dueños de camiones, y para retomar desde ahí el camino que abrió octubre, para conquistar una asamblea constituyente libre y soberana, pero para ir por incuso más: por terminar con este Chile de los capitalistas, y conquistar un país donde sean las mayorías trabajadoras las que gobiernen, integrando el básico derecho a la autodeterminación del pueblo mapuche como una medida esencial.

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