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¿Por qué hay que derogar la ley antiterrorista?

Darle más facultades a las policías es el gato cuidando la carnicería. En nombre de la lucha contra el terrorismo, el Estado asesina, aterroriza comunidades y le da "chipe libre" a la corrupción y a los fiascos investigativos.

Fabián Puelma

Santiago de Chile

Viernes 9 de agosto de 2019

Este miércoles el Senado aprobó en general el proyecto presentado por el gobierno que refuerza la ley antiterrorista. El gobierno utiliza el discurso alusivo a la seguridad para capear los malos ratos. No es casualidad que luego de meses de debilitamiento por el paro docente y las pésimas cifras económicas que se dieron a conocer estos días, el gobierno se atrinchere en el combate contra el “terrorismo”, los encapuchados y el narcotráfico.

La operación mediática es evidente y no requiere mayor análisis. Está por verse si con estas jugadas Piñera logrará remontar la desaprobación. No lo ha logrado hasta el momento. Pero lo que es claro es que el resultado concreto será un reforzamiento de la ley antiterrorista, una herramienta que ha sido duramente cuestionada por diversas organizaciones de Derechos Humanos, tanto nacionales como internacionales.

En el paper “Legislación antiterrorista en Chile: diagnósticos y propuestas de modificación” del abogado Julio Cortés Morales, se hace un análisis detallado de la historia y características de la ley. Ahí se entrega un dato revelador: entre los años 2001 y 2016 se ha condenado válidamente a solo un imputado por delitos terroristas. Y además esa persona era un informante de la DIPOLCAR (otro de los fiascos judiciales que se suma al Caso Bombas y la Operación Huracán). ¿Entonces por qué tanto escándalo por una ley tan “ineficaz”? ¿Se trata de una ley inocua? Evidentemente no.

Desde que fue impuesta durante la dictadura (y aunque luego han habido múltiples modificaciones), la técnica que utiliza la ley se ha mantenida intacta. Lo que hace la legislación es establecer una definición sumamente amplia de delito terrorista para luego entregar una serie de herramientas procesales que limitan el debido proceso. Es decir, aunque la mayoría de las veces la posibilidad de probar efectivamente el delito terrorista es prácticamente nula, el Ministerio Público invoca la ley de todas formas. ¿Para qué? Para contar con mayores herramientas represivas, como son los testigos protegidos, secreto judicial más amplio, detenciones y prisiones preventivas más prolongadas.

No hay condenas, pero la función represiva de la ley se cumple a la perfección. Esta aparente contradicción hace que el real objetivo político de la ley quede totalmente al descubierto. Pinochet la impuso para perseguir a grupos de resistencia contra la dictadura. La modificación realizada en 1991 por Patricio Aylwin buscó atacar a los grupos armados de izquierda que siguieron operando durante la transición y comuneros mapuche. La modificación del 2010 de Piñera se concentró en comuneros mapuche y grupos anarquistas.

Actualmente la ley se trata de un traje a la medida para perseguir al pueblo mapuche y criminalizar sus reivindicaciones de carácter ancestral. Esto no lo decimos nosotros, lo dicen múltiples organizaciones de Derechos Humanos tanto nacionales como internacionales. De hecho, el Estado de Chile ha sido condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por aplicación de la ley a comuneros mapuche.

La ley que actualmente se discute en el Congreso busca que la Fiscalía y las Policías puedan utilizar herramientas como los agentes encubiertos, informantes, interceptación telefónica y de correos y entregas vigiladas en el marco de la investigación. Se mantiene intacta la definición amplia de delitos terroristas y se agregan nuevas herramientas represivas. El espíritu de la ley de la dictadura se ve fortalecida.

No cabe duda, hay que derogar la ley antiterrorista. Darle mayores herramientas a las policías es que el gato cuide la carnicería. No son “casos aislados”. El comando jungla terminó en el asesinato por la espalda de Camilo Catrillanca. La lucha contra los “terroristas” en la Araucanía terminó en la Operación Huracán. La lucha contra los “anarquistas subversivos” terminó en el Caso Bombas. Carabineros está hundido en la corrupción. Situaciones similares hemos visto entre el Poder Judicial y el Ministerio Público.






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