Política Chile

FREI BONN

Pobladores de Calama denuncian abuso por parte del gobierno de Piñera

Tras los desalojos ocurridos en horas de la noche de este martes en el campamento Frei Bonn de la ciudad de Calama, los y las pobladoras redactaron este comunicado que publicamos íntegramente con el fin de dar a conocer los abusos y arbitrariedades que han incurrido el gobierno central y regional en Antofagasta como una política criminalizadora y autoritaria en contra de aquellas familias que residen en el sector.

Jueves 1ro de agosto | 16:20

Comunicado ante el Desalojo de Campamento Frei Bonn en Calama

EL GOBIERNO DE PIÑERA MIENTE, ENGAÑA A LAS ORGANIZACIONES DE
POBLADORES Y A LA OPINIÓN PÚBLICA, VIOLA LOS DD.HH. E IGNORA AL PODER JUDICIAL A PLENA LUZ DEL DÍA.

SOBRE EL DESALOJO DEL CAMPAMENTO FREI BONN DE CALAMA

Denunciamos que el día martes 30 de julio, Carabineros de Chile por órdenes del gobierno provincial y el ministerio del Interior ha llevado a cabo un acto criminal sobre cientos de familias populares habitantes del Campamento Frei Bonn.

La noche del lunes 29 de julio, producto de los rumores de desalojo, a través de la Defensoría Popular de Calama se ingresó un recurso de amparo RUN: 127-2019 el cual fue declarado admisible por la Corte de Apelaciones, interpelando a la gobernación provincial, el Serviu y al MINVU, tras informaciones de desalojo provenientes de diversas fuentes, a prevenir la amenaza y perturbación a la libertad de las personas y su seguridad individual. Tras este hecho nos organizamos para evitar el actuar violento por parte del Gobierno. Sin embargo, alrededor de las 6:40 de la mañana, horario en el cual muchos niños se preparaban para ir a la escuela y los adultos a trabajar, carabineros entró violentamente y sin orden de desalojo al campamento, ordenando a toda la comunidad a salir de sus casas y retirar sus pertenencias, pues una máquina retroexcavadora barrería con sus casas y haberes durante la tarde.

La manera en que se desarrollaron estos hechos fue sumamente traumática para la comunidad: se sitió al campamento desde las 6 am con personal de Fuerzas Especiales seguida del GOPE, mientras un dron registraba todos nuestros movimientos, para luego utilizar documentos de una orden de desalojo del año 2015 para fundamentar su accionar. Durante este procedimiento se prohibió la entrada a la prensa así como a diversas autoridades políticas que acudieron preocupadas por nuestra situación. Luego recurrieron al amedrentamiento selectivo de dirigentes y dirigentas que tenían previamente identificadas. Mientras carabineros desalojaba a las familias, muchos de nuestros vecinos, desde niños a adultos mayores, fueron golpeados y asfixiados por los gases lacrimógenos, mientras avanzaba el carro lanza aguas y las máquinas retroexcavadoras sobre nuestras casas, destruyéndolo todo. Además, llegaron efectivos de la PDI armados con subametralladoras, citando de dos en dos a vecinos migrantes, supuestamente, para evaluar su regularidad, no produciéndose ninguna detención, puesto que todos estaban dentro de la norma. Las acciones violentas del desalojo no se detuvieron ni siquiera tras la intervención de Caritas, quienes solo pudieron intervenir para poder momentáneamente detener las acciones para trasladar a los niños y niñas a un albergue. El día de ayer fue totalmente destruido todo un paño de viviendas del Campamento, destruyeron nuestra sede vecinal, guardería y comedor popular, dejando a muchas familias en la calle y sin albergue. Una vez más, la derecha chilena se ceba en la miseria y el sufrimiento de los más pobres de este país, situación que el indolente, pero “cristiano”, alcalde de Calama Daniel Agusto, calificó como “un logro”.

Todo esto ocurre a pesar de que existía una mesa de trabajo que comprometió el Intendente Marco Díaz frente a las familias afectadas y las diputadas de la región, la cual nunca se implementó. Y también, a pesar de que el subsecretario de vivienda Guillermo Rolando, en reunión en el MINVU el día 4 de julio aseguró que no habría desalojo de familias en el campamento. A esto se suma que, frente a las consultas sobre el desalojo hechas por la comunidad del campamento a la Gobernadora de El Loa María Jopia, esta respondiera, a través del Oficio N° 685 con fecha 8 de julio, que no tenía información al respecto de “hechos no acaecidos en la esfera de la realidad”.
Denunciamos públicamente a la Intendencia de la región de Antofagasta y a la gobernación de El Loa, al alcalde de Calama, al director del Serviu provincial Rodrigo Saavedra, como autores y responsables de que cientos de familias hayan sufrido una violenta violación a sus derechos humanos, que se hayan vulnerado los derechos de los niños y niñas, y que se hayan atropellado con toda la violencia del Estado a familias chilenas y migrantes que se estaban organizando por buscar y levantar una solución habitacional, y que los últimos años, sólo fueron invisibilizadas y erradicadas por todas las autoridades anteriormente nombradas. Los funcionarios nombrados son los responsables políticos de esta atrocidad, cumplimos con nombrarlos: la historia los juzgará, si no lo hace antes la justicia popular.

Gracias a la solidaridad popular, los enceres de las familias desalojadas fueron depositados en los terrenos que puso a disposición el MPL-Calama, pues el gobierno pretendía destruir todo y dejar a cientos de niños y niñas en la calle y con lo puesto.

Un último antecedente, que expresa cómo este gobierno, que hace gárgaras con el Estado de Derecho, se pasa a la institucionalidad por cierta parte, como lo ha hecho históricamente la derecha chilena: gracias a las gestiones hechas por la Defensoría Popular de Calama, los pobladores de Frei Bonn pudieron ejercer acciones legales. Mientras el desalojo comenzaba, en la Corte de Apelaciones se relataba dicho recurso, siendo acogido por la corte. Al mediodía de ayer, el recurso se declara admisible, logrando que carabineros dejara de destruir el campamento por cerca de 20 minutos. Sin embargo, la corte no notificó de esta resolución por correo electrónico al abogado, sino que se le informa de que la Corte ha cambiado de parecer, por lo que el desalojo continuó. Sin embargo, durante la mañana de hoy miércoles, se informa que el recurso de amparo preventivo interpuesto, por orden de la Corte, es transformado en un recurso de protección, por la vulneración de derechos que implica el desalojo. Mediante esta acción, la corte otorgó un plazo de 15 días a la gobernadora, al SERVIU y al MINVU para que respondan por este desalojo, que para los ministros de la corte, violenta las garantías constitucionales.

Ayer Frei Bonn fue desalojado, y cientos de familias abandonadas, para que el municipio pudiera ofertar esta tierra, terrenos fiscales bien ubicados, al capital inmobiliario. No descansaremos como organización hasta que esta realidad se transforme y ninguna familia tenga que ser desalojada, ningún niño o niña deba pasar más un invierno sin un hogar que le brinde protección y seguridad para crecer sanamente y en igualdad de condiciones.
Hacemos un llamado a todos los sectores políticos y a la sociedad en su conjunto a condenar el desalojo violento del campamento Frei Bonn y a rechazar el proyecto de Ley de (FALSA) integración social impulsado por este gobierno, pues no busca sino enriquecer al mismo sector empresarial que lleva ya décadas aumentando sus ganancias a costa de lucrar con la vivienda popular, y que nos condena a vivir bajo arriendos abusivos y con precios de viviendas inalcanzables para endeudarnos por toda una vida.
Porque nuestra lucha es más grande que la casa, es contra la miseria y la injusticia.

Comité de Vivienda Mamitas Antay.
Movimiento de Pobladoras/es Vivienda Digna.






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