Sociedad. Los embates de la privatización y los costos de la energía eléctrica que recaen en los sectores más precarizados de la sociedad

En 1982 fue promulgada la Ley General de Servicios Eléctricos (DFL N° 1), dando paso a una nueva estructuración del mercado eléctrico, constituida en segmentos de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica. Este cambio estuvo directamente ligado con la privatización de este servicio básico, lo cual significó que el Estado se desligara de este derecho vital para la vida diaria, y le entregara total poder de decisión a las empresas privadas; permitiendo que estas pudiesen definir todos los aspectos relacionados con los proyectos de generación eléctrica, fijar las tarifas que se aplican a los usuarios, mientras que el Estado quedó cumpliendo un rol netamente fiscalizador; lo que ha generado consecuencias en la actualidad debido a los altos costos de la energía eléctrica, las múltiples fallas o “apagones” y el millonario negocio que se ha generado a costa de un derecho básico.

La desligazón del Estado ha provocado que hoy en día la generación de energía eléctrica en el país esté totalmente en manos de privados, los que administran este recurso a favor de sus intereses y no del interés público. Esto lo hacen a través de cuatro sistemas eléctricos: el Sistema Interconectado del Norte Grande (SING), el Sistema Interconectado Central (SIC), el Sistema Eléctrico de Aysén y el Sistema Eléctrico de Magallanes, donde los dos primeros concentran el 98% de la capacidad de generación. Este verdadero mercado eléctrico ha ocasionado que Chile tenga la energía más cara de la región y una de las más costosas del mundo, recayendo este peso en las miles de familias trabajadoras y pobres del país.

Son tres las empresas que condensan el 75% del mercado generador y el 90% del mercado de contratos: AES Gener, Colbún y Endesa, las que en los últimos cuatro años han obtenido ganancias de US$ 6.200 millones, mientras que la empresa E-CL (principal generadora eléctrica del Norte Grande) en 2011 tuvo utilidades netas de US$ 178,6 millones. Ganancias de miles de millones cada año para los empresarios dueños del mercado eléctrico, mientras el Estado y los gobiernos de turno siguen avalando este desvergonzado negocio que saca provecho de un recurso básico para la población; la que debe pagar los altos costos del servicio, soportar las fallas en el sistema con los conocidos “apagones” y ver cómo la cuenta de la luz sube cada año, de la mano con el aumento en el costo de la vida, alimentos básicos, transporte y agua (también privatizada), entre otros derechos básicos que fueron arrebatados y privatizados en Dictadura y que los gobiernos posteriores mantuvieron así.

¿Qué dicen los defensores del mercado eléctrico y el gobierno de la Nueva Mayoría? La Comisión Asesora para el Desarrollo Energético (CADE) en el informe que publicó en el año 2011, afirmó que “la concentración es un factor”, asumiendo que las empresas tienen la facultad de manipular las plantas que están en operación e influir sobre qué líneas de transmisión son construidas. Sumado a esto, el CADE también destacó que las compañías distribuidoras de energía eléctrica utilizan “reglas” y procedimientos que impiden la llegada de nuevos actores al mercado, lo que catalogan como “falta de competencia”, concluyendo que el alto costo de esta energía tiene principalmente que ver con el aumento del precio del petróleo.
Por su parte, el gobierno de la Nueva Mayoría en mayo del año pasado impulsó la Reforma Energética, anunciando un paquete de siete medidas con el objetivo de aumentar la competencia y reducir los precios de la energía eléctrica. El gobierno anunció que el Estado tendría un nuevo rol en la planificación y regulación de la industria, y además puso a la empresa ENAP al centro (entregándole US$ 400 millones) de una estrategia que pretende darle fuerza al gas natural licuado y a las energías renovables. “Buscamos disminuir los costos marginales de electricidad al 2017 en un 30% en el sistema interconectado central que provee al 90% de la población”, planteó en esa ocasión Michelle Bachelet.

