Política Chile

¡LIBERTAD AHORA!

Los protagonistas de la Rebelión del 18-O, hoy son presos políticos del Estado

La rebelión chilena tuvo miles de violaciones a los derechos humanos por parte de la policía, mutilaciones oculares, violaciones y torturas. Pero los miles que hoy están presos no son los agentes del Estado ni los responsables políticos de la represión, sino miles de jóvenes luchadores que pusieron su vida para echar abajo cada una de las herencias Pinochetistas.

Nancy López

Estudiante de Educación Básica en U de Chile

Martes 3 de noviembre de 2020

Once meses, un año o más es lo que cientos de presos políticos llevan en prisión preventiva o encarcelados, luego de ser acusados por distintos delitos que de fondo, buscan encubrir la motivación política que el Estado y el gobierno tienen para quitarles su libertad: mostrar un ejemplo aleccionador para quienes salimos a protestar desde el 18 de octubre pasado, de que quien se rebele contra este sistema, podrá terminar preso, si no mutilado o muerto.

Son más de 2300 las querellas interpuestas en contra de agentes del Estado, por violaciones a los Derechos Humanos cometidas entre el 18 de octubre de 2019 y el 18 de marzo de 2020, según el balance del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Las querellas contabilizadas darían cuenta de más de 4000 hechos de violencia, donde la mitad son víctimas entre los 10 y 30 años, y donde 3800 son contra Carabineros.

Sin embargo, del total de querellas interpuestas, hay solamente 31 formalizaciones, según publicó La Tercera el recién pasado 16 de octubre. Este ínfimo número de formalizaciones, muestra que la violencia corre para un solo bando y es la violencia por parte del Estado la que buscan ocultar.

De ahí también que la UDI haya tomado la iniciativa de elaborar un proyecto de Ley que exige a los partidos políticos renunciar a la violencia como método de acción política, el cual fue patrocinado por RN y Evópoli, así como también por la DC, el PS y el Partido Liberal parte del Frente Amplio. Pero quienes nos movilizamos en la rebelión sabemos que lo que ellos llaman violencia, no fue más que la defensa a nuestro derecho de rebelarnos contra un sistema de extrema desigualdad y explotación, y que de no haber sido por las enormes jornadas de protesta y movilización jamás estaríamos siquiera hablando de redactar una nueva Constitución.

Una Convención Constituyente tramposa y fundada en la impunidad

Organizaciones como la Coordinadora 18 de Octubre y la Organización de Familiares y Amigos de Presos Políticos OFAPP, vienen hace meses denunciando y exigiendo la libertad inmediata de las y los presos políticos, que son también quienes protagonizaron las grandes movilizaciones que cuestionaron profundamente los 30 años de herencia dictatorial.

Desde el gobierno hasta los partidos de la izquierda parlamentaria como el Frente Amplio y el PC, están jugándose el todo por el todo a que todos aquellos profundos cuestionamientos a este sistema puedan canalizarse “pacíficamente” hacia las elecciones de constituyentes, haciéndonos creer que con el sistema de ⅔ de quórum y con un Parlamento que seguirá legislando por sobre la Convención, podremos conquistar nuestras demandas más sentidas, como el fin a la salud y educación de mercado o el fin del negocio de las AFP. Cuando ni siquiera podremos discutir allí ninguno de los tratados internacionales que también son responsables por ejemplo, de la privatización de nuestras aguas o de la expoliación de nuestros recursos naturales.

Con todas esas trampas y con más de 2000 presos políticos, es imposible pensar un proceso constituyente que sea capaz de representar nuestros verdaderos intereses y los de los cientos de miles que salimos a las calles durante la rebelión. Será una convención tramposa que está fundada sobre la impunidad y la prisión política, como aleccionamiento para todes quienes nos movilizamos.

El debate de la amnistía llegó al Congreso

Desde el Partido Comunista con Camila Vallejos a la cabeza, y apoyada por diputadas como Emilia Nuyado (PS), Pamela Jiles (PH), Gabriel Boric (CS) y Natalia Castillo (RD), ingresaron este martes a la Cámara baja un proyecto de ley de reparación e indemnización para víctimas de la violencia estatal, tanto de manera directa como en caso de ser familiares de personas asesinadas en el estallido social a manos de la violencia policial.

Además, desde Convergencia Social, presentaron un proyecto de resolución que busca tres acciones: la orden del Presidente al Ministerio del interior de desistir en las querellas por Ley de Seguridad Interior del Estado; la revisión de las medidas cautelares de prisión preventiva y la conformación de una comisión que trabaje un indulto general para condenados por delitos durante el estallido.

