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Red Internacional

Declaración. Por una oposición de izquierda al gobierno de Boric, socialista y de la clase trabajadora

El gobierno de Piñera dejó como herencia una gestión de la pandemia y de la crisis económica que hizo que las/los trabajadores y el pueblo tuviesen que pagar los costos y un legado de violaciones sistemáticas a los derechos humanos cometidas durante la rebelión popular. En ese escenario llegó el gobierno de Gabriel Boric, que generó importantes expectativas. Pero al poco andar se ha visto cómo ha ido defraudando rápidamente las ilusiones que miles depositaron en el nuevo gobierno. Millones que votaron por él creyendo que impulsaría cambios profundos se han visto decepcionados.

Boric apostó por sostenerse en un “partido del orden” como es el Partido Socialista, que ha gobernado junto a la derecha durante los “30 años”, convirtiéndose en un partido-ancla de su gobierno, con Mario Marcel a la cabeza y personajes como Manuel Monsalve en la subsecretaría del Interior. ¿El objetivo? Conseguir el apoyo de multinacionales y grandes capitalistas que han sostenido a la vieja Concertación para mantener todo igual, haciendo cambios simbólicos mientras se mantiene la herencia de la dictadura.

El Partido Comunista que se muestra más de “izquierda” ha sostenido estas políticas de Boric que defraudan a millones y mantienen sin tocar a las grandes empresas. Apoyaron incluso el Estado de Excepción con militares en la Araucanía. Gabriel Boric asumió con el objetivo de restaurar una nueva centroizquierda en Chile, consolidar el desvío a la rebelión popular de 2019, ser garante de una “transición pacífica” hacia un nuevo régimen político para recomponer la gobernabilidad del Chile capitalista.

Hemos visto cómo Boric se han cuadrado del lado de los poderosos: negaron el quinto retiro poniéndose del lado de las AFP´s; respaldaron al director general de carabineros Ricardo Yañez e incluso les entregaron todo su apoyo a Carabineros el día del joven combatiente; propusieron un aumento de la asignación familiar vergonzoso en mitad de un ciclo de gran inflación y un salario mínimo que no supera el aumento generalizado de los productos de básica necesidad; negaron la existencia de presos políticos con la ministra del PC Camila Vallejo a la cabeza; y, siguiendo la fórmula del piñerismo, decretaron Estado de Emergencia y la militarización en La Araucanía y las provincias de Arauco y Bío Bío. Y eso que sólo llevan tres meses.

Toda esta política no ha servido más que para fortalecer una agenda derechista de “orden y seguridad” que busca fortalecer a la policía; y le ha hecho el juego a la derecha y la extrema derecha que busca capitalizar la decepción de cientos de miles o millones para encausarlos bajo su programa demagógico contra la clase trabajadora y el pueblo. Ya lo hemos visto antes como fue con Bachelet , con el apoyo del PC, que prometieron “reformas” y “enfrentar a los poderosos” que fue solo discurso, no impulsó ningún cambio real al modelo y solo llevó al posterior triunfo de Piñera y la derecha.

Toda la política del gobierno también se ha hecho con la connivencia de la burocracia sindical y especialmente de la CUT, que ha buscado aislar las movilizaciones que hasta la fecha se han desarrollado, como el caso de los trabajadores subcontratistas de ENAP que fueron reprimidos por este gobierno.

Se han ubicado como una pata más de la mesa del desvío, apostando a la pasivización, a dividir las luchas, a legitimar al nuevo gobierno, como parte del oficialismo. De esta forma el régimen político en su intento de cooptar a sectores para lograr la desmovilización ha utilizado a su favor el papel lamentable que han cumplido los dirigentes sindicales de los principales gremios y sindicatos del país.

Una Convención Constitucional ajena a las urgencias populares

De cara al plebiscito de salida los grandes poderes económicos están definiendo posiciones. La derecha y algunos sectores empresariales ya están haciendo campaña por el rechazo. Varios sectores de “tecnócratas” ligados a la DC y ex DC´s también plantean rechazar, supuestamente para luego “reformar”. Pero hay sectores burgueses por el apruebo, como Mario Marcel que aseguró que la llamada Constitución Económica no afectaba la inversión, e incluso del capital financiero internacional como se vio en las declaraciones de Morgan Stanley y otros poderes del capital financiero que ven con buenos ojos este proceso. En un tono similar ya se habían pronunciado altos funcionarios de Estados Unidos y la Unión Europea. Incluso el grupo Luksic afirmó que la nueva Constitución no afectaría sus proyectos mineros. Más allá de si votarán apruebo o rechazo, todos aplauden la moderación alcanzada en el pleno.

