Política Chile

TERRORISMO DE ESTADO

Proceso constituyente y asesinato del weichafe Pablo Marchant: Basta de declaraciones tibias, hace falta un plan de lucha por el fin de la impunidad y la represión

El asesinato del joven militante de la CAM, ha demostrado trágica y dolorosamente lo que hace meses venimos diciendo, a saber, que el proceso constituyente cubrió con un manto de impunidad a Piñera, su gobierno y los aparatos represivos del Estado dirigidos por el mismo.

Lunes 12 de julio | 09:29

El asesinato del joven M militante de la CAM Pablo Marchant, ha demostrado trágica y dolorosamente lo que hace meses venimos diciendo, a saber, que el proceso constituyente cubrió con un manto de impunidad a Piñera, su gobierno y los aparatos represivos del Estado dirigidos por el, y que a su vez esta impunidad les da luz verde para continuar con su tarea de aplacar cualquier lucha que amenace la propiedad e intereses económicos de los grandes capitalistas.

En esta caso hablamos del clan Matte, una de las familias más ricas de Chile y el continente, dueños de de cmpc, Forestal Mininco y por ende del “Fundo Santa Ana Tres Palos” de casi 600 hectáreas en Carahue, región de la Araucanía. y que contaba con protección policial 24/7 por parte de carabineros. Lo cual es a su vez una demostración más del rol central que cumple la policía: ser los guardias privados de los grandes empresarios y latifundistas.

Este asesinato a un joven luchador viene a engrosar la larga lista de jóvenes weichafes, asesinados por los gobiernos “democráticos” de los 90 en adelante, ademas viene a interpelar a los y las constituyentes del PC, FA, Lista del Pueblo y Vocería de los pueblos ya que su estancia en la convención no puede basarse solo en declaraciones de buenas intenciones para un futuro indeterminado. No se puede estar con las demandas populares, como el fin de la represión o la causa Mapuche y a su vez acomodarse a la subordinación de la convención a Piñera. Si no usan sus tribunas para organizar y defender hoy los intereses de los sectores populares y los pueblos oprimidos, mañana cualquier texto constitucional que proclamen sin duda será letra muerta.

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Dauno Totoro (PTR) señaló que: “Hace unos días atrás la convención constitucional presentó una inofensiva declaración interpelando al congreso y al ejecutivo por la libertad de los presos políticos y por poner fin a la represión en el wallmapu y esta es la respuesta de los poderes reales, las grandes forestales y la policía. El gobierno sigue reprimiendo a quienes salen a luchar. Por eso es necesario retomar el camino de la lucha y la movilización”

Por su parte Hector Llaitul, vocero de la CAM plantea la tesis de una ejecución, dada las características de los impactos de bala que el joven weichafe tenía en su cabeza.

Además, 17 constituyentes de pueblo originarios con Elisa Loncon a la cabeza, firmaron una declaración donde condenan la muerte de Pablo Marchant y le piden al Gobierno y al parlamento “una investigación objetiva de los hechos", además plantean la necesidad de establecer condiciones que privilegien el “diálogo político". Pero ¿qué podría significar el “diálogo político” en estas condiciones? ¿Cómo podríamos garantizar la “objetividad” de un gobierno y un Estado antimapuche? ¿Ese es el atolladero en el que piensan encontrar la salida a este problema estructural? Pedirle a los responsables políticos de los crímenes que hagan una “investigación objetiva” es absolutamente infértil tanto política como judicialmente.

Sin embargo las condiciones para ese supuesto “diálogo” que todos los gobiernos tanto de la derecha como de la ex concertación establecieron, fueron de la defensa acérrima de la propiedad de las forestales,es decir, el respaldo a la usurpación y militarización de los territorios. Recordemos que no solo Piñera en su segundo gobierno además de Pablo Marchan, también asesinó a un peñi como Camilo Catrillanca, sino que durante el primer gobierno de Bachelet fueron asesinados por fuerzas especiales el weichafe Matias Catrileo y el obrero forestal Rodrigo Cisterna.

Además en el segundo gobierno de Bachelet y la “Nueva mayoría” fue asesinado el obrero minero Nelson Quichillao, gobierno del cual también “orgullosamente” formaba parte el partido de Jadue, (PC). Cuestión que con un mínimo de decencia más que orgullo, debiera darles vergüenza.

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Por su parte, las declaraciones de Narváez, la candidata presidencial de Bachelet y sus amigotes del PS y el PPD, donde exige al gobierno de Piñera “terminar con la militarización en el wallmapu” y expresa su apoyo a la “demanda histórica de verdad y nuevo trato”. Demuestra lo sinvergüenzas y calculadores que son, lo primero por ser cómplice durante años de lo mismo que hoy sale a repudiar y lo segundo porque sabe que por la situación política del país no puede quedar pegada a la derecha si es que aspira a competir en la presidencial.

Ademas los “simbolismos” de la convención, como los homenajes de Elisa Loncon a Fabiola Campillai y Luisa Toledo, 2 victimas del terrorismo del Estado Chileno, o la petición al al parlamento y al gobierno de aprobación de la ley de indulto para el caso de los presos políticos, ha quedado absolutamente demostrado que no sirven para enfrentar a los poderes que están detrás de cada acto de esta naturaleza y a su vez demuestra el carácter de absoluta subordinación política que posee la convención respecto al gobierno, congreso y poder judicial, lo que hará que tarde o temprano las expectativas de transformación social que las masas obreras y populares tienen puestas ahí, terminen chocando con la realidad, es decir, con una institución parida por el propio régimen político de los “30 años” para salvarse el pellejo, no para satisfacer las necesidades del pueblo, ni para cumplir las reales demandas históricas del pueblo mapuche: Recuperación territorial y autodeterminación nacional.






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