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¡Los míseros sueldos no alcanzan! Los reales motivos de la evasión en Transantiago

El Directorio del Transporte Público Metropolitano entregó las últimas cifras de la evasión en el Transantiago, donde se llega al histórico 30%, mientras que autoridades responsabilizan a usuarios por no pagar pasaje.

Martes 9 de agosto de 2016 | 15:52

Como “histórica” cifra de evasión en el Transantiago se catalogó al 30% que, según el Directorio del Transporte Público Metropolitano, no costea el pasaje del transporte público. Ante esto, el ministro de Transportes, Andrés Gómez-Lobo, hizo un llamado a las empresas y en especial a los usuarios de ser “responsables” con este tema.

“Si queremos mejorar el sistema, tenemos que bajar la evasión”, aseguró Gómez-Lobo. Además, el secretario de Estado afirmó que se van a “expandir” los torniquetes “mariposa” que ya están implementados en algunos buses. Sumado a esto, planteó que existe un proyecto de ley, impulsado por el Ejecutivo, que busca fortalecer la fiscalización.

Por otro lado, de acuerdo a los datos entregados por la empresa Alto Evasión existen 70 mil personas multadas, desde 2013 a la fecha, y de ese total solo el 35% cancela el monto en los juzgados de policía local.

El ministro de Transportes, “expertos”, y diversas autoridades, salen a arremeter contra los usuarios del Transantiago como principales responsables de la evasión y las “falencias del sistema”. ¿Y es que acaso nada se cuestionan? ¿No se preguntan por qué cada vez son más las personas que no costean el pasaje de transporte?
En el caso de los parlamentarios, ganando más de 30 veces el sueldo mínimo de un trabajador, difícilmente entenderán que los sueldos simplemente no alcanzan, y entre gastar el dinero para costear cuentas, comprar alimentos, pagar el arriendo o cancelar sagradamente el pasaje en el Transantiago, no hay por dónde perderse.

Los parlamentarios y autoridades responsabilizan al pueblo trabajador por evadir, satanizan a las personas que no cancelan los pasajes y multan a quienes muchas veces no tienen para costear uno de los tres pasajes más costosos de América Latina. Cínicamente, golpean a los usuarios, pero ninguno de ellos utiliza el Transantiago- para eso tienen automóviles y en el caso de parlamentarios, regalías como automóviles y bencina gratis- y, claramente, no reciben el miserable sueldo mínimo. ¿Con qué “autoridad” arremeten contra las personas que evaden?

Si tomamos en cuenta el actual sueldo mínimo de $276.000 y el pasaje en bus del Transantiago de $640, para una persona que utilice solo dos pasajes al día (en varias ocasiones se usa más de dos viajes en el día), en una semana debe costear $6400 y $25.600 mensual, es decir, cerca del 10% del sueldo. Sin embargo, este cálculo no considera que en cientos de familias trabajadoras solo una persona labura y mantiene al núcleo familiar, por lo tanto el monto indicado no toma en cuenta el costo de pasajes de hijos, ancianos, cónyuge, que muchas veces debe solventar la misma persona.

Por otra parte, si consideramos el pasaje en Metro en “horario punta” (donde la mayoría de los trabajadores lo debe utilizar), que es de $740 el monto mensual para costear transporte público aumenta de manera considerable.

Nada de esto dicen las autoridades, no mencionan que Chile es parte de los países con un “mini salario mínimo”, que todos los derechos básicos de las personas están privatizados- absolutamente todos- , que por todo se debe pagar, que el costo de la vida va en ascenso, mientras que los sueldos de hambre se mantienen tal cual. Tampoco mencionan los miles de millones que obtienen las empresas del Transantiago a costa de otro derecho básico como es el transporte público.

Los “expertos”- que jamás han utilizado el Transantiago- hacen un llamado a aumentar la fiscalización y las sanciones; envían proyectos de ley para resguardar sus ganancias obtenidas de un derecho básico como es el transporte. No comprenden ni sensibilizan con la realidad del pueblo trabajador porque no son parte de este.

El transporte es un derecho básico que debiese ser garantizado por el Estado, público, donde también se aumenten los impuestos a las grandes empresas, y sean los trabajadores del transporte junto a los usuarios los que tengan peso y decisión en cuanto a la administración de este derecho.






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