Esto refleja que hay dos vías para intentar reinstalar la desmovilización y una “nueva gobernabilidad”: está la derecha y la burguesía más directamente ligada al pinochetismo que quieren defender con uñas y dientes lo más que puedan la herencia de la dictadura, aunque saben que tendrán que ceder la Constitución y por eso hasta la UDI dio por muerta la Constitución del 80’ y hablan de “rechazar para reformar” y de una “tercera vía”.

No nos confundimos. El camino del “rechazo” es la política de la derecha y la reacción para intentar defender todo de la herencia pinochetista, para defender el saqueo, la explotación y la opresión. Hay que enfrentar al rechazo de forma consecuente desde una posición política independiente. Donde hoy es el propio gobierno y el “progresismo” quienes le están abriendo el camino al fortalecimiento de la derecha y del “rechazo”.

Los sectores progresistas y neoliberales progresistas quienes apuestan por el triunfo del Apruebo lo hacen para moderar expectativas, haciendo varios cambios que no le gusta a la derecha, pero que mantienen los pilares del sistema económico y social y, en palabras del propio Jaime Bassa, buscando que la Convención logre “canalizar la crisis político y social tan importante como la que hubo el 2019”, obviamente, a través de la institucionalidad y lejos de las grandes mayorías populares.

Es que la Convención llegó con amplias expectativas de grandes sectores de la población, esperanzados en poder reflejar sus demandas en este proceso. Pero con el paso del tiempo, demostró que se dedicaría a cumplir la función por la cual fue creada en el “Acuerdo por la Paz” del 2019: modernizar el régimen político chileno para recomponer la gobernabilidad, pero sin tocar los pilares fundamentales de la estructura capitalista del país, a la vez que alejándose de las reivindicaciones populares que se plantearon claramente en la rebelión popular.

Esto se ve en el hecho de que traicionaron a las y los presos políticos de la revuelta ya que se dedicaron tan sólo a realizar una declaración a favor y luego la Comisión de Justicia rechazó la Iniciativa Popular de norma por el Indulto. En palabras vacías quedó la consigna de que “no habría nueva Constitución” o que “no iban a sesionar” con presos políticos. Y más estructuralmente decidieron no declararse como una Convención soberana, asumiendo su sometimiento a los poderes constituidos de los “30 años”, a la vez que se alejó de las demandas populares.

Por su parte, Apruebo Dignidad comenzó la campaña por el apruebo, puesto que el gobierno se juega mucho en el plebiscito. Mientras hablan de plurinacionalidad y derechos sociales, reponen el estado de excepción en el Wallmapu y fortalecen la represión.

Los Movimientos Sociales Constituyentes y grupos que surgieron desde La Lista del Pueblo, se concentraron en la disputa institucional, entrando en una dinámica totalmente parlamentaria sin usar sus tribunas para convocar y organizar movilizaciones o acciones de lucha coordinada. Sus constituyentes, muchos de ellos con asambleas de base en las espaldas, no expresaron esa amplia base social que los votó y prefirieron jugar bajo las reglas del juego que impuso el régimen. Muy lejos de la consigna de “desbordar” y “rodear” la Convención.

Sabemos que muchos compañeros y compañeras votarán por el Apruebo para acabar con la Constitución de la dictadura. Y la lucha contra toda la herencia de Pinochet, incluyendo su Constitución, es una lucha que compartimos y de la que somos parte. Pero es necesario poner blanco sobre negro de qué se trata esta nueva Constitución.

El borrador de nueva Constitución elimina varios enclaves autoritarios de la Constitución de Jaime Guzmán, reconociendo formalmente derechos negados, como derechos sexuales y reproductivos, derechos sindicales, reconocimiento constitucional de los pueblos originarios. Hay algunos aspectos más revulsivos para los grandes empresarios como el establecimiento del agua como bien incomerciable, la plurinacionalidad y el sistema de salud. Sin embargo, mantiene aspectos fundamentales de la institucionalidad republicana como el presidencialismo y un Congreso bicameral. Se mantiene intacto el derecho a propiedad, se mantiene el dogma neoliberal del Banco Central autónomo y sujeto a la regla fiscal, se rechazó la nacionalización de las empresas mineras, etc.

En cuanto a pensiones, el pleno rechazó el sistema de reparto y el nuevo sistema quedará así en manos del Congreso. Al respecto, asesores del banco BCI, confían en que las AFP no dejarán de existir y esperan incluso que haya mayor libertad de elección.

En el fondo, el punto clave es que no toca los ejes de la acumulación capitalista en Chile a la vez que la propia Convención se alejó completamente de las necesidades obreras y populares y de las demandas de octubre, que se han profundizado con la pandemia y la recesión económica, ya que mientras se debatía el borrador de la nueva Constitución, los salarios se desplomaban producto de la inflación, y el reajuste que propuso el gobierno se vio totalmente consumido por el aumento de precios, lo que hace que el nuevo salario mínimo esté completamente consumo por la inflación.

La presentación del borrador de Nueva Constitución se da en un momento en que los alimentos no paran de subir de precio, recrudece la represión en el Wallmapu y el gobierno impulsa reformas limitadas a las reglas del juego que le imponen los grandes empresarios. Por ejemplo, sacan los militares en el sur, pero mantienen intacto el poder de las forestales en la Araucanía, que es una de las raíces claves del empobrecimiento y precarización de la zona, además de la depredación brutal del medioambiente.

Hay que barrer con toda ilusión de que la nueva Constitución va a resolver las demandas por las cuales nos rebelamos el 2019, ya que no toca los principales ejes de la acumulación capitalista, se aleja de las necesidades populares y deja todo en manos de un gobierno que no ha querido tocar a los grandes empresarios y de un parlamento que está dominado por los partidos tradicionales de los 30 años. La nueva Constitución es un nuevo ropaje para vestir la explotación y la opresión del Chile capitalista y patriarcal. Por esto es que tenemos que confiar en el camino de la movilización, de la auto organización, con un programa que se proponga atacar la ganancia empresarial para resolver las necesidades de las grandes mayorías populares.

Por una oposición de izquierda al gobierno de Boric, revolucionaria, socialista y de la clase trabajadora

Enfrentamos un momento de enormes desafíos. Existen dos grandes peligros. Por un lado, que la frustración de las grandes mayorías las empuje hacia la derecha y su campaña por mayor seguridad pública, anti inmigrante, anti mapuche, siendo capitalizada por la derecha del rechazo. Y por otro, que la izquierda y los sectores críticos a Boric queden subordinados al gobierno y a presentar como gran conquista una Constitución que moderniza el régimen político para perpetuar el Chile capitalista dominado por un puñado de familias y el capital extranjero. Todo, mientras la mayoría de las y los trabajadores están preocupados por la precarización en sus condiciones de vida.

Es indispensable pelear por una oposición por izquierda al gobierno de Boric, una alternativa desde la clase trabajadora, socialista y revolucionaria. Esto plantea una tarea inmediata para todas y todos quienes no confiamos en este gobierno: que la clase trabajadora se ponga al centro con sus métodos y sus demandas, partiendo por luchar por las urgencias populares, ligándolas a un programa para que la crisis la paguen los grandes empresarios, por un aumento general e inmediato de los salarios acorde a la inflación de los alimentos y un salario y pensión mínimos de $650.000, por el reparto de las horas de trabajo entre ocupados y cesantes, rebajando la jornada laboral a 30 horas a la semana, sin rebaja salarial alguna; que plantee la expropiación sin indemnización y bajo gestión de sus trabajadores de todas las empresas de servicios básicos que especulen con los precios como ha ocurrido con el caso de Metrogas, que inflaba en un 20% el precio a los hogares, robándole del bolsillo a las familias trabajadoras y aumentando la inflación.

Que se plantee medidas de fondo cómo poner fin a las AFP, impuestos progresivos a las grandes fortunas y a los banqueros, para financiar las urgencias sociales y que se proponga el camino de recuperar las riquezas nacionales hoy privatizadas, nacionalizando los recursos naturales y las empresas de servicios básicos bajo gestión de trabajadores y comunidades para que estén al servicio de las necesidades sociales.

Una oposición que confíe en el camino de la movilización y la auto organización, partiendo por levantar y fortalecer instancias de coordinación y articulación de sectores en movilización y lucha buscando ampliar la solidaridad y el apoyo de estos, como son movilizaciones obreras como los subcontratistas de ENAP, las movilizaciones de secundarios y la confluencia entre estudiantes y funcionarios que se está desarrollando en lugares como la Universidad de Chile. Una tareas será unificar todas estas luchas, incluyendo a las familias de los presos políticos, por justicia y verdad y contra la represión, pero buscando ampliar la coordinación, porque no basta que sólo unos pocos seamos los que salgamos a las calles, sino que debemos apostar por la coordinación para retomar la masividad de las movilizaciones, exigiendo a la burocracia sindical y estudiantil que se sume a la convocatoria y rompa con su tregua permanente.

El “Estado social y democrático de derechos” vs. la lucha por un socialismo desde abajo

Para nosotros, construir una oposición por izquierda al gobierno tiene sentido en la medida que sirva para construir una alternativa política de la clase trabajadora, socialista y revolucionaria. La subordinación de gran parte de la izquierda al itinerario constitucional reabre un debate de fondo sobre qué programa impulsamos los socialistas revolucionarios y cuál es la sociedad por la que luchamos.

Este es un debate que se reactualiza vivamente el día de hoy, no sólo por lo que hemos vivido en el país, sino por una situación internacional que se agudiza y que muestra profundas contradicciones, primero con enormes revueltas populares que comenzaron como un segundo ciclo desde el 2018 en adelante, luego con una pandemia que puso en cuestión la irracionalidad de un sistema que aseguraba millones de vacunas para unos pocos mientras escaseaban para enormes sectores, y luego con la reaparición de la guerra como fenómeno mundial con la guerra ruso-ucraniana. Estos importantes fenómenos a su vez han abierto nuevas formas de pensar en amplios sectores, especialmente de la juventud, que se cuestionan que el capitalismo sea la única alternativa, mientras vemos cómo la depredación del medio ambiente parece empujarnos a un futuro catastrófico. Por eso decimos: para evitar que se destruya el planeta, destruyamos el capitalismo.

Localmente, la nueva Constitución estatuye que Chile es un Estado social y democrático de derecho, plurinacional, intercultural, paritario y ecológico. Esto significa regular el catálogo de derechos, reconocimiento constitucional de pueblos originarios, mayores regulaciones medioambientales y paridad de género en las instituciones. No se tocan los pilares de la dominación política (división de poderes, presidencialismo, bicameralismo, etc) y dominación económica (derecho a propiedad, monopolios en los recursos naturales y empresas estratégicas, subordinación al capital imperialista, etc).

Así, el “Estado social” es un intento de Estado de bienestar capitalista, pero de la periferia y en un contexto de crisis económica global. Es decir, sin piso para asegurar en la realidad los derechos prometidos. Es totalmente incapaz de resolver los grandes problemas sociales como la precarización laboral, los bajos sueldos, educación, pensiones, salud, la violencia de género, la opresión y usurpación al pueblo mapuche.

Los socialistas, en cambio, luchamos, porque los grandes resortes de la economía sean de propiedad social y expropiados del puñado de familias que hoy gobiernan el país para que sean gestionados democráticamente por la clase trabajadora y las comunidades, la inmensa mayoría del país. Por ejemplo, ¿por qué vamos a permitir que las decisiones de inversión con el enorme ahorro social previsional de los trabajadores sean definidas por empresarios o por burócratas estatales? Lo mismo puede decirse de las minas, el transporte, los servicios básicos, etc.

Cuando hablamos de “socialismo desde abajo” nos referimos a eso: el socialismo en base a la decisión y organización de las grandes mayorías, que nada tiene que ver con la imposición burocrática desde arriba de gobiernos que hablan en nombre del socialismo como en Venezuela, pero que de socialista no tiene nada porque mantuvieron la estructura capitalista y dependiente y se impuso un régimen autoritario basado en las Fuerzas Armadas.

A su vez, si son las grandes mayorías las que decidan podremos a su vez enfrentar la crisis climática que se profundiza, ya que el centro y el motor de la producción no será la ganancia irracional de un puñado a costa de las mayorías, sino que será el bienestar de todos y todas, incluyendo nuestro entorno y al planeta mismo.

Pero para hacer posible y realista este horizonte, es necesario que sea la clase trabajadora y el pueblo quien gobierne a través de organismos de autoorganización, tomando el poder político y destruyendo el Estado capitalista tal como lo conocemos, con su aparato represivo incluido. Estos ejemplos de auto organización nacen casi naturalmente cada vez que se agudiza la lucha de clases en Chile y el mundo, y se mostró un ejemplo histórico de esa posibilidad con los Cordones Industriales en los 70’ en Chile, que fueron un embrión de organismos del poder de los trabajadores, poder alternativo al de Estado y de los empresarios. Por algo la dictadura centró los primeros ataques del golpe militar contra los Cordones, que se presentaban incluso como una alternativa al propio gobierno de Allende, como embriones del poder de las y los trabajadores controlando la economía y la sociedad.

La conquista de organismos de auto organización que concentren el poder político de las y los trabajadores, derrotando al Estado capitalista, permitiría la planificación democrática de la economía, reduciendo la jornada de trabajo, repartiendo las horas de trabajo entre todas las manos disponibles, haciendo frente a la marginación que está en la base de la violenta descomposición social, usando el avance de la tecnología a favor de las mayorías y no en contra de las y los trabajadores como sucede hoy y luchar realmente contra la destrucción del planeta a la que nos condena el capitalismo.

Luchar por esta sociedad sin explotados ni oprimidos implica enfrentarse con los grandes poderes de la clase dominante, su Estado, sus fuerzas represivas y derrotarlos a través de una revolución social, por eso debemos desde ya construir un partido de la clase trabajadora enraizado en lugares de trabajo y estudio que se prepare para vencer y conquistar un gobierno de las y los trabajadores en ruptura con el capitalismo.




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