Política

COMARCA ANDINA

Policías encapuchados y causas armadas: peligroso ataque a la protesta social en Chubut

La caza de brujas encabezada por el ministro Massoni generó una crisis política que podría costarle el cargo. Pero la peor parte la llevan los doce imputados de Lago Puelo que sufrieron allanamientos y enfrentan una causa penal con final incierto. Son docentes, artesanos, activistas antimineros e incluso una niña. Algunos ni siquiera estaban en el lugar donde estaba Alberto Fernández el sábado 13. Testimonios que sintetizan la indefensión ante el poder político y judicial.

Sábado 20 de marzo | 11:00

Fotos La Voz de Madryn | Ministerio de Seguridad de Chubut

Este jueves se conoció finalmente la orden del juez penal Jorge Criado, quien a pedido del fiscal Carlos Díaz Meyer ordenó la detención de un grupo de vecinos de la Comarca Andina “cuya única finalidad será la de su examen médico en pos de determinar lesiones compatibles con el brutal ataque a la unidad presidencial”. Asimismo detalla el allanamiento de sus moradas a los fines de secuestrar las prendas que vestían el día de los hechos y sus teléfonos celulares.

El cargo que se les imputa es la comisión de “delitos presuntamente constitutivos de atentado a la autoridad y daño”, por el entorpecimiento del “normal desarrollo de las actividades del Sr. Presidente de la nación” y la suspensión de todas las actividades previstas en el marco de su visita. En algunos casos el delito sería estar enfrente del furgón que trasladaba a la comitiva, en otros golpear una ventana con las manos o increpar al presidente.

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El “ataque” se habría extendido contra el móvil Renault Duster patente NZX 682 perteneciente a la División Policial de Investigaciones de Esquel, “cuyo personal se encontraba realizando tareas de observación de forma discreta”. Casualmente, se trata del móvil en que los manifestantes denuncian que escapó el autor del lanzamiento de piedras que rompió la luneta del transporte de la Administración de Parques Nacionales que trasladaba al presidente.

La lista de detenidos incluye a docentes, artesanos, activistas antimineros e incluso una menor de edad. Algunos de ellos ni siquiera estaban en la escena de los hechos el pasado 13 de marzo en ocasión de la visita presidencial a Lago Puelo, pero no se libraron por ello del escarnio público al que sometió al conjunto el Ministerio de Seguridad provincial con el aval del Poder Judicial.

Seis vecinos fueron detenidos el lunes y el procedimiento e identidades fueron transmitidos inmediatamente por el ministro de Seguridad de Chubut, Federico Massoni, en una conferencia de prensa por Facebook. Tres nuevas detenciones se produjeron el jueves a la mañana. Los tres sindicados en la orden del juez Criado, que aún no habían sido allanados, realizaron una presentación espontánea ante la comisaría de Lago Puelo, acompañados por la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH) local.

Presentación espontánea de imputados en comisaría de Lago Puelo | Foto Enfoque Rojo
Presentación espontánea de imputados en comisaría de Lago Puelo | Foto Enfoque Rojo

En todos los casos, el procedimiento incluyó varios móviles policiales, efectivos fuertemente armados y encapuchados, acompañados por la división “Drogas Peligrosas”, la utilización de esposas, filmaciones y allanamiento de morada y hasta spots audiovisuales del Ministerio de Seguridad provincial donde se mostraba sus rostros y viviendas en una clara violación del principio de inocencia y de su derecho a privacidad.

Uno de los detenidos el lunes, Adrián Rodríguez, comentó a La Izquierda Diario que él se “había levantado viendo la conferencia de prensa de Massoni” donde aparecía su cara “como un terrorista. Lejos de querer esconderme salí porque no hice nada. Me fueron a buscar a la casa de mi excompañera a las 7:30. Salí a la calle a las 10:15 y me encontré con tres patrulleros rodeándome, todas personas encapuchadas que me detuvieron”.

A diferencia del resto de los detenidos el lunes, Adrán no fue trasladado a la comisaría de El Hoyo, donde fueron liberados en horas del mediodía. “Cuando me llevaban a la comisaria de Lago Puelo, los policías me preguntaban ‘¿quién te mandó?’ mientras estaba encapuchado. Me entraron a la comisaría, no me dejaron hacer ninguna llamada, me secuestraron el celular y luego me llevaron al hospital”.

“De vuelta en la comisaría me entregaron un acta que decía que intenté atentar contra el presidente”, dice Rodríguez. Y agrega que se negó a firmarla. “Me negué porque no hice nada. Me liberaron a las 12:30 más o menos, diciéndome ‘listo’, como si no hubiera pasado nada“. Otros detenidos sufrieron el mismo interrogatorio y en todos los casos fueron trasladados al hospital para cumplimentar la orden del juez.

Sobre los dichos del presidente el lunes en Almirante Brown, donde dijo que “los violentos tiran piedras y nosotros construimos viviendas”, el hombre ahora imputado afirma: “no sé de qué violentos habla, de todos los detenidos hoy no hay ninguno que haya tirado piedras. Y tampoco veo que construya casas. Sólo espero que no haya otro Santiago u otro Nahuel. Para mí es terrible enfrentar el escrache que nos hizo el Gobierno poniendo nuestras imágenes en todos los medios diciendo que éramos terroristas. ¿Cómo enfrento eso yo que soy un laburante?”

Una de las imputadas sufrió el allanamiento de su vivienda este mismo jueves por la tarde mientras se encontraba de manera espontánea en la comisaría de Lago Puelo a la espera de la notificación. En otro caso, se trata de un compañero que sufrió la pérdida de su hogar en el incendio que motivó la presencia de Alberto Fernandez en la Comarca Andina.

En todos los casos, se trata de vecinos que, como tantos otros y otras de la Comarca, han participado de actividades vinculadas al “No a la Mina” a lo largo de más de 18 años de lucha.

Esta nuevo capítulo en la criminalización de la protesta social es un claro ataque a las libertades democráticas que no es posible dejar pasar, menos aún a pocos días de un nuevo 24 de Marzo. El 45° aniversario del golpe genocida nos encuentra con un pueblo arrasado por un crimen social devastador como ha sido la pérdida de más de 300 viviendas, 14.000 hectáreas de bosques y tres vidas, mientras este miércoles desembarcaban tres camiones del Ejército para “asistir” a los damnificados en un nuevo intento de reconciliar a la sociedad con esa fueza armada genocida.

Por eso ante este ataque brutal a las libertades democráticas y a los derechos garantizados por la Constitución Nacional (del Estado burgués), es necesario poner de pie en la Comarca Andina y en todo el país una gran movilización este 24 de marzo contra la represión y impunidad de ayer y hoy.






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