Además, el gobierno también manifestó que darán impulso a las inversiones energéticas a través de modificaciones en las licitaciones de suministro, ampliando el plazo de estas para que así más competidores pudiesen postular a las generadoras, haciéndolo a un precio un 25% menor a lo que se está contratando hoy. De esta manera, la reforma energética del gobierno dejó en claro que buscan seguir manteniendo a las empresas privadas dentro del mercado eléctrico, perpetuando la privatización de un derecho básico para el conjunto de la sociedad, y arrojándolo a los vaivenes del mercado capitalista, sus competidores e inversionistas.

El mercado eléctrico cae sobre los hombros de trabajadores y sectores precarizados
Según la página oficial de Energía Ciudadana: “Este sistema ha operado en Chile durante los últimos 30 años, generando un conjunto de problemas económicos, sociales, ambientales y de seguridad de suministro, entre los que cabe destacar: la concentración de la generación en manos de pocas empresas; la escasa diversificación de las fuentes de generación; niveles insostenibles de contaminación local e incremento de emisiones de gases de efecto invernadero; inequidad social y regional en el abastecimiento eléctrico y costos económicos elevados en el suministro del servicio eléctrico”. Todos los aspectos mencionados tienen directa relación con las consecuencias del negocio de la electricidad que termina perjudicando a las familias más pobres del país, pues a los empresarios y al gobierno no les importa que cada año siga aumentando el costo de la luz; y que en Chile los precios de esta energía superen en 60% el promedio de los demás países de la OCDE, y que el país tenga la mayor alza en el valor de la electricidad en los últimos 14 años.

El gobierno tampoco tiene resquemores en anunciar que las cuentas de luz seguirán aumentando. Así es como lo hizo el Ministro de Energía, Máximo Pacheco quien en el 2014 afirmó que “las cuentas de la luz van a seguir subiendo, pero no porque HidroAysén no se construya, sino porque estamos atrasados en este tema, tenemos un déficit de infraestructura”, agregando además que en los últimos cuatro años las cuentas de luz han aumentando un 20%.

A los altos costos de la energía eléctrica y el constante aumento en las cuentas de luz, se suma que en Chile aún existen alrededor de 24 mil hogares que no tienen suministro eléctrico; unas 79 comunidades aisladas sin conexión a una red eléctrica, donde el 53% de estas se encuentran ubicadas en la región de Atacama y Coquimbo (III y IV región), según un catastro elaborado por el Centro de Energía de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile (CE-FCFM) y el Centro de Energías Renovables del Ministerio de Energía(CER).

Es decir, miles de familias que deben recurrir a “colgarse” de tendidos ajenos, ocupar generadores o derechamente utilizar velas. Claramente, los hogares sin luz no se ubican en La Dehesa, Vitacura o Reñaca, sino que son parte de los sectores más precarizados y vulnerables del país, principalmente de zonas rurales. Localidades como Peumo Alto, en la comuna de San Pedro, Melipilla; Monte Patria; Isla Grande de Chiloé; islas como Acui, Lin Lin y Chelín; o Carrizal Bajo, comunidad ubicada en la Región de Atacama, en pleno desierto, y donde en sus paredes y postes se pueden dilucidar rayados como “no más mentiras, queremos luz” o “Carrizal Bajo, unido por la luz”.

Esa es la dura realidad de miles de hogares que no tienen siquiera acceso a luz, mientras otras millones de personas deben soportar cada año un aumento constante en sus cuentas de luz, aguantar apagones (que curiosamente siempre se dan en las comunas y regiones más pobres) y ver cómo otro derecho básico para sus vidas fue privatizado en Dictadura y lo sigue siendo bajo los gobiernos de turno, los que avalan cada acción y decisión del sector empresarial que sólo vela por sus intereses de clase y no por mejores condiciones de vida para los millones de trabajadores del país.