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Nacional. Plebiscito para la nueva constitución en Chile: El intento de recomposición del régimen y las demandas no resueltas de la rebelión de 2019

El próximo 4 de septiembre más de 15 millones de electores deberán escoger entre el Apruebo o Rechazo a la nueva constitución en Chile. La votación culmina el llamado proceso constituyente que impulsaron los partidos tradicionales en respuesta a la rebelión popular de octubre de 2019 que sacudió el país por varios meses y tuvo a Piñera a punto de caer. El texto propuesto por la Convención Constitucional busca recomponer la legitimidad del régimen de los “30 años” que impugnó la rebelión reconociendo una serie de derechos sociales y simbolismos que dan cuenta de la relación de fuerzas del país tras décadas de lucha, pero manteniendo los pilares de la economía neoliberal chilena como el saqueo a los recursos naturales o el mercado financiero en base a las pensiones. En esta nota explicamos qué sectores políticos y sociales están tras cada opción y la necesidad de una voz política independiente de las y los trabajadores y los sectores populares.

Elías MuñozPeriodista - Editor General

Sábado 23 de julio | 02:13

En 44 días, el 4 de septiembre más de 15 millones de electores deberán pronunciarse por la propuesta de nueva constitución emanada de la Convención Constitucional. La votación será el punto final -o al menos en el papel- del proceso constituyente que propusieron los partidos tradicionales de la derecha, la Concertación en conjunto con el Frente Amplio del actual presidente Boric (él mismo fue uno de los impulsores), para desviar la rebelión que se desarrollaba a finales del 2019. La Convención, que funcionó durante 2021 y el primer semestre de este año producto de la pandemia, entregó un texto que reconoce una serie de derechos formales producto de décadas de luchas al mismo tiempo que mantiene varios de los pilares del neoliberalismo chileno.

La votación se da en medio de los primeros meses de gobierno de Gabriel Boric. El líder del Frente Amplio llegó al gobierno con una batería de promesas de reformas (tributaria de salud y pensiones), sin embargo, antes de asumir pactó con la mayoría de los partidos de la ex Concertación para que ingresen al gobierno entregando cargos claves a reconocidos neoliberales como en hacienda. Este curso “hacia al centro” está marcado por una férrea disciplina fiscal y agenda de ajuste como pedía el gran empresariado y los organismos del capital multinacional, así como también de una agenda securitaria tomando varios proyectos represivos que no pudo completar Piñera. También se combinó con algunas concesiones menores y simbólicas como el aumento del sueldo mínimo o una reforma tributaria que pone un poco más de impuestos a los empresarios.

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La campaña comenzó formalmente a inicios de julio, sin embargo ya las posiciones se venían definiendo desde antes. Así la derecha tradicional junto al Partido Republicano van por el rechazo sumando a importantes rostros de la ex Concertación. En este sector se concentra el gran empresariado, los sectores más reaccionarios y defensores de la herencia de Pinochet. Mientras que en el Apruebo está dividido en 2 comandos. Por un lado el gobierno y sus 2 coaliciones incluyendo a la Democracia Cristiana, es decir, la mayoría de la centroizquierda neoliberal, representantes del gran capital transnacional y parte del empresariado que tiene un discurso tendiente a calmar a los mercados y dar “certidumbre” de la continuidad de los negocios. Uno de los representantes más claros de este sector es el actual Ministro de Hacienda de Boric, el neoliberal Mario Marcel del PS que estuvo esta semana en Wall Street asegurando que las AFP podrán seguir participando del negocio de las pensiones (3 de 7 AFP son de propiedad norteamericana) y que el gobierno estaba abierto a moderar aún más el acotado Royalty a la gran minería.

Por último, el ala más de izquierda que estuvo en la Convención: Los llamados Movimientos Sociales Constituyentes y los sectores que quedaron de la Lista del Pueblo. Este sector junto a las direcciones de los principales movimientos sociales del país como la Coordinadora Feminista 8M o No + AFP constituyeron un comando diferenciado del oficialista. Si bien este sector se muestra como una alternativa a la izquierda del gobierno, en la Convención tuvieron un papel muy alejado de impulsar y fortalecer la movilización. Lejos de los llamados a “desbordar la convención” se dedicaron a una práctica exclusivamente parlamentaria contribuyendo a la decepción de amplios sectores y abriendo paso a la derecha y su campaña por el rechazo.

El proceso constituyente: Lejos de las demandas de octubre

El llamado “Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución” fue la respuesta del régimen para desviar la enorme rebelión popular que estalló en la país tras las protestas estudiantiles contra el alza de $30 pesos del pasaje del transporte público: “No eran 30 pesos, eran 30 años” fue la consigna que simbolizó la impugnación de las masas al régimen heredado de la dictadura de Pinochet y administrado por los partidos de la Concertación, la coalición de centroizquierda neoliberal que gobernó junto a la derecha el país tras el retorno a la democracia. Ante el punto más álgido de la movilización, la huelga general del 12 de noviembre, los partidos del régimen le salvaron el pellejo a Piñera con el acuerdo. La burocracia de la CUT y el PC que no estuvo sentado en la mesa, se cuidaron de no convocar a ninguna nueva medida de fuerza para darle viabilidad política al desvío.

Tras su elección, la Convención -que no era una verdadera Asamblea Constituyente Libre y Soberana- dio innumerables señales de su respeto a los poderes constituidos del viejo régimen. Así, sesionó con presos políticos pese a que su ala izquierda había señalado que no se podía escribir una nueva constitución con presos. Emitió una declaración ratificando que era respetuosa de los otros poderes y sesionó largos meses alejada de las demandas de la rebelión. De esta forma abrió paso a una rabiosa campaña de la derecha del rechazo, los medios de comunicación y el gobierno para desmoralizar a las masas que habían salido a la calle. Ya finalizando su funcionamiento, un acuerdo entre la coalición del gobierno de Boric y la izquierda de los movimientos sociales entregó la implementación de la nueva constitución al actual parlamento dominado por la derecha y la concertación.

Esta política, de una Convención alejada de las necesidades populares y de la agenda de octubre, ha jugado un rol clave en abrir el camino al fortalecimiento de la derecha y la extrema derecha, que después de estar en la UCI hoy vuelven a retomar la agenda con sus demandas reaccionarias. Millones de trabajadores, jóvenes y mujeres se han decepcionado y hoy les cala el discurso de la derecha.

En cuanto al texto resultante, se reconocen una serie de derechos que fueron negados por el Chile de los “30 años”: Derechos sexuales y reproductivos como el derecho al aborto; el derecho a huelga o la negociación por rama productiva; Derecho a la educación; Derechos medioambientales, entre otros. Este reconocimiento es parte de la lucha histórica que viene dando el pueblo trabajador a lo largo de estas décadas de neoliberalismo y también en la misma rebelión. Lucha que costó sangre y muertos al pueblo.

Una de las grandes limitantes de la nueva constitución es que deja en pie varios de los pilares del capitalismo chileno. No se toca ni el saqueo de recursos naturales como el cobre y el litio que se mantendrá en manos de las transnacionales y los dueños del país como Luksic. No se termina con las AFP y su robo al bolsillo de los trabajadores. En cuanto al sistema político, se mantiene el autoritarismo presidencial y el fin del Senado, solo será de nombre pues la nueva “Cámara de las Regiones” mantendrá varias de las funciones de cámara espejo y moderadora de los proyectos que se emitan en diputados.

La campaña antes del plebiscito: Entre las fake news del Rechazo y las muestras de moderación del Apruebo

La campaña de la derecha del rechazo ha sido una verdadera campaña del terror y fake news. Siguiendo los mejores ejemplos de Bolsonaro y Trump, la derecha de Chile Vamos y el Partido Republicano de Kast, en conjunto con los empresarios, vienen invirtiendo montañas de dinero para difundir noticias falsas inventando artículos de la constitución para difundir que se vote rechazo, pagando encuestas para posicionar al rechazo como opción más probable, etc. Pero no se han limitado a difundir el rechazo, al mismo tiempo aprovechan de reforzar sus valores reaccionarios.

Por el lado del apruebo, la campaña de los partidos de gobierno ha consistido en dar señales de tranquilidad al gran empresariado de que la propuesta es moderada y da garantías para los negocios e inversión de los capitalistas. Así lo han reconocido sectores del capital transnacional, los partidos de la ex Concertación y la propia Michelle Bachellet que impulsa de forma entusiasta el apruebo. El objetivo de este sector es dar continuidad al Acuerdo por la Paz que desvió la rebelión abriéndose a entregar nuevas concesiones a los poderes económicos. “Apruebo para mejorar” fue el llamado del Partido por la Democracia mientras que Boric mencionó explícitamente en un conocido matinal de televisión que está abierto a hacer reformas a la constitución para dar muestras de certidumbre. En específico se proponen recomponer el Senado, limitando los derechos de los pueblos originarios, recomponiendo el odiado sistema judicial, entre otros temas que molestan al gran empresariado.

Así, en un marco de ajuste económico y muestras de moderación del apruebo difícilmente los derechos prometidos se transformen en realidad. Por el contrario, las condiciones de vida en amplios sectores del pueblo trabajador han empeorado.

Una voz política independiente, de las y los trabajadores y los sectores populares

Ante este escenario, el Partido de Trabajadores Revolucionarios viene impulsando una política para desarrollar un amplio debate entre las organizaciones y personalidades que plantean que las demandas de octubre no han sido resueltas y que tampoco confían en que esta institucionalidad las resuelva. Por el contrario, plantean que es necesario tocar los intereses de los grandes capitalistas y no avalando un nuevo pacto a espaldas del pueblo.

A las organizaciones sociales, políticas e individualidades que ven con profunda crítica este proceso constituyente, incluyendo tanto a quienes aprobarán de manera crítica y a quienes han decidido anular, los llaman a desarrollar un pronunciamiento político y programático propio que enfrente al rechazo de la derecha como las trampas del apruebo, de forma independiente al gobierno para retomar “la agenda de octubre” y la lucha en las calles fortaleciendo la auto organización.

Entre las medidas que proponen se encuentran: Enfrentar la inflación y la recesión con medidas como la fijación de precios, salarios y pensiones no inferiores a 650 mil pesos sobre la línea de la pobreza. El fin de los despidos, de las AFP y las pensiones de hambre y ligando estas demandas a soluciones de conjunto como la nacionalización de los recursos naturales bajo gestión de las y los trabajadores y comunidades y particularmente el cobre para financiar las urgentes necesidades sociales de las grandes mayorías, la restitución de tierras al pueblo mapuche usurpadas por las grandes empresas forestales y el derecho a la autodeterminación de los pueblos originarios.

Por último, señalan que “es más urgente que nunca fortalecer la organización obrera y popular, impulsar un programa con independencia política de los grandes empresarios y sus políticos, para que la crisis la paguen los grandes capitalistas en la perspectiva de la lucha por un gobierno de las y los trabajadores”.




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