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Red Internacional

Integrantes de la Cuenca de Salinas Grandes y Guayatayoc protestaron en la capital jujeña ante el llamado a licitación del Gobierno de Jujuy para explotar 11 mil hectáreas de salares para la extracción del litio. La organización, que nuclea a 33 comunidades atacameñas y kollas, presentó un amparo ante el avasallamiento de derechos. Testimonios de referentes.

Viernes 2 de diciembre de 2022 | Edición del día

Ayer jueves 1/12 el Tribunal en lo Contencioso y Administrativo tenía plazo para responder la acción de amparo presentada por las comunidades que conforman la Mesa de Salinas Grandes y Guayatayoc, entre las que se encuentra Santuario de Tres Pozos, Pozo Colorado, Alfarcito, El Moreno, Casabindo, Sayate Oeste, Tambillos, Intikilla, San Miguel de los Colorados, Aguas Blancas, Sol de Mayo, El Angosto, Barrancas, Queñualito, Yumpaite, y Santa Ana de la Puna, entre otras. La misma fue presentada ante la convocatoria realizada por el Estado jujeño el 9/11 (publicada el 16/11 en el Boletín Oficial), a través de la empresa estatal JEMSE y la empresa Lithos Desarrollos Energéticos SA, para la licitación de 11 mil hectáreas de territorio indígena en las Salinas Grandes para la explotación y el extractivismo del litio.

La respuesta del Tribunal se dio en el marco de una audiencia donde participaron integrantes de las comunidades con los abogados Alicia Chalabe, Franco Aguilar, y representantes de JEMSE. También con la presencia afuera de la institución de decenas de integrantes de las comunidades organizadas que se trasladaron desde sus territorios con carteles y banderas para hacer ver y oír, y que contó con la solidaridad de integrantes de organizaciones sociales, de comunidades indígenas, referentes de derechos humanos y de la izquierda.

Daniel Cussi, comunero de Casabindo presente en la acción sostuvo “Venimos a la marcha porque nos están sacando todo el agua. Nosotros queremos futuro para nuestros niños, de los que vienen por detrás”.

“El Gobierno quiere sacar litio en nuestros territorios, se va muchísima agua, se secan los ríos, cienegos, las pasturas para los animales, en la puna tenemos turismo y esto nos afecta”.

“Morales nos está entregando todo a las empresas mineras que vienen desde afuera se llevan toda la riqueza y quedamos con las manos vacías. Explotan nuestras tierras y nuestros campos y se llevan toda la riqueza al exterior”.

A su vez, Florencio Castillo, de la comunidad de Pozo Colorado comentó “la situación por la que venimos es por la licitación que saca el Gobierno por medio de la prensa de once mil hectáreas de nuestro territorio. No fuimos consultados como dice el marco de la ley y nos vimos obligados a venir para manifestarnos pacíficamente para defender nuestro territorio. Ellos quieren saquear los recursos naturales que es el salar para saquear el litio”.

“Nosotros somos preexistentes y el gobierno no respeta. Vienen no consultan, sacan un decreto por medio de la minería".

"Nosotros hemos venido luchando y seguimos luchando por nuestros recursos naturales que es bienestar de las comunidades. Nosotros nos auto sustentamos del salar, estamos trabajando, tenemos el ingreso económico del salar”.

“Ellos vienen, expropian nuestros territorios dando licitaciones, el día de mañana van a desaparecer las comunidades porque no vamos a tener trabajo. El trabajo del litio va a ser pan para hoy y hambre para mañana porque económicamente vamos a estar bien diez, veinte años, pero después, se van todas las empresas multinacionales…Todos los de afuera se llevan los recursos naturales, por unas migajas que dejan a las comunidades y todo el enriquecimiento se llevan los poderes políticos que están al frente…”

María de la comunidad de Queuñalito comentó “planteamos no a la minería, por el agua y la vida".

"Nosotros somos de la comunidad, tenemos una salud y no queremos un lugar con contaminación. Abastecemos animales plantas con el agua. Con la minería se hace plata pero la salud de las personas, de los animales, quién lo recompensa”.

“Es un abuso total sobre nuestros territorios, que es de las comunidades, de la gente que vivimos ahí. El Gobierno debería tener un poco más de respeto y hablar con la comunidad, no hacer lo que ellos quieren, directamente a quitarnos el territorio. Nosotros necesitamos por nuestros animales, plantas, tenemos invernaderos de donde sacamos verduras que sacamos de ahí. Es en defensa de nuestra salud, de nuestra vida”.

Las comunidades vienen sosteniendo que el procedimiento realizado por el Estado y el Gobierno de Jujuy no garantizó el procedimiento de consulta que tienen la misma, llamado Kachi Yupi, y derechos ambientales como la Ley Escazú de acceso a la información en materia ambiental. “Resulta violatorio de derechos fundamentales de acceso a la información, ya que no permite conocer ni determinar cómo se verán afectadas las comunidades de la zona ni el ambiente, ya que no se llevaron adelante los procesos informativos de participación temprana, ni de consulta libre, previa e informada correspondientes”.

Terminada la audiencia, representantes de las comunidades comentaron que el Estado respondió a la demanda planteada, y que ahora hay un plazo de 48 horas para que desde las comunidades respondan al mismo. También informaron que ante la convocatoria a licitación cuyo plazo venció el 28/11, y cuyos pliegos tenían un costo de 55 mil dólares, se presentaron 3 oferentes.

Verónica Chávez, comunera de Santuario de Tres Pozos, quien estuvo en la audiencia afirmó “estamos con la organización que hicimos hace doce años atrás Cuenca de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc. Le dijimos al juez que nosotros vamos con el derecho de las comunidades. Nosotros con nuestras familias queremos vivir tranquilos como hicieron nuestros abuelos. La explotación del mineral litio extrae mucha agua nos oponemos en contra de eso porque queremos dejar un futuro para nuestros hijos por eso decimos No al litio”.

Ante la consulta sobre la afirmación que hace el Gobernador Gerardo Morales de que las comunidades están de acuerdo con la actividad sostuvo:

“Nosotros no estamos de acuerdo. Vamos a luchar por el bien de nuestros hijos. No nos consultaron, no tuvieron la menor voluntad de consultarnos ni hablarnos”.

“A nosotros nos afecta el agua. La cuenca de Salinas Grandes es una cuenca endorreica a donde no tiene salida para ningún lado. El agua se concentra debajo del salar. Al sacar este mineral los ojitos que están en los cerros son los primeros perjudicados ahí viven muchas comunidades, productores de ganadería, producción de los sembrados, es muy perjudicial para nosotros”.

“Nosotros vamos a seguir trabajando en esta resistencia desde hace muchos años.
Queremos dejarle el mensaje a las corporaciones que quienes vivimos en territorio estamos en desacuerdo”.

Es importante dar cuenta que la zona donde el Gobierno pretende avanzar con el extractivismo del litio son áreas de humedales altoandinos y cuyo territorio habitan comunidades desde tiempos ancestrales. Las mismas se dedican a la actividad artesanal de la sal y la ganadería principalmente. Sus derechos posesorios y de contar con la propiedad comunitaria de las tierras fueron reconocidos, incluso, con un fallo judicial del Tribunal Contencioso y Administrativo en el año 2006, que ordenó al Estado Jujeño la entrega de los títulos comunitarios, incumplidos hasta el día de hoy.

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