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Red Internacional

Marcela Cubillos afirma que la nueva ley que busca fortalecer las facultades de los directores frente a hechos de violencia que ocurran al interior de establecimientos municipales, como el lanzamiento de bombas molotov u otros, “es una medida que va en directo apoyo a la educación pública".

Sábado 8 de septiembre de 2018 | 03:55

La nueva ley -explica la ministra en el matinal de TVN-, les da las herramientas a los directores para que puedan expulsar a estudiantes sorprendidos con porte de armas o lanzando bombas incendiarias, para así resguardar la integridad de los profesores, potestad que actualmente sólo tiene el consejo de profesores.

Sin embargo vale la pena preguntarse: ¿es esta medida un verdadero apoyo a la educación pública? ¿Una medida que busca otorgarle más atribuciones a la figura que ya es la que decide prácticamente todo en un colegio? Como la continuidad de los profesores que viven a contrata, siendo despedidos cada fin de año.

¿Acaba, esta ley además con la violencia dentro de los colegios municipales o es sólo un mecanismo para garantizar la persecución de los estudiantes que se organicen y protesten? ¿Se soluciona el problema, real, de la violencia dentro de la escuela? ¿Qué le ofrece el Estado a aquellos niños que ejercen violencia en el colegio, producto de vivir inmersos desde la infancia en espacios de violencia, opresión y drogadicción?

Lo que hace esta ley es culpar por la segregación y violencia social a los individuos particulares, en este caso los niños, de una violencia que es estructural. De tono con las leyes represoras, propias de la derecha, esta ley lejos de garantizar el cese de la violencia en los colegios, será un mecanismo más para darle potestad al que ya es el “patrón de fundo” en el colegio.

Si bien los profesores sabemos y nos sentimos muchas veces amenazados ante hechos de violencia en el colegio, entendemos que esa violencia es producto de todo un sistema social violento, son los niños y estudiantes que justamente no tienen qué comer, cómo vestirse, o necesitan escapar de la violencia en la casa, los que serán expulsados y dejados en la calle, sin recibir, justamente lo que necesitan con urgencia, que es una educación que los empodere para salir a subsistir ante un mundo que les cierra las puertas para cada oportunidad que buscan. Un mundo que les ofrece trabajos en condiciones precarias como garantiza el nuevo Estatuto Laboral Juvenil.

¿Le ofreceremos entonces a los estudiantes “violentos” una institución como el SENAME para poder ser reformados en su actuar? ¿Una institución que violenta y oprime e incluso mata a miles de niños?

La solución de la violencia que afecta a la escuela municipal y a los profesores en particular no se resuelve con mayor represión, de eso somos conscientes los profesores. La violencia se resuelve fortaleciendo verdaderamente la educación pública, es decir, garantizando las condiciones necesarias para que los estudiantes se desarrollen, se eduquen sin represión, se garantice su derecho a la salud, a la vivienda y comida, a la oportunidad de educarse y romper el círculo de violencia y opresión de la que son víctimas, que sólo podemos romper del todo acabando con la raíz de la segregación y la violencia social: acabando con la pobreza.




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