Y en esa misma línea, el último en pronunciarse fue el senador Alejandro Navarro (PRO) quien anunció que presentaría un proyecto de ley para avanzar en la amnistía, en el marco que ese tipo de iniciativas deben arrancar en la Cámara Alta.

Rápidamente y como era de esperar, el gobierno cerró filas para negarse a cualquier medida de indulto.

Para Juan Francisco Galli, subsecretario de Interior, “son señales equivocadas y parecen validar la violencia que vivimos en esa época”. Parece una burla, cuando los propios datos que entregan diversos organismos de Derechos Humanos, nacionales e internacionales, dan cuenta de que el principal ejecutor de violencia sistemática durante la rebelión popular fue el propio Estado y sus fuerzas represivas.

Y así también lo expresó el Ministro Secretario General de Gobierno, junto a su par de Hacienda, Ignacio Briones, y de la Segpres, Cristián Monckeberg, catalogando cualquier medida de indulto como “completamente incomprensible”.

Y les coronó el propio Sebastián Piñera, quien en una entrevista publicada el fin de semana por El Mercurio, planteó que “en Chile no existen los presos políticos”, y que “indultar a violentistas es una muy mala señal” ya que quien “comete un delito violento tiene que asumir sus responsabilidades y consecuencias”. Aunque claramente eso no aplique para las fuerzas represivas ni tampoco para los más poderosos.

¡Libertad inmediata a lxs presxs políticos de la rebelión popular!

Si hay algo que aprendimos desde el 18O, es que nada nos darán gratuitamente ni por buena voluntad. Sería una ingenuidad realmente insensata pensar que los diputados y senadores de la UDI, RN e incluso de la DC, podrían verse “convencidos” de la necesidad de liberar a los presos políticos, cuando para ellos quienes nos tomamos la Plaza de la Dignidad fuimos siempre delincuentes y violentistas. Hoy, reafirman su visión desde ese 20% que tiene intereses totalmente contrapuestos a la mayoría que la hacemos el pueblo y las y los trabajadores y nuestras familias.

Por eso es totalmente insuficiente que demandas como esas se dejen a merced de un Parlamento corrupto y deslegitimado, totalmente aparte de las necesidades que hemos expresado por décadas. El PC y el FA deberían ya tener más que clara esta situación.

Sin embargo, hacen parecer que es la única alternativa. Mientras que al interior de los espacios de organización que dirigen o tienen mucho peso en su interior -como es el Colegio de Profesores o la CONFECh en caso del FA, o de la CUT en caso del PC- se mantienen en un reposo totalmente silencioso. Desde el famoso acuerdo por la “paz” firmado a nuestras espaldas, se han concentrado en mantener sin sobresaltos una tregua total con el gobierno.

Nuestra fuerza organizada será la única capaz de obligar al gobierno a liberar a les presos políticos de la rebelión. Organizaciones como la OFAPP se han mantenido en constante actividad para mantener esta lucha, pero por si solas todas esas familias no podrán quebrar la voluntad del gobierno. Tenemos que ser muchos más y con muchísima más fuerza, que sin duda existe pero tenemos que organizarla.

Tenemos que ser claros en que esta convención tramposa y basada en la impunidad no podrá responder a nuestras demandas. Y si el PC y el FA realmente quieren la liberación de todos los presos de la rebelión, que entonces se lo tomen enserio y desde organizaciones como la CUT, organismos estudiantiles, sociales y territoriales que dirigen, convoquen a discutir seriamente un plan de movilizaciones que logre colocar al gobierno tras las cuerdas, con paros y movilizaciones masivas que muestren que no aceptaremos más impunidad ni represalias políticas por nuestra legítima protesta. Aquella es la única vía realista de torcer la mano al gobierno.

Tenemos que tomarnos como una responsabilidad propia que cada compañere que entregó su vida a echar abajo la herencia pinochetista, se encuentre ya en libertad. Y para eso, debemos potenciar mucho más las instancias de organización y lucha que se han venido impulsando, dando mucha mayor visibilidad, coordinando las diversas iniciativas a nivel nacional e incluso internacional, para que millones se enteren de la situación y consiguiendo generar una solidaridad transversal con esta demanda.

Estudiantes, jóvenes, trabajadores, académicos, docentes, todes quienes nos movilizamos desde el 18O para echar abajo a Piñera y su gobierno criminal, tenemos que hoy mostrar con toda la fuerza el amplio respaldo que la mayoría tenemos con esos cientos de luchadores que hoy se encuentran privados de libertad y en condiciones realmente inhumanas, sin derecho siquiera a poder ser visitados mientras todos los políticos de los partidos del régimen, comentan cómo será la apertura de cines y piscinas, pero manteniendo en aislamiento a nuestros compañeres, una verdadera herramienta de tortura en su contra.






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