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Red Internacional

Desmilitarización Ya del Wallmapu. Militarización en el sur: Gobierno busca por cuarta vez convocar Estado de Excepción y la derecha quiere ampliarlo a la región de Los Ríos

El gobierno solicitará una nueva prórroga del Estado de Excepción en el Wallmapu, mientras que partidos políticos de la derecha llaman a extenderlo a la región de los Ríos. Esto, tras la caída del veto suspensivo de la ley de infraestructura crítica propuesto por el gobierno, la cual mediante simples modificaciones buscaba evitar "excesos" de las Fuerzas Armadas.

Teresa MelipalSantiago de Chile

Viernes 22 de julio | 09:17

El Estado de Excepción en las regiones del Bío Bío y La Araucanía se ha mantenido desde el último año de gobierno de Sebastián Piñera y ha sido continuado por el nuevo gobierno de Gabriel Boric. La medida vence este 30 de julio y el actual gobierno pretende extenderla por cuarta vez.

Este jueves el subsecretario del Ministerio del Interior, Manuel Monsalve (PS), descartó promover el Estado de Excepción de la región de Los Ríos tras la solicitud de varios parlamentarios de la derecha ante una posible extensión de la medida por parte del gobierno.

Esto no significa que no exista militarización o represión en la zona, al contrario, el miércoles el propio subsecretario de Interior había viajado a la zona para conocer en terreno la situación. Desde allá anunció una serie de medidas en materia de seguridad, entre las que están el resguardo de rutas y mayores controles policiales en puntos estratégicos.

El veto sustitutivo a la ley de infraestructura crítica que ingresó Gabriel Boric fue rechaza el pasado miércoles por el Congreso. Esto hizo mover los hilos hacia la extensión del Estado de Excepción. Sin embargo, dentro de la coalición de gobierno ya se ha visto algunos disensos -aunque siguen en minoría- como Matías Ramírez (PC), Lorena Pizarro (PC) y Ana María Gazmuri (Acción Humanista) que rechazaron el veto sustitutivo a la ley de Infraestructura Crítica.

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Desmilitarización Ya del Wallmapu

El gobierno de Boric creó el Plan Buen Vivir luego de instalar el Estado de Excepción "acotado". Esta plan consta de tres ejes hacia el territorio denominado "macrozona sur". El primero se refiere a la demanda de restitución de tierras, duplicando la destinación de recursos fiscales a la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi), pasando de $17 mil millones a $35 mil millones junto con el compromiso de crear un proyecto de ley para crear un Ministerio de Pueblos Indígenas. La tercera medida intenta cooptar algunas comunidades a través de un organismo estatal que reconozca a las autoridades ancestrales, a esto el gobierno llamó "Parlamentos territoriales".

El conflicto entre las empresas forestales y latifundistas con el pueblo mapuche es un problema de Estado. El duopolio forestal de las familias millonarias Angelini y Matte gozan de una de una creciente demanda internacional, debido a que en los últimos años se ha extendido una tendencia en el mundo financiero a tener activos verdes, o sea, tierras con certificaciones internacionales sobre mitigación del cambio climático, que se traduce también en los llamados bonos de carbono.

También se suma el crecimiento del negocio forestal, según señalan las estadísticas del PIB regional, donde las regiones de La Araucanía, Los Ríos y Biobio fueron las regiones que más crecieron económicamente pese a las denuncias del empresariado de ser "golpeadas" por el conflicto. Sin embargo, la región de La Araucanía es una de las regiones con mayor pobreza. Según la última encuesta Casen, La Araucanía subió sus índices de pobreza en pandemia (pasando de 4,6% en 2017 a 5,9% en 2020).

Más allá de las intenciones del "Buen Vivir" del gobierno, las ganancias forestales continúan con el resguardo de militares al igual que los gobiernos "de los 30 años". Es por esto que un sector importante del pueblo mapuche mira con desconfianza las declaraciones ante la prolongación del Estado de Excepción en la zona tas potenciar la militarización en el gran territorio.




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