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México: la llamada Ley Bala en Puebla ya cobró sus primeras víctimas

Niega el gobierno local responsabilidad en asesinato de un menor por el impacto de una bala de goma. Pobladores de Chalchihuapan repudian la escalada represiva y las leyes que criminalizan la protesta.

Yara Villaseñor

Socióloga UNAM - Integrante del MTS

Miércoles 17 de septiembre de 2014

El pasado 9 de julio, en Cholula, Puebla, cientos de campesinos, pobladores de la comunidad de Chalchihuapan, se movilizaron en contra de la reubicación en las cabeceras municipales de las oficinas del Registro Civil junto a más de 190 comunidades, llamadas juntas auxiliares, que implementaron medidas de presión como bloqueos carreteros y tomas de alcaldías para exigir la devolución de las oficinas.

Reprimen la protesta de Chalchihuapan

Los cerca de 1.200 habitantes de Chalchihuapan que bloquearon la autopista Siglo XXI, que comunica Puebla con Morelos, vienen denunciando la brutal represión que el gobierno estatal Rafael Moreno Valle (PAN) descargó sobre ellos amparándose en la Ley Bala, legislación que autoriza el uso de armas de fuego para dispersar manifestaciones.
En la represión, los policías utilizaron gases lacrimógenos, toletes, dispararon balas de goma y arrojaron gases lacrimógenos desde un helicóptero.
José Luis Alberto Tehuatlie, de 13 años de edad, falleció tras 10 días de estar internado en condición crítica debido al impacto de una bala de goma que le voló una parte del cráneo. También está el caso de Hugo Jiménez, quien perdió un ojo tras el impacto de bala de goma y Filemón Precio, herido en el abdomen, así como Martín Xalhua quien fue herido en una mejilla dejándole los dientes fracturados, desecha la lengua y la mandíbula, y medio centenar de heridos más.

Las excusas de Moreno Valle

El día de la represión, Moreno Valle justificó la intervención de la policía estatal para dispersar la protesta y mantener a raya el descontento que viene generando en Puebla la antidemocracia del gobierno y la penetración de empresas trasnacionales. Esto beneficia en particular a mineras que operan en zonas rurales para profundizar el despojo y saqueo de recursos que legalizó la aprobación de la Reforma Energética.
El gobernador Moreno Valle se amparó en la ley que “regula” el uso de la fuerza pública conocida como Ley Bala. Durante 10 días, el gobierno de Moreno Valle mantuvo oculto el diagnóstico médico a familiares y medios. La versión oficial niega toda responsabilidad por parte de los agentes policíacos, argumentando incluso que el impacto hacia el menor fue generado por un cohetón.

El gobierno de Puebla en crisis

Aunque la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ha declarado la responsabilidad completa de los agentes –que dispararon a menos de 50 metros de distancia del niño–, así como el uso de balas de goma y otros artefactos represivos, desmintiendo la versión oficial, la salida que ofrecen es el amparo contra la Ley Bala para los pobladores de Chalchihuapan.

Según el titular de la CNDH, “los agentes estarán impedidos de utilizar armas de fuego contra manifestantes”. Sin embargo, la CNDH no hace responsable al gobierno de Moreno Valle, que es quien dio la orden de reprimir y quien impulsó la Ley Bala.

Mientras tanto, familiares del niño fallecido, junto con amigos y vecinos han reclamado la renuncia del gobernador.

Criminalización de la protesta social

Consultado por esta corresponsal, Sergio Moissen del Movimiento de Trabajadores Socialistas, señaló que “consideramos que el amparo es insuficiente, hay que denunciar y anular el conjunto de leyes que criminalizan la protesta social en todo el país, que vienen aprobándose como medida preventiva frente al descontento que las reformas estructurales y el aumento en la carestía de la vida han generado entre la población”.

Moissen también apuntó contra “declaraciones como las del Partido de la Revolución Democrática (PRD) local, que mientras acusa a Moreno Valle de iniciar una etapa regresiva y represiva, en otras entidades no sólo aprueba leyes antiprotesta sino que reprime a la juventud y los trabajadores que se movilizan”, y recordó los hechos en el Distrito Federal en diciembre del 2012, cuando la represión en la asunción del presidente Peña Nieto dejó más de 100 presos. También se han registrado otros operativos represivos en entidades como Guerrero contra el magisterio que se movilizaba contra la Reforma Educativa y que dejó como saldo cientos de heridos y dos normalistas asesinados por las fuerzas policíacas.






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