Boletín N°2. ¿Qué tenemos que decir las y los trabajadores sobre el proceso de acreditación de la UTA?

Durante las últimas semanas en la Universidad se ha llevado adelante el proceso de acreditación, el cual tiene como objetivo evaluar el cumplimiento del “proyecto corporativo” y los estándares de calidad a distintos niveles de las instituciones de educación superior. Para esto, la propia institución, realiza una autoevaluación sumamente exhaustiva, seguida por visitas de pares evaluadores, quienes emiten un informe con observaciones que es revisado por la comisión, la cual dictamina si la institución está acreditada, y por cuántos años.

Es en medio de este contexto que las autoridades de la universidad que ante el proceso de acreditación han mantenido el discurso de una institución solvente económicamente, funcionamiento óptimo y de mucho desarrollo. Han sido semanas de lavado de imagen, adoctrinamiento y vendiendo el cuento de la unidad, de que todos debemos remar hacia un mismo lado y que finalmente todos nos veremos beneficiados si la universidad logra la acreditación por siete años, como se lo propuso Emilio Rodriguez.

¿Sus aspiraciones son las nuestras? ¿Tenemos los mismos intereses? El principal interés de las autoridades es mantener el negocio del cual se han beneficiado por años para seguir administrando la institución a costa de las condiciones de vida de trabajadores y estudiantes. Las y los trabajadores queremos mantener nuestros puestos de trabajo, porque entendemos que en momentos de crisis somos los trabajadores los primeros afectados, nos volvemos desechables.

Si bien las autoridades se jactan de mantener en pie la universidad pese a los escasos recursos que llegan desde el Estado, esto no es ningún mérito si es a costa de los trabajadores, quienes de alguna forma pagan las consecuencias de los recortes de recursos que se destinan a educación superior en medio de una crisis económica donde los sueldos no alcanzan. El negarse el reajuste del 12% es parte de esto, porque golpea nuestras vidas y las de nuestras familias. De fondo no buscan acabar con el negocio de la educación, ya que se benefician de este, por esto autoridades y trabajadores no estamos desde la misma vereda.

Incluso las condiciones laborales, son todo lo contrario a lo que buscan instalar. Buscan naturalizar la precarización. Desde la infraestructura, hasta los problemas de salud mental. No es casualidad que en el último mes a causa de la acreditación se hayan realizado numerosos arreglos dentro del Campus Saucache, como pavimento del aulario C, pintado de fachada, mantención en rampas proyectando inclusión, entre otros arreglos. No caben dudas que la universidad quiere proyectar una imagen impecable frente a este proceso, pero tendrán que pasar 5 o 7 años más para que nuevamente se vuelva a realizar mantención de los diferentes campus y espacios que siempre deberían estar en óptimas condiciones para sus alumnos y trabajadores.

Si bien esto se puede ver como un “avance” no hay que invisibilizar las condiciones en las que trabajamos y menos la salud mental de los trabajadores que ha empeorado, producto de extensas jornadas de trabajo, sobrecarga laboral especialmente en algunas unidades en las cuales trabajadores se encuentran con licencia médica, jubilan o los cambian de unidad, donde no busca reemplazo para ellos asumiendo la carga laboral entre ellos. Parte de esto es la inestabilidad laboral a la que nos enfrentamos y el hacer malabares para llegar a fin de mes con sueldos que no alcanzan.

Porque la UTA no es un oasis en medio de un país en crisis como lo plantea el Rector. Buscan instalar que debemos “agradecer” por las condiciones en las que están, ya que por la crisis económica que vive el país podrían estar peor, es decir, nos piden agradezcamos las migajas, que nos resignemos y nos conformemos con lo mínimo.

Es necesario abrir un mayor cuestionamiento al proceso de acreditación, donde se deben cumplir ciertos “requisitos” pero que son bajo estándares educación de mercado, que en ningún caso va en beneficio de trabajadores y estudiantes. Para que realmente la institución avance en beneficio de todos debe ser la comunidad educativa quienes puedan discutir y decidir democráticamente sobre el rumbo de la universidad. Los recursos para educación no deben depender de un proceso de acreditación, está debe ser financiada por el Estado.

Hoy en medio del proceso constitucional en curso, es necesario preguntarnos si este resolverá realmente los problemas que atraviesa la educación, que golpea a trabajadores y estudiantes. Este proceso es un nuevo fraude antidemocrático, hecho a espaldas de las grandes mayorías y que busca perpetuar la herencia de la dictadura. Buscan mantener las pésimas condiciones de vida y los mínimos derechos, salvaguardando los intereses de los grandes empresarios. Es necesario que como trabajadores nos organicemos y enfrentemos cualquier ataque a nuestras condiciones de vida. No tenemos porqué ir siempre detrás de lo menos malo y vivir en la medida de lo posible, las y los trabajadores podemos construir nuestro propio camino, para no solo acabar con las condiciones laborales que se nos ofrecen, si no para acabar con la precarización de la vida misma.