Política. Millonarios sueldos y gastos de parlamentarios reviven el descontento de la población

Quiénes componen el Congreso: empresarios y corruptos

Ya no cabe duda en la opinión pública que el Congreso se compone de una gran suma de empresarios e imputados por escándalos casos de corrupción. Tan así, que casi la mitad de los congresistas son empresarios. Esto según los datos entregados en la declaración de intereses de los políticos, en donde arroja que 73 legisladores tienen participación en sociedades, sumado a que para el 2015 ya habían al menos 15 legisladores en proceso de investigación judicial debido a presuntos casos de corrupción, destacando que actualmente se siguen destapando más casos.

Y cómo no, si actualmente los diputados ganan más de $14 millones de pesos mensuales, lo que equivale a 40 veces el sueldo mínimo establecido, que dicho sea de paso, en el actual gobierno no se aumentó considerablemente. Esta situación es alarmante incluso a nivel internacional, dado que los diputados del país reciben el promedio de ingresos más alto entre los países que conforman la OCDE. Destacando que, esa millonaria cifra sería sólo el “sueldo base”, a la cual se suman las dietas parlamentarias y sus ingresos por su participación en empresas.

Datos referidos al 2017

Las enormes diferencias salariales en los cargos públicos, que aún subsisten en la actualidad, se comenzaron a gestar durante la época de la dictadura y la transición a la democracia pactada con Aylwin. En donde, los sueldos base eran ya 20 veces superiores a los públicos más bajos de rango. Además, los funcionarios y parlamentarios tal como ahora, recibían frecuentemente sobresueldos por sus ingresos en empresas privadas, lo que en muchas ocasiones equivalía a un sueldo adicional, por lo que la brecha aumentaba aún más. Elementos que también se reflejaban en el Poder Judicial, destacando que para 1977 se aumentaron sus remuneraciones en un 76%, y a los más altos magistrados hasta en un 86.3%, quedando las de los subalternos en un 48,9%.

Si esto ya parece bastante, la realidad económica de los senadores es aun más ostentosa. El costo anual de un solo senador equivale a $379.049.241. Lo anterior, se debe a que mensualmente perciben un ingreso bruto de $9.121.806, además de; gastos operacionales por $8.299.500; personal de apoyo por $6.834.052; asesorías externas por $3.145.170; gastos operacionales para los comités de $23.296; monto por personal de apoyo para los comités por $958.045 y asesorías externas para los comités por $2.788.901. Mientras más del 50% de las y los trabajadores reciben de ingreso menos de $350.000 mensuales. Queda claro porqué no les interesa aumentar el sueldo mínimo. Es evidente que buscan mantener su riqueza a costa de la precarización de vida del conjunto del pueblo trabajador.

Lo que se evidencia mejor en la cantidad exorbitante de infracciones laborales que presentan los parlamentarios, los mismos que legislaron en la reforma laboral para prohibir el reemplazo en huelga; y los grupos negociadores, donde se pretende “corregir” la figura de los sindicatos como únicos representantes de los trabajadores en una negociación colectiva. Son los que mantienen negocios y empresas personales que destacan por el implumiento de las normativas mínimas laborales. En cuanto a esto, CIPER detectó 14 sociedades de siete nuevos parlamentarios a las que la Dirección del Trabajo (DT) les ha cursado sucesivas multas. Uno de los casos más graves según los datos de CIPER es el Rodrigo Galilea (RN) quien en siete de sus sociedades acumula 130 multas entre 2013 y 2018. Imposible confiar en este clase de políticos empresariales que solo pretender defender sus bolsillos.

Y qué dice el Frente Amplio: Un discurso tibio que mantiene privilegios

Con sus tribunas parlamentarias, poco y nada han actuado. Boric y Jackson se han quedado en nada más que un discurso de tibia denuncia proponiendo un proyecto de ley que rebaja a tan solo la mitad los sueldos de los legisladores. Es decir, recibir entre ocho y nueve millones al mes, sorprende el cambio que generan con dicho sacrificio. Reducir la dieta parlamentaria a la mitad es claramente insuficiente, dado que acaba con los privilegios de los políticos corruptos, pues aun así, recibirán un sueldo 20 veces más alto que un trabajador calificado. Estas propuestas no son más que confianzas en un parlamento y sus reformas que es servil a los empresarios y sus bolsillos, no se puede seguir confianza en la política del cambio en la medido de lo posible.

Basta de privilegios

Es por esto, que resulta necesario implementar otro tipo de medidas que pongan en jaque los intereses de los políticos corruptos y serviles al empresariado. Como por ejemplo, que todo parlamentario y parlamentaria reciba de sueldo lo mismo sueldo que una trabajadora calificada, poniendo fin a sus sueldos privilegiados, en donde la dieta parlamentaria corresponde a 34 veces el salario mínimo.

De no acabar con esta gigantesca brecha, resulta imposible que los parlamentarios puedan acceder a vivir la realidad de cientos de miles de trabajadores, mujeres y estudiantes que deben hacer grandes esfuerzos para mantener a sus familias, costear arriendos, transporte, salud y educación.