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Red Internacional

DDHH.Operación política transversal para hacer naufragar el proyecto de ley de indulto en el Senado

Los intentos para evitar que se avance a un indulto general de los presos de la revuelta son compartidos tanto por el gobierno y la derecha como por sectores de la ex Concertación. Necesitamos enfrentar esta operación, sin confiar en el Parlamento, para conquistar la libertad.

Joaquín RomeroSantiago de Chile

Viernes 18 de diciembre de 2020 | Edición del día

A inicios de esta semana el gobierno declaraba enfáticamente que de aprobarse el proyecto de indulto ingresado por senadores de la oposición a instancia de las familias de los presos políticos , este sería vetado por el presidente Piñera.

Con este anuncio el gobierno buscaba cerrar filas en su sector frente a un tema considerado de “principios” para la derecha, la protección e impunidad de los mecanismos represivos del Estado, al mismo tiempo que daba una señal de “mano firme” frente a un congreso que viene monopolizando la iniciativa política en el último tiempo y donde el gobierno ha sufrido varios “reveses” en su agenda.

La imagen llega a ser grotesca: en este país tienes a cientos de presos producto de su participación en la revuelta (La misma senadora PPD Adriana Muñoz habla de casi 800 tan sólo en prisión política), meses aislados, mientras que el nefasto personaje Nano Calderón ya celebró con un asado su salida del juicio, por haber intentado acuchillar a su padre.

El veto presidencial es una facultad que concede la constitución pinochetista para que el ejecutivo pueda “ahogar” la discusión parlamentaria evitando que sean aprobados proyectos que no sean de su agrado. Si una ley es aprobada y luego vetada, el congreso pleno podría insistir en la ley pero solo si ⅔ de sus miembros votan rechazando el veto. Algo que pone cuesta arriba la posibilidad de que este proyecto pueda ver la luz dado que se necesitan votos de la derecha para que el veto fuese rechazado , quienes de manera unánime se han mostrado enfáticamente contrarios a la iniciativa de indulto.

El Régimen se niega a reconocer la existencia de presos políticos

El gobierno y la derecha, junto con personeros de la ex concertación, han recorrido los programas de televisión declarando a viva voz que este proyecto avala la violencia, dado que en Chile “no existen presos políticos”. Estas declaraciones son del todo lógicas si se considera que ningún gobierno capitalista amparado en la represión reconoce que en su jurisdicción existen “presos políticos”. Y no por nada hacen recordar las negaciones a las violaciones a los Derechos Humanos de la dictadura.

Pero por otro lado niegan descaradamente toda una rama del derecho y en particular del mundo de los Derechos Humanos que considera la prisión política como un fenómeno por lejos superior tan sólo al hecho de apresar por “pensamiento político”, y entra en esa categoría el actuar con ensañamiento sobre ciertos procesos judiciales, la utilización de montajes, y otros ejemplos que son aplicables a lo que ocurre en Chile hoy, como las largas prisiones preventivas, entre otros.

Piñera en esta cruzada ha sumado como aliados al poder judicial , la defensoría penal pública y el Ministerio Público. Por ejemplo , la fiscalía cuenta con la facultad en la legislación vigente (según la letra a) y b) del artículo 248 del código penal) para no perseverar o archivar las cientos de acusaciones que hoy impulsa en tribunales, muchas de las cuales se han caído por ser montajes o carecer de fundamentos. Esta facultad no dudaron en usarla con decenas de casos de corrupción política y financiación irregular de campañas políticas.

Sin embargo, los distintos poderes del Estado han decidido unir fuerzas para que el proceso constituyente encuentre al régimen lo más fortalecido para evitar grietas y fracturas que puedan ser complejas de manejar cuando comience la discusión sobre la nueva constitución. Y en este terreno, esos esfuerzos están dirigidos a evitar que avance la lucha por la libertad de los presos de la revuelta.

A esta cruzada se han unido también personeros de la oposición. El complejo escenario “legal” de la iniciativa, que podría incluir la intervención del Tribunal Constitucional, ha sido la excusa para que personeros políticos de la vieja guardia concertacionista como Harboe (PPD), Inzunza (PS), Goic (DC) , entre otros se cuadren públicamente con la operación del gobierno. Basta recordar que Michelle Bachelet así como todos los gobiernos de la concertación negaron la existencia de presos políticos mapuche asi como escondieron crímenes perpetrados por carabineros como el asesinato de Nelson Quichillao el 2015 bajo el mando de Burgos(DC) como ministro del interior.

El intento de hacer naufragar este proyecto busca “ahogar” el debate parlamentario antes incluso de que pueda votarse en sala para así la derecha doblegar a la oposición y evitar que la discusión sobre los presos políticos continúa escalando frente a las movilizaciones y un fuerte apoyo en la opinión pública que demanda la libertad de quienes se encuentran presos por manifestarse contra el gobierno durante la rebelión.

El panorama frente a la votación

En los cálculos de la votación en el senado pintan oscuros: la aprobación del proyecto de Indulto requiere de 22 votos, y si bien la oposición cuenta con 24 escaños, ya hay 5 senadores que plantearon su negativa: Goic, Pizarro y Rincón de la DC, el siempre alineado con las fuerzas represivas Felipe Harboe y Alejandro Guillier, que propondría un proyecto más acotado.

No podemos confiar en esos personajes para conquistar la libertad. La CUT hasta ahora se ha dedicado a sumarse a la presión mediática por arriba. Pero debemos ser claros: sólo con una potente movilización nacional se podrá conquistar esta demanda.

El caso del primer retiro del 10% es un ejemplo en ese sentido, que se debe tomar. Se necesita que entren en escena los trabajadores de sectores estratégicos como los portuarios, forestales, mineros, trabajadores del transporte, y que las grandes centrales sindicales convoquen a un paro nacional ya y un plan de lucha para liberar a los presos por luchar.

Desde nuestras candidaturas a la convención constitucional impulsaremos fuertemente la lucha por la libertad de las y los presos políticos de la rebelión como condición indispensable para que el debate constituyente tenga las mínimas garantías democráticas frente a un régimen que pretende acallar la voz de la rebelión y que esta sea impotente. La lucha por la libertad de todos y todas los presos políticos de la revuelta hoy es una punta de lanza para pelear contra la impunidad y la represión que ha desatado el gobierno.




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