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Red Internacional

Infraestructura Crítica. ¿Por qué el proyecto de infraestructura crítica es un ataque contra todos los trabajadores?

La medida, que permite al ejecutivo recurrir a las FFAA para tareas de seguridad sin decretar el Estado de Excepción, y garantizar que espacios y servicios considerados estratégicos sigan en funcionamiento, fue duramente criticada cuando fue propuesta por Piñera, pero ahora es el propio gobierno de Boric quien le da luz verde a su tramitación para facilitar el mantenimiento de la represión sobre el territorio Mapuche, y sacar a militares cuando sectores de trabajadores se manifiesten.

El gobierno de Piñera fue quien propuso la polémica medida a inicios del 2020, tras hacer uso de los Estados de Excepción y la salida de las FFAA para reprimir las manifestaciones en el marco de la Rebelión Popular de 2019, hecho que no había ocurrido desde los días de la dictadura pinochetista, y que dejó un saldo de decenas de muertos, centenares de heridos y un profundo cuestionamiento al gobierno y las FFAA por violaciones a los DDHH.

Ahora el gobierno de Boric pone urgencia en la Ley de Infraestructura Crítica, que permite el uso de FFAA y militares con una renovación cada 60 días, es decir que el presidente podrá sacar a los militares para “cuidar” carreteras, servicios de salud, puertos, supermercados, etc. Es una medida autoritaria frente al derecho básico de movilización. Es un proyecto aún más amplio que el original del gobierno de Piñera.

Va a dar lo mismo la "libertad sindical" de la nueva constitución con este proyecto. El presidente ante cualquier huelga que implique interrupción de la actividad que se realiza en el lugar, va a poder sacar a militares, ni siquiera carabineros, para evitar que se realice una movilización obrera.

Hace dos años, los partidos que hoy son el gobierno Apruebo Dignidad rechazaron el proyecto, se posicionaron como parte de estos cuestionamientos e incluso hicieron eco de las preocupaciones de algunos sindicatos, como la Fenats Barros Luco Trudeau, porque el proyecto de ley no sólo facilitaba el uso de militares por parte del Ejecutivo, teniendo una memoria fresca de su rol en la represión del 2019, sino que además le otorgaba al Ejecutivo la posibilidad de determinar cuáles son esas infraestructuras críticas y en qué momento considerarlas comprometidas, lo cual es una carta blanca para utilizar a las FFAA mucho más abiertamente en tareas de represión y una amenaza directa al derecho de los trabajadores a movilizarse, pues nada impediría reprimir a trabajadores, como los del propio Hospital Barros Luco Trudeau o los portuarios, por paralizar una estructura ante alguna demanda. Es una medida completamente antiobrera.

Hoy, a 2 años y ya siendo gobierno, son ellos mismos los que le dan luz verde a uno de los proyectos más cuestionados de Piñera.

Por la razón o por la fuerza, la vieja receta del nuevo gobierno.

Desde que asumió Boric, la luna de miel con su gobierno se ha esfumado de manera vertiginosa, pues las expectativas que generó chocaron rápidamente con una realidad que ya había anunciado el propio Frente Amplio, y es que su principal tarea sería componer la crisis del régimen.

Esto se mostró en concreto con la traición hacia la demanda de libertad a los presos políticos de la Rebelión del 2019, con la negativa a dar algún tipo de ayuda por parte del Estado ante la inflación que se engulle los bolsillos obreros y populares, y con la mantención del Estado de Excepción y la militarización del territorio mapuche, aplicando las viejas recetas de la ex Concertación y la Derecha junto a la demagogia de la plurinacionalidad.

Y es que Boric y su gobierno se han comprometido cada vez con el discurso del orden, con el Partido Socialista, uno de los ejes de la ex Concertación junto a la Democracia Cristiana, como su principal aliado, pues tanto Boric, Jackson y Siches dan a entender que le darán luz verde al proyecto a cambio de una nueva extensión del Estado de Excepción en el sur, pues este proyecto le facilita el uso de militares al gobierno, de forma autoritaria impiden el derecho básico a movilización.

Todo un camino que tiene como principal signo la utilización y el robustecimiento del autoritarismo del Estado. Boric sigue fielmente la receta del Escudo Nacional “Por la razón o por la fuerza”.

Las contradicciones del gobierno que ponen en problemas a sus defensores.

Sin embargo este no es un camino sin contradicciones. La renovación del Estado de Excepción en el Wallmapu ha ido bajando su apoyo entre los parlamentarios oficialistas, partiendo por el propio Frente Amplio. El Partido Comunista en particular, que ha ido sumando votaciones en contra y abstenciones, y que hoy ha guardado silencio ante el debate, lo cual es una postura completamente funcional en tanto no están de acuerdo, pero no defienden tampoco su postura dejando actuar al gobierno. La omisión como fórmula de no manchar su imagen, pero que tiene todo el sabor amargo de la complicidad.

Es por esto que ante la debacle en sus filas, el gobierno ha optado por negociar con los sectores más conservadores de la ex Concertación y la Derecha, reflotando este proyecto a cambio de extender nuevamente el Estado de Excepción, donde son los mismos de siempre los que ganan a costa de la sangre del Pueblo Mapuche, los trabajadores y los sectores populares.

Hoy las organizaciones de trabajadores y populares, como lo son la CUT, la Confech, el Colegio de Profesores y las diferentes Federaciones de Trabajadores de la Salud tendrán que tomar una decisión entre seguir su tregua con el gobierno manteniendo las aguas en calma, o salir a defender a los trabajadores ante un proyecto de Ley que es un ataque a libertad de movilización y un cheque en blanco para que episodios como las violaciones de DDHH sean cada vez más recurrentes en tanto las consecuencias de la inflación aprietan cada vez más la soga sobre las condiciones de vida de miles de familias trabajadoras y multiplican las luchas para evitar que se sigan degradando.


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