Política Chile

INMIGRANTES

Muerte de haitianas en la salud pública: desenlaces de un sistema en crisis

Rebeka Pierre de 38 años y Monise Joseph, de 31, ambas haitianas, fallecieron en las últimas semanas, luego de buscar atención en hospitales públicos ¿Negligencia de algunos individuos o falla del sistema público de salud?

Raúl Gómez

Trabajador Atención Primaria de Salud

Domingo 26 de mayo

Ambas mujeres jóvenes, de origen haitiano y con familias detrás, tuvieron muertes precoces. Rebeka falleció de un Tromboembolismo Pulmonar, en un paradero de la zona norte de Santiago y Monise de causas desconocidas, luego de presentar un cuadro respiratorio y hemorragia vaginal en el Hospital Barros Luco.

El primer caso se agrava si consideramos que había sido considerada fuera de riesgo y dada de alta en el Hospital Félix Bulnes, siendo anteriormente derivada desde su consultorio con alteraciones cardíacas (era médica y juntaba dinero para el proceso de revalidación). En tanto que Monise, refieren testigos, estuvo 3 horas esperando y no hubo fluidez entre los idiomas para establecer el origen de su padecimiento que terminó en un paro cardiorrespiratorio de forma fulminante.

¿Hechos aislados o falta de respuesta en la salud pública?

Varias son las barreras que enfrentan inmigrantes y la primera es justamente ganarse el reconocimiento legal de ser "inmigrante", es decir, el derecho legal a la residencia permanente y superar el estado de ser "migrante" o "turista": lo que la visa de 3 meses te permite. Estas condiciones son claves a la hora de optar por un acceso expedito a la salud, tal como refiere FONASA en sus orientaciones:

"...los inmigrantes serán atendidos en igualdad de condiciones que los nacionales, pero sólo si cuentan con un permiso vigente para permanecer en el país..." y agregan "no son inmigrantes las personas extranjeras turistas, que son aquellas que ingresan al país con fines de recreación, deportivos, de salud, de estudios, de gestiones de negocios, familiares, religiosos u otros similares; sin propósito de inmigración, residencia o desarrollo de actividades remuneradas” y añade que quienes pertenecen a este grupo “pueden requerir y obtener de los establecimientos de salud el otorgamiento de prestaciones”, pero “deberán pagar su valor según el arancel respectivo”.

Para Yesid Alberto Castaño Velosa, presidente de Inmigrantes Berracos de Colombia: “Nos comprometimos en la última mesa sectorial de inmigrantes con Salud a que abogados van a trabajar para echar abajo este dictamen que además choca directamente con el Decreto Supremo 67 que manifiesta que se debe atender a todos los migrantes, más allá de cómo ingresan. En el fondo, se está negando la atención porque muchas personas no pueden pagar como se está pidiendo”.

La realidad siempre supera con creces lo que se dicta en los documentos oficiales de las instituciones que administran y financian los servicios públicos (y qué decir de los privados), ya que son miles de migrantes los que ingresan con visas de turista, con intención de asentarse, pero que no cuentan con los recursos necesarios para pagar prestaciones de salud, sobretodo haitianos, y las oportunidades laborales son precarias, escasas o inexistentes.

Por otra parte nuestro sistemas de salud no cuenta con una adaptación a estas transformaciones demográficas, lo que queda evidenciado en que la barrera cultural e idiomática puede ser el factor que propicie eventos fatales como hemos visto.

Todos estos elementos, suman un conjunto de ingredientes que terminan expresándose en que Chile ejerce una discriminación sistemática e insuficientes políticas públicas para atender con dignidad a esta población y el resultado es una atención deficiente, inoportuna y con un personal no apto para el trato humano ni técnico para abordar urgencias que surgen particularmente en personas de origen extranjero.

El actual sistema de salud pública requiere de profundas transformaciones legales, económicas, administrativas y de sus procesos de atención o implementación de recursos. Así como debe desaparecer el sector privado que en base a la subvención estatal absorbe enormes cantidades de recursos públicos y deja a la deriva a las familias trabajadoras más empobrecidas, sean chilenas o inmigrantes.

Un Sistema de Salud con Acceso Gratuito y Universal que tenga a su disposición los recursos materiales y humanos, para dar protección a todos y a todas, sin distinción de etnia ni económica es un objetivo que se deben plantear tanto usuarios como trabajadores del sector. Siendo estos mismos quienes tomen en sus manos la gestión y control de los recursos con la finalidad de otorgarnos un derecho en base a las necesidades y no según la medida que impone el mercado de la salud, donde Isapres, Centros Médicos y Clínicas gozan de una excelente "salud económica" a costa de recursos públicos, dejando a hospitales y consultorios crónicamente en crisis, cuya última consecuencia es la catástrofe económica y la muerte de los más pobres y marginados de este país.






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