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¿Qué hay detrás de los anuncios de Maduro sobre PDVSA?

El presidente venezolano hizo nuevos anuncios sobre la industria petrolera y PDVSA. Declaró una “emergencia energética” y anunció la creación de una comisión presidencial para reestructurar esa industria.

Milton D'León

Caracas @MiltonDLeon

Viernes 21 de febrero | 23:20

El anuncio se produjo un día después de que Estados Unidos sancionara a Rosneft Trading, una unidad de la petrolera estatal rusa Rosneft, que se ha convertido en un importante intermediario para el crudo venezolano desde que Donald Trump sancionara a PDVSA, buscando quebrar la espina dorsal de la economía y aumentar el colapso económico ya existente, para forzar así las condiciones para una caída de Maduro.

Además de Rosneft Estados Unidos ha hecho alusión a la española Repsol y por la vía indirecta busca intimidar a otras petroleras. No obstante, hasta el momento la Casa Blanca no ha impuesto ninguna restricción a la estadounidense Chevron y otras firmas petroleras de este país que hacen negocios con Venezuela. Es la doble cara del imperialismo yanqui que sanciona pero garantiza sus intereses.

En su alocución Maduro habló de “reestructurar” PDVSA. "Estoy firmando un decreto para declarar una emergencia energética en la industria de los hidrocarburos para adoptar las medidas necesarias y urgentes para garantizar la seguridad energética nacional y proteger a la industria de la agresión imperialista", sostuvo.

Aunque la agresión imperialista existe y es real, aumentando el cerco sobre PDVSA, llegando incluso a incautar Estados Unidos la importante empresa Citgo, valorada en más de 13 mil millones de dólares, acrecentando los problemas de la corporación estatal venezolana, la crisis de la industria petrolera ya viene de antes, justamente porque el Gobierno no tomó acciones elementales de soberanía nacional cuando la crisis estaba en sus comienzos. En ese entonces, con la caída de los precios del petróleo que secó los recursos del Estado, el Gobierno tomó la decisión “soberana” de pagar miles de millones de dólares en concepto de deuda externa y no tuvo la menor política para obligar a la repatriación de capitales fugados. Peor aún, dio continuidad a la política que permitía ese desfalco a la nación.

En medio de esa sequía, no le cerró el chorro al capital financiero internacional ni a los capitalistas nacionales que fugaban divisas. Fue un desangramiento del país, pues priorizándose el pago a los grandes buitres internacionales se empeñaron activos extraterritoriales de la nación como la propia Citgo, se comprometió producción petrolera para pagar deudas con países como China, se procedió a vender partes de la reservas en oro, se abrió el territorio al saqueo depredador del Arco Minero del Orinoco, las reservas internacionales descendieron a mínimos históricos, en fin, una verdadera sangría de recursos que podían haber sido destinados a evitar que la industria se viniera a pique y sobre todo que el pueblo sufriera las más grandes calamidades.

Ahora, Maduro tiene el descaro de anunciar una “emergencia energética” y de “proteger la industria”, justo cuando ya está quebrada y están llevando a cabo todo un proceso privatizador de la misma, en uno de los más descarados entreguismos en la historia reciente del país.

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Maduro habla incluso de establecer una meta para que Venezuela aumente la producción de crudo a 2 millones de barriles por día este año, más del doble de los niveles actuales, cuando se sabe que para remontar eso se necesita ingentes inyecciones económicas. En el supuesto negado de alcanzar esas cifras, no estarán bajo el control del país sino de las grandes transnacionales rusas, estadounidenses, chinas, españolas, francesas y de otras latitudes que se están haciendo la fiesta en el proceso privatizador de Maduro.

Cuando se la pasó años y años hablando de que la crisis era producto de una “guerra económica”, para esconder su responsabilidad en la debacle, ahora sale a decir “Las sanciones, el bloqueo, no aceptaré más excusas”, como si éstas no tuvieran realmente un peso importante en las dificultades para reactivar la industria. Más aún cuando recién la mano imperial de los Estados Unidos ha sancionado a Rosneft y otras empresas temen estar en la lista del Departamento del Tesoro.

En verdad, no pasan más que de palabras vagas, de una burocracia corrupta, acostumbrada a planes burocráticos que, así como son anunciados un día son desechados al otro, destinados al fracaso pues no se basan siquiera en algún tipo de planificación. Son los de la política del “Dios proveerá”.

Una reestructuración en consonancia con el curso de privatización de la industria petrolera

Con respecto a la comisión anunciada, Maduro afirmó que “Esta comisión presidencial será plenipotenciaria. Con esto le daremos el poder a los trabajadores. Son mis decisiones y las aplicaré a trocha y mocha, lo asumo personalmente”. Que la comisión tendría "poder completo para los cambios, transformaciones y defensa integral de toda la industria petrolera de la A a la Z". Agregando que “La comisión tendrá el poder del Estado para entrarle con todo. Si faltara algo aquí estoy yo para firmar lo que haya que firmar”, sentenció en cadena nacional de radio y televisión. ¿Pero qué significan estas afirmaciones?

Veamos. Dicha comisión “plenipotenciaria” estará dirigida por el vicepresidente del Área Económica, Tareck El Aissami y Asdrúbal Chávez, quien se desempeñó como presidente de Citgo, filial de la petrolera venezolana en Estados Unidos, además de otros altos representantes militares, integrantes de diversos ministerios y representantes de la burocracia sindical.

Aunque todos estos cambios pueden estar implicando movimientos o desplazamientos de sectores de la burocracia estatal del chavismo en el poder, como por ejemplo la llegada de Tarek El Aissami y Asdrúbal Chávez al control de hecho de PDVSA, al definirse esta comisión como “plenipotenciaria”, que tendrá “el poder completo” y el “poder del Estado”, puede estar apuntando también a garantizar un mejor control de PDVSA y la industria petrolera en el proceso de “apertura” que se está llevando a cabo.

En otras palabras, con “plenos poderes” tal comisión estaría desvinculada en cierta forma del Ministerio del Petróleo, que es desde donde se decidían los rumbos de PDVSA y sus planes, y en tal sentido se movería “plenipotenciariamente” (con pleno poder de Estado) con capacidad, seguramente, de saltarse incluso la propia Ley de Hidrocarburos aún vigente, que en los hechos es lo viene haciendo el Ejecutivo Nacional con Maduro al frente. No sería extraño que Maduro, amparándose en el control del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y los acuerdos con la Asamblea Nacional que preside Luis Parra, y con el trasfondo de la trucha Asamblea Nacional Constituyente, emita nuevos decretos para darle forma “jurídica” a esos “plenos poderes” o directamente modificando la propia Ley de Hidrocarburos.

Es decir, pasar a una cierta forma de manejo de la industria petrolera al estilo de la que preconizaban los aperturistas de los 90, donde PDVSA se rigiera ella misma para sus negocios, priorizando su “autonomía” como empresa. Aunque claro, aquí bajo el control de un sector de la alta burocracia estatal chavista, que busca su sobrevida y con intereses materiales propios –es un "secreto a voces" la existencia de negocios petroleros donde altos burócratas o sus allegados son ahora propietarios privados–, que permita saltar formalidades de la etapa anterior en el actual curso petrolero que se está llevando en el país.

Con garrote y con mazo dándole duro a los trabajadores petroleros

En su cínico discurso, Maduro habló de restituir “los derechos de los trabajadores y las condiciones de trabajo. Deben volver los comedores, garantizar la estabilidad contractual, para avanzar en lo productivo y elevar la producción petrolera”. Si la situación que viven los trabajadores no fuera trágica, estas afirmaciones serían dignas del mayor premio de la desfachatez y el cinismo único en la historia. Claro, para aplaudir semejante desvergüenza tuvo a sus pies a la burocracia sindical de la federación petrolera que le es afín y que ha venido llevando a cabo un control burocrático, anulando toda voz disidente en la Futpv, incluyendo jubilaciones forzosas de dirigentes sindicales, como el caso de José Bodas, secretario general de esa federación.

Es que la avanzada represiva del Gobierno de Maduro contra los petroleros, mediante la actuación de los servicios de inteligencia y contrainteligencia militar, para doblegar la voz de los trabajadores ha sido inédita.

Si el nivel de los padecimientos del pueblo trabajador continúa en aumento producto de la brutal crisis económica y social del país, también lo es la represión del Estado con los cuerpos de seguridad, grupos parapoliciales y sobre todo usando los servicios de inteligencia estatales como la Contrainteligencia Militar (DGCIM). Y justamente es en el sector petrolero donde más ha venido actuando la fuerza militar, donde ya no solo es la represión en la calle, sino que estos organismos actúan dentro de la propia empresa actuando mano a mano con la represiva Guardia Nacional.

Hay una persecución policial-militar que se ha desatado contra trabajadores petroleros organizadores de asambleas obreras, llegando a niveles en que trabajadores petroleros y dirigentes sindicales son detenidos dentro de la propia empresa por el simple hecho de convocar asambleas. Así como aconteció a finales de enero en la Refinería El Palito, estado Carabobo, o con los dirigentes sindicales detenidos en las áreas de la industria petrolera del estado Zulia.

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Por todo esto, no hay que llamarse a engaños con todos los anuncios de Maduro, sobre todo cuando se refiere al sector petrolero. Durante el 2017, Maduro habló también de cambios en PDVSA, y en cada discurso la cantinela de siempre sobre “la recuperación de la industria petrolera”, y era justo en el momento que el curso aperturista comenzaba a tener forma. A finales de enero del 2017 nombraba nueva junta directiva de PDVSA destacándose el avance de la presencia militar, mantenía a Eulogio Del Pino –período en el que comenzó el curso privatizador– pero sustituía a los vicepresidentes en las áreas de Exploración, Refinación, Comercio y Finanzas, y además amplió la junta directiva instaurando una nueva Vicepresidencia ejecutiva al mando de la vicealmirante Maribel Parra, afirmando “que PDVSA vuelva a ser una gran palanca de desarrollo, de inversión, de crecimiento, de diversificación de la vida económica del país”, justo cuando PDVSA acentuaba su crisis.

Para noviembre del 2017 nombraba al mayor general Manuel Salvador Fernández Quevedo como nuevo ministro de Petróleo y presidente de PDVSA, reforzando la presencia de militares en la industria petrolera, también con el discurso de la “recuperación de la industria” y cuando más se desbarrancó llegando a niveles de hace 80 años, y el ciclo entreguista a las transnacionales avanzaba a ritmo redoblado.

Estamos ante un nuevo anuncio de “recuperación”, en el que el curso entreguista es más abierto, volviendo a los esquemas de la apertura neoliberal de los 90’s, con el agravante de exonerar de impuestos a los pulpos petroleros y, como parte necesaria de ese plan reaccionario, aplicar mano de hierro contra los trabajadores que se organizan y claman por mejores salarios porque los actuales son de hambre, y por mejores condiciones de trabajo. Las grandes transnacionales, tanto de “Occidente” como de “Oriente”, aunque con las respectivas pugnas geopolíticas de sus Estados, con toda seguridad estarán agradecidas del aperturismo de Maduro y la mano dura contra los trabajadores petroleros, para garantizar un costo laboral irrisorio, el más barato que ninguno de estos pulpos obtendrá hoy en ningún otro país.

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