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Nueva contracción económica, aumento del desempleo y ocupación informal: ¿Quién paga la crisis?

Durante marzo la prensa y el gobierno realizaron una verdadera operación política para dar a entender que Chile estaba en plena recuperación tras el negro año 2020. Empezando abril tres cifras muestran lo contrario: en febrero hubo una contracción de 2,2% de la actividad económica, el desempleo alcanza a un 10,3% y el trabajo informal alcanza un 26%. Con el confinamiento luego del nuevo peak de contagios es esperable que empeore el panorama producto de las cuarentenas, el cierre del comercio y servicios.

Gabriel Muñoz

Licenciado en Historia

Sábado 3 de abril | 08:51

Decrecimiento de la actividad económica

Según el índice de actividad económica IMACEC del Banco Central Chile retrocedió -2,2% en su economía durante febrero. Esto hace pensar que la tendencia a la crisis económica está lejos de poder superarse. Casi la única excepción desde el inicio de la pandemia fue el mes de noviembre del 2020 donde hubo un escueto 1% de recuperación.

Las ramas más afectadas por este retroceso son industria y servicios. La producción de bienes cayó -2,8% respecto al mismo periodo del año pasado. Se piensa que la actividad minera es la responsable debido a una reducción de su consumo de bienes. El sector servicios cayó espectacularmente un -5,2% destacando la caía de la actividad de restaurantes, hoteles, transporte, actividades culturales y de esparcimiento. Esto pese a que el mes de febrero es un mes donde esa actividad siempre anota números altos por vacaciones.

El único sector que creció fue el comercio, destacando un aumento de 8% de actividad, motivado por las ventas minoristas y mayoristas, y especialmente al consumo automotor. Es decir, el crecimiento de Chile está dependiendo de una actividad improductiva y que favorece la importación externa en vez de fomentar la actividad interna del país.

Desempleo y trabajo informal

Lo más recordado del año pasado fueron los 2 millones de puestos de trabajo destruidos por la crisis sanitaria. La ley de despidos y suspensiones votada en abril del año 2020 permitió a los empresarios despedir fácilmente a sus trabajadores y obligarlos a consumir sus ahorros propios. El gobierno desembolsó millonarios recursos del Estado para subsidiar a los empresarios para que estos contrataran trabajadores pero dicha formula no resultó. Según el INE la tasa de desocupación entre diciembre del 2020 y febrero del 2021 (los meses de relativa apertura) fue de 10,3%.

De esta manera el desempleo vuelve a aparecer como una tendencia constante que no logra volver a niveles previos y que se piensa aumentará por el nuevo retroceso que experimenta el país con una cuarentena casi total en todo el territorio.

A su vez, el trabajo creado es principalmente informal. La tasa de ocupación informal creció a un 26,5% de la mano de obra activa, donde destacan principalmente trabajadoras mujeres.

¿Quién paga la crisis?

Esta crisis económica fue acelerada por la pandemia pero es el resultado de la política económica del país y del gobierno de Piñera. Pues, mientras el pueblo trabajador pasa hambre y está expuesto a la muerte, los grandes empresarios han aumentado su riqueza. Los campamentos aumentaron un 74% con la pandemia y la fortuna de Luksic prácticamente se duplicó.

La política de Chile, y que une tanto al gobierno como a la oposición (incluyendo al Partido Comunista y al Frente Amplio que han votado sus leyes), es garantizar que la crisis la paguen los propios trabajadores. La ley de despidos y suspensiones, mal llamada “protección del empleo” sigue su curso otro año más. Los trabajadores consumen sus propios fondos de cesantía, o sus ahorros previsionales en el caso del tercer 10% o recibirán focalizadamente un IFE que proviene de fondos públicos, es decir: pagado con los impuestos que pagan los propios trabajadores.

La lógica debe ser la contraria. La crisis debe ser pagada por los grandes empresarios nacionales y extranjeros. Pues sus ganancias han aumentado y durante años han saqueado la vida y los recursos naturales de los trabajadores.

Desde la Lista de Trabajadores Revolucionarios y el PTR proponemos 5 medidas de emergencia:

1) Ingreso universal de emergencia para desempleados, trabajadores informales y dueñas de casa no inferior a 550 mil pesos.

2) Prohibición de los despidos y suspensiones, derogando la ley de despidos y suspensiones. Cese de labores no esenciales y creación de Comités de Higiene para controlar estas medidas en todos los lugares de trabajo.

3) Unificación del sistema de salud privado con el público, nacionalizando clínicas y laboratorios privados, aumentando personal de servicio y sueldo no inferior a 550 mil pesos.

4) Fin al toque de queda y la militarización, derogando las leyes represivas y liberando a los presos políticos de la revuelta popular de 2019.

5) Impuesto extraordinario a las grandes fortunas, bancos y empresas mineras para financiar este plan de emergencia.






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