CORONAVIRUS

Con más de 13 mil fallecidos, el Gobierno lleva adelante el plan "paso a paso"

A 145 días del primer caso confirmado de Coronavirus en Chile, el Gobierno de Piñera pone en marcha el plan de desconfinamiento a la medida de los empresarios, mientras las cifras de muertos llegan a los 13 mil entre confirmados y probables.

Cristobal Cartes Bernal

Estudiante de Medicina U. de Antofagasta. Militante Vencer.

Domingo 26 de julio de 2020

En un nuevo reporte diario de la pandemia en Chile, y en pleno desarrollo del dudoso plan de desconfinamiento del Gobierno de Piñera, el plan "paso a paso", nuevas cifras se dieron a conocer el día de ayer. A 145 días del primer caso registrado por coronavirus en Chile hasta la fecha, se registran 9020 fallecidos confirmados por COVID-19 según las cifras del DEIS y un total de 343.592 contagiados. Sin embargo el gobierno criminal sigue ocultando las cifras, puesto que en la tarde de ayer en un nuevo informe epidemiológico, el DEIS dio a conocer que entre casos confirmados y probables la cifra de fallecidos asciende a 13.203, específicamente hasta el 25 de Julio hay 4183 fallecidos cuya causa probable es coronavirus.

La pandemia del coronavirus en Chile viene enfrentando durante estas semanas una baja en los números de contagiados nuevos en algunas ciudades, sin embargo no lo suficiente como para hablar de un plan de desconfinamiento real y concreto en favor de las familias trabajadoras y pobladores; esto porque el plan "paso a paso" es a la medida de los empresarios. Este plan viene a ser una versión un tanto más "científica" del nefasto y desastroso plan "retorno seguro"de fines de abril, o nueva normalidad de Piñera, que resultó en miles de contagios y fallecidos, especialmente para los sectores populares de la región Metropolitana, a la vez que impone medidas cada vez más represivas, desde multas millonarias hasta penas de cárcel, por "incumplir" las medidas sanitarias.

Al día de hoy se presentan diversos escenarios, por un lado el descenso de casos nuevos en ciudades del sur del país y algunas comunas de la región metropolitana, motivando el inicio del dudoso plan de desconfinaniento (apertura de cuarentenas o fase de transición) de Piñera con un guiño netamente económico, puesto que este plan ni siquiera cumple con las condiciones planteados por la OMS, es decir un porcentaje de positividad menor al 10% y una trazabilidad mayor al 90%, donde incluso recintos de salud plantean que el país no logra ni un 80% de su plan de trazabilidad de los casos, en consecuencia no hay tal preparación para poner en marcha el plan de desconfinamiento, que puede incluso venir a poner en riesgo la vida de millones de personas que requieren de sustento económico de manera urgente.

Por otro lado, un sostenido avance por semanas de los casos en la región de Antofagasta, que propició incluso la imposición de una segunda cuarentena para la ciudad de Antofagasta el 23 de junio, pero nuevamente una cuarentena trucha, puesto que las grandes mineras en manos de empresarios millonarios continúan llenándose los bolsillos, a punta de contagios y fallecidos del sector minero; esto significó que la comuna de Calama tenga el índice de mortalidad más alto en el país hasta lo que va la pandemia y Antofagasta tiene hasta ayer 751 casos activos, la segunda ciudad con más casos activos del país.

Para asegurar la vida de la clase trabajadora y de las grandes mayorías, es necesario imponer un programa de emergencia ante esta crisis sanitaria y planes de desconfinamientos dudosos a la medida de los empresarios. Es fundamental para detener el alza de los contagios como en sectores mineros e industriales, el cese de trabajos no esenciales prohibiendo despidos y suspensiones, imponer un impuesto extraordinario a las grandes fortunas para de esta forma asegurar un sueldo de 500 mil pesos acorde a la canasta básica, para todos aquellos despedidos y suspendidos.

Es necesario imponer planes de trazabilidad y de control del virus reales, que garanticen un seguimiento efectivo de los casos, acabar con el hacinamiento de sectores populares, asegurar licencias laborales pagadas para aquellos trabajadores y trabajadoras que pertenezcan a grupos de riesgo